Perú sin paz

Perú ha salido de una crisis para entrar en otra. Si el intento de autogolpe de Pedro Castillo se resolvió en menos de tres horas con su destitución por parte del Congreso y posterior detención, la gestión de lo que ha venido después ha sumido al país andino en una etapa de inestabilidad acelerada que ha pasado ya por episodios tan críticos como la destitución por parte de la nueva presidenta Dina Boluarte del jefe del Ejecutivo que había nombrado hace tan solo unos días. Las protestas que se encendieron en las zonas rurales del sur y los bloqueos de carreteras han dejado ya 26 muertos en poco más de una semana, buena parte de ellos por acciones policiales. Las movilizaciones han logrado forzar el adelanto de la convocatoria de elecciones, pero no el objetivo que buscaban de cerrar el Congreso y celebrarlas de forma inmediata. Una vez fracasada la iniciativa de convocarlas para diciembre de 2023, el Parlamento ha aprobado que se celebren en abril de 2024, contra el criterio de la misma Boluarte y del 83% de los peruanos que querían el anticipo, según la última encuesta del Instituto Peruano de Economía. El contexto sigue siendo dramático y la represión policial y de las Fuerzas Armadas ha despertado los fantasmas del pasado reciente, trayendo a la memoria incluso los peores abusos de Alberto Fujimori.

La presidenta que sustituyó a Castillo, Dina Boluarte, encabeza un Gobierno que no salió de las urnas y su prioridad no puede ser otra que pilotar una transición, como ella misma ha acabado reconociendo. Boluarte es una alta funcionaria del Registro que ejerció durante el último año y medio como vicepresidenta, con un perfil muy bajo. Inicialmente juró su cargo hasta 2026, pero tras el adelanto electoral tendrá menos tiempo para gobernar. Mientras el nuevo Gabinete y el Congreso, sin un proyecto de fondo, están sumergidos en debates técnicos y legalistas sobre los próximos comicios, en las provincias mueren manifestantes a diario. La desconexión de la mandataria con esa realidad trágica, pese a declarar el estado de emergencia nacional, es un reflejo de la distancia abismal que existe entre Lima y el Perú rural. Y es a la postre una actitud que lastra a toda la clase política con el poder legislativo, la institución más desprestigiada del país, a la cabeza.

El intento de golpe de Pedro Castillo fue la peor salida posible a la situación del último año y medio en el que el presidente ha vivido una confrontación crónica y estéril entre su voluntad legislativa y el propio Parlamento. El exmandatario, acusado de rebelión y conspiración, permanecerá en prisión preventiva al menos 18 meses. Pero su mero juicio, que debe celebrarse con todas las garantías, no dará solución a los graves problemas que atraviesa Perú. El nuevo Gobierno necesita poner freno de forma urgente al caos en el que se está sumiendo el país y evitar los abusos contra la población civil. Es necesario que el Ejecutivo intente desplegar un proyecto progresista acorde con los deseos del electorado expresados en los pasados comicios, y evite reforzar, por la vía de cometer nuevos errores, inquietantes alternativas populistas y de ultraderecha. Solo a través del diálogo y los acuerdos, Perú podrá afrontar la salida de la crisis, perdida la oportunidad de acelerar de forma urgente la convocatoria electoral sin razones demasiado claras.