Las protestas arrecian en Perú en respuesta a la violencia y a la represión policial

La jornada comenzó con 18 féretros apostados en los exteriores del hospital Carlos Monge Medrano, en Juliaca, en la provincia de San Román, en el sur de Perú. En medio del horror por las muertes de los manifestantes del fatídico 9 de enero afloró la solidaridad. Un grupo de funerarias donó ataúdes para que los familiares pudieran despedir a los suyos con dignidad. No es casual que alguna de ellas lleve por nombre Luz Divina. Aquel acto de humanidad ha brillado como un resplandor frente a la indolencia que sufre el país andino desde que estallaron las protestas tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo, hoy en prisión preventiva.

A esa misma hora, en Lima, esa ciudad tan distante del país, los ministros del Gobierno de Dina Boluarte, encabezados por el primer ministro Alberto Otárola, llegaban al Congreso de la República en autobuses y con escolta para pedir el voto de confianza, ese mecanismo constitucional a través del cual un gabinete ministerial adquiere legitimidad frente a los otros poderes del Estado. La ex primera ministra Mirtha Vásquez calificó de indolente el hecho de no suspender el acto con 46 muertes a cuestas: “Como si la muerte de peruanos en Puno no tuviera ningún valor; con total indolencia, el Congreso decide seguir con el pleno de manera normal para tratar incluso el voto de confianza a favor del Ejecutivo. Un congreso de espaldas y en contra de la dignidad de un pueblo”.

Mientras tanto, en el resto de Perú arreciaban las movilizaciones y concentraciones en 31 provincias de 12 regiones en respuesta a la violencia y a la represión que el lunes dejaron 18 muertos. La más embravecida: la región de Cuzco, vecina de Puno, la más golpeada por los abusos de las fuerzas de seguridad. Ciudadanos de las provincias de Canchis, Canas, Acompayo y Quispicanchi se concentraron en la capital de Cuzco para exigir la renuncia de Boluarte, una presidenta que puede contar más muertos que días de gobierno: 46 en 33 jornadas.

Por la tarde, el Ejecutivo declaró duelo nacional este miércoles 11 de enero por las víctimas de las protestas. Pero en lugar de reconocer su responsabilidad política y bajar el tono de su discurso de enfrentamiento, el primer ministro Otárola dejó claro que no están dispuestos a ceder ante las movilizaciones. “No vamos a permitir que esta asonada llegue a Lima y debilite al Gobierno”, afirmó. Su exposición ante el pleno del Congreso sucedió de manera atropellada: recibió silbidos, junto a sus ministros, procedentes de las bancadas de izquierda, motivo por el cual la sesión se postergó algunas horas.

El Gobierno regional de Puno, al mismo tiempo, declaró personas no gratas a Boluarte, al propio Otárola; así como a los ministros del Interior, Víctor Rojas; Defensa, José Luis Chávez. Y también al general de la Policía Nacional de Puno, Pablo Villanueva Yana; y al general de la Brigada del Ejército en Puno, Manuel Alarcón.

Este martes también las autoridades informaron de la muerte del suboficial de segunda José Luis Soncco Quispe, de 29 años. El Ministerio del Interior reportó que la patrulla formada por Soncco y otro agente fue atacada por un grupo de manifestantes en la urbanización Tambopata, en Puno. La turba le prendió fuego al vehículo. Según las investigaciones, uno de los suboficiales pudo escapar, mientras que Soncco murió carbonizado. Debido a la convulsión por este suceso, se ha decretado inmovilización social obligatoria, toque de queda en Puno por tres días, que comenzó este martes entre las ocho de la tarde y las cuatro de la madrugada.

Mientras tanto, la condena internacional se suma a la actuación de la justicia peruana. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Perú manifestó su inquietud en un pronunciamiento: “Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en el Perú (...) Reiteramos nuestro llamado para que las fuerzas de seguridad cumplan las normas de derechos humanos y garanticen que solo se hace uso de la fuerza cuando es estrictamente necesario y, en tal caso, respetando plenamente los principios de legalidad, precaución y proporcionalidad”. En sintonía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que volverá a visitar Perú entre el miércoles y el viernes de esta semana.

Al final del día, la Fiscalía de la Nación formalizó la investigación contra la presidenta, Dina Boluarte; y los ministros involucrados en el conflicto: el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez. A ellos se suman el fugaz expremier Pedro Angulo y el exministro del Interior César Cervantes. Todos ellos son investigados por “los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las 46 muertes y cientos de heridos en las protestas de diciembre y enero.

Después de cinco horas de debate, a altas horas de la noche, el pleno del Congreso aprobó la cuestión de confianza al gabinete presidido por Alberto Otárola. Se requería mayoría simple, la mitad más uno de los 123 parlamentarios asistentes. Y lo lograron con 73 votos a favor, 42 en contra y seis abstenciones. Un hecho que seguirá avivando la indignación de la población.

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