El Congreso de Perú evita adelantar las elecciones a 2023 y las fija para abril de 2024

El tiempo en el Congreso peruano corre de forma distinta al de la calle. En un imponente hemiciclo de columnas doradas y amarillas, los 130 congresistas volvieron este martes a sentarse para debatir el adelanto de elecciones en Perú, que finalmente serán en abril de 2024, dentro de un año y medio. Fuera de allí, las protestas en el interior del país se mantienen dos semanas después de la caída de Pedro Castillo. Ya han muerto 26 personas en enfrentamientos con la policía y el ejército. Todas lejos de Lima, la capital que maneja el poder político, empresarial y económico del país. Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y nuevos comicios, pero nada de eso sucederá pronto. Los congresistas rechazaron un dictamen para celebrarlos en diciembre de 2023 y se han puesto de acuerdo en la fecha más lejana. Seguirán en sus cargos 20 meses más.

El texto que rechazaron los parlamentarios el pasado viernes planteaba elecciones en diciembre de 2023, pero solo obtuvo 49 votos. Este martes lograron 93 apoyos para hacerlas en abril de 2024. Sostienen que ese es el menor plazo posible para una preparar una nueva convocatoria electoral. Entre otras razones, más allá de los plazos legales, alegan que necesitan hacer reformas políticas para llegar a unas elecciones con mayores garantías para los ciudadanos. Así lo explica una congresista de la derecha: “Sería demasiado irresponsable cerrar este Congreso para darles las mismas condiciones y que se seleccione uno peor al que estamos finiquitando”. Uno peor que este nuestro, quería decir.

El Congreso peruano es la institución política peor valorada por los ciudadanos. Un mes antes de que Castillo ensayara públicamente un autogolpe de Estado torpe que lo ha llevado a la cárcel acusado de rebelión, el presidente contaba con más apoyo entre la ciudadanía que el parlamento. Muchos se preguntan ahora qué legitimidad tienen estos congresistas para llevar a cabo las reformas electorales que necesita el país para salir de la crisis política.

La inactividad legislativa del Congreso ha marcado el último año y medio desde las pasadas elecciones. El Parlamento se erigió desde el primer día en el primer contrapeso del presidente Castillo y la batalla entre los dos poderes ocupó todo el mandato del maestro rural. Él, que nunca logró un Gobierno estable y fue acumulando denuncias de corrupción, vivía atormentado por las mociones de censura. La tarde que anunció el autogolpe debía enfrentarse a la tercera. Para muchos de sus seguidores, Castillo es solo una víctima de un Congreso corrupto; para otros, el presidente y los parlamentarios son igual de responsables del último fracaso político de Perú. “Están burlándose del pueblo”, dice Lizzy Díaz, que estos días ha salidos a las calles de Lima a protestar.

La tensión política ha seguido en aumento. La nueva presidenta, Dina Boluarte, que asumió el cargo con la idea de gobernar hasta 2026, cuando debía terminar el mandato de Castillo, ya llama al suyo “Gobierno de transición”. En medio de las protestas y la violencia, Boluarte decretó un estado de emergencia de 30 días e impuso toque de queda en 15 regiones. Las muertes, sobre todo de jóvenes, han seguido creciendo. La presidenta exigió a los congresistas el adelanto electoral, pero no estaba en su mano conseguirlo. “No sean ciegos”, les increpó esta semana.

Si los peruanos van a las urnas en abril de 2024, el nuevo Congreso y el presidente asumirían el cargo en julio de ese año, dentro de 20 meses. El politólogo Fernando Tuesta piensa que los congresistas se han visto obligados a discutir el tema por la presión de la calle, pero lo hacen “entre intereses y una resistencia a no hacer el adelanto”. En Perú no existe la reelección al Congreso -ni a ninguna otra institución- lo que obliga a irse a los 130 parlamentarios y explica, en parte, su resistencia a cerrar un mandato antes de tiempo. Pero el clamor ha sido demasiado fuerte. El 83% de los peruanos quieren un adelanto, según la última encuesta del Instituto Peruano de Economía.

Mientras los congresistas se felicitaban por haberse puesto de acuerdo, las protestas y los bloqueos de carreteras se mantienen en varias regiones del sur del país. Las familias han comenzado a enterrar a sus muertos y exigen justicia. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega este martes al país para analizar la crisis social y política. En la agenda, está la visita a Ayacucho, donde el pasado jueves murieron nueve personas en la violenta represión del Ejército. Allí, tan lejos del Congreso, los ciudadanos volvieron a demandar este martes la única idea que une al país: “Que se vayan todos”.

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