La ola de violencia en Perú se traslada a la región de Cuzco

Cusco, la tierra donde los incas fundaron su imperio, es el nuevo epicentro del clamor en las calles. La región más visitada por los turistas, esa que alberga una de las Siete Maravillas del Mundo, ha sido tomada estos días por el humo tóxico de las bombas lacrimógenas y el estruendo policial que no cesa. A los choques entre manifestantes y agentes que dejó un hombre muerto el miércoles, le siguieron este jueves bloqueos en las carreteras y marchas.

La jornada del jueves ha estado presidida por el ambiente fúnebre. En la región de Puno, epicentro del movimiento, se empezó a enterrar a las 17 personas que murieron por los choques con las autoridades el lunes 9. Ese fue el día más mortífero desde que el país se levantara tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, que se dio un autogolpe poco exitoso. Su lugar lo ocupó Dina Boluarte, que precisamente es de Puno.

La violencia dejó el miércoles 23 heridos, dos de ellos por impacto de bala. La congresista Ruth Luque, quien ha denunciado penalmente a la presidenta Boluarte y a sus ministros como autores mediatos de los 48 fallecidos en las marchas del último mes, alzó la voz en las redes sociales. “Disparos indiscriminados en mi región. La gente grita desesperada pidiendo que no disparen. Este es un Gobierno que a punta de fuego y muertes ha decidido quedarse. ¡Basta!”, reclamó.

Mientras eso sucedía en Cusco, en Juliaca los féretros de los 17 manifestantes que perdieron la vida por protestar —también falleció un policía—, recibieron un multitudinario adiós. “No somos terroristas, somos juliaqueños”, fue el grito unánime. Al mediodía fueron conducidos a la plaza de Armas, donde recibieron una sentida misa. Después cada uno siguió su rumbo junto a sus familiares. Algunos fueron velados en la misma ciudad y otros fueron llevados al aeropuerto Inca Manco Cápac. Entre las víctimas se halla un interno de Medicina que fue atacado mientras auxiliaba a los heridos; un vendedor de helados que retornaba a su casa; y una menor de edad que, según su madre, había salido a comprar víveres.

Según el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, los 17 ciudadanos en Juliaca murieron por proyectiles de arma de fuego. Se ha abierto una investigación preliminar contra la presidenta y un grupo de sus ministros por homicidio calificado y lesiones graves. En ese sentido, ha trascendido que el mandato de Boluarte suscribió dos contratos el 20 y 27 de diciembre para abastecerse de 31.615 cartuchos y granadas de bombas lacrimógenas. En otras palabras, se armaron hasta los dientes.

La rabia se ha ramificado. Según la Defensoría del Pueblo, se registraron movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 41 provincias. Una cifra que equivale al 20,9% del total de provincias a nivel nacional. Se apedreó una ambulancia en Cusco y una comisaría en Tacna. Hasta el momento, se contabilizan 612 heridos desde el 7 de diciembre, cuando Boluarte sucedió en el poder a Castillo tras su fallido autogolpe, así como 290 policías con lesiones.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunirá este viernes con la Mesa Directiva del Congreso para “observar la situación de los derechos humanos”, se han anunciado movilizaciones para los próximos días en Lima, la capital; y otras regiones como La Libertad, en la costa, y Huánuco en la sierra.

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