Perú explosivo

Perú ha entrado en un laberinto peligroso. La brecha entre los peruanos y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte es cada vez mayor. La oleada de protestas que desató el autogolpe fallido de Pedro Castillo suma ya 46 muertos en zonas rurales a causa de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La indolencia del nuevo Ejecutivo, embarcado en una huida hacia adelante con destino incierto, y el uso desproporcionado de la fuerza han exacerbado el desencanto hacia los gobernantes y desatado un clamor internacional para que cese la represión policial. La Fiscalía de la nación ha iniciado una investigación preliminar contra la presidenta y varios de sus ministros como responsables de las muertes y los centenares de heridos causados por una desmedida represión de las protestas en distintas zonas del país, la última de ellas, Cuzco, la más turística de Perú.

Las movilizaciones se calmaron durante las fiestas navideñas pero han rebrotado con fuerza este enero. Y los pronósticos son que se mantengan por largo tiempo. Los peruanos arrastran una década de graves fracasos políticos a los que se suma el descontento de gran parte del país, que se siente ignorado por el centralismo de Lima. Es en los territorios andinos del interior donde las manifestaciones han sido más numerosas y donde se han registrado todas las muertes: 18 de ellas solo el pasado lunes en Puno. También se ha sabido que el nuevo Gobierno suscribió dos contratos el 20 y el 27 de diciembre para comprar 31.615 cartuchos y granadas de bombas lacrimógenas, lo que da una idea del plan de contención previsto ante las marchas.

La llegada de Pedro Castillo a la presidencia en 2021 generó una oleada de entusiasmo, sobre todo en las regiones más pobres y olvidadas de Perú. Su caída, debida al autogolpe del 7 de diciembre, que acabó con él en prisión, encendió la mecha de las protestas que ya se han extendido por todo el país. Es tarea del Gobierno que reemplazó al de Castillo buscar una salida a este conflicto. Y eso implica ir más allá de la represión o de encastillarse en la capital, dando la espalda al resto del país.

Muchos peruanos, como reflejo de un malestar creciente, exigen la salida de Boluarte, e incluso de todos los parlamentarios, a los que identifican con una élite ensimismada en sus privilegios y abstraída en Lima. El Congreso, sin embargo, fijó las elecciones para abril de 2024, alejando más de un año una solución electoral a un conflicto que no hace sino agravarse. Es hora de que el Ejecutivo cambie su política, se replantee la fecha de los comicios y suprima cualquier exceso en la represión de las protestas. La senda recorrida hasta ahora hace temer un mayor derramamiento de sangre y una evolución enormemente peligrosa de la crisis. Evitarlo debe ser la principal premisa del Gobierno peruano.