EDITORIAL
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El precio de los medicamentos

La transparencia y el interés público deben prevalecer en la fijación del coste de los fármacos del Sistema Nacional de Salud

Un laboratorio de cultivo de muestras derivadas de pacientes con cáncer del Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Un laboratorio de cultivo de muestras derivadas de pacientes con cáncer del Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.Massimiliano Minocri

Tres relevantes farmacéuticas (MSD, AstraZeneca y Sanofi) no presentaron ninguna oferta para cinco tratamientos oncológicos en la última reunión de la comisión interministerial que fija los precios de los medicamentos en el sistema de salud pública. Se celebró en julio y los resultados se han conocido ahora. La decisión de las compañías implica un retraso en la llegada de estos fármacos a los hospitales, y muestra de nuevo que las discrepancias entre las farmacéuticas y los responsables sanitarios a la hora de negociar los precios están detrás de muchos retrasos. En los últimos años, estas divergencias se han centrado en los nuevos tratamientos contra el cáncer y las enfermedades raras, dos ámbitos en los que, por la gravedad de las dolencias, es importante que las novedades terapéuticas se incorporen con rapidez.

La industria se ha quejado de forma repetida de que el Sistema Nacional de Salud dispone de menos fármacos que los países de referencia en Europa y que los incorpora más tarde. Dos informes de Sanidad publicados este año, relativos a dichos ámbitos, precisan, sin embargo, que las empresas tardan 147 días de media, según un informe, y 288, según el otro, en presentar su primera oferta de precio al ministerio desde que el medicamento recibe la autorización europea.

Es necesario compatibilizar tanto la sostenibilidad del sistema sanitario como el acceso de los pacientes a las nuevas terapias con el legítimo interés de las empresas por ver compensadas con precios razonables sus investigaciones e innovaciones. Pero sería inadmisible que la demora en la aprobación se debiera a maniobras destinadas a obtener un precio más alto, por ejemplo, o pendientes de la fijación del coste en países con presupuestos más elevados.

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El sistema ha entrado en tensión en los últimos años por la incorporación de medicamentos cada vez más caros. La factura en terapias oncológicas subió más de un 94% entre 2016 y 2021, mientras que el coste de las medicinas para enfermedades raras creció un 66%, según Sanidad, incrementos muy superiores a los del resto de grupos terapéuticos. En los hospitales, donde ambas partidas representan ya casi la mitad del gasto, el consumo de fármacos contra el cáncer ha crecido un 106% en los últimos cinco años. Este aumento no ha ido de la mano de una mejora terapéutica equivalente. Un estudio de la agencia de calidad y evaluación de Alemania concluye que más de la mitad de los tratamientos innovadores financiados no aportan mejoras relevantes; de ahí que esté justificada una evaluación rigurosa de su eficacia real.

Sanidad ha desarrollado varios mecanismos para contener el gasto y mantiene una posición negociadora firme con la industria. Se apoya en hechos como que España es un mercado grande pero de renta media y no puede pagar lo mismo que los países más ricos de Europa, y en ser muy estrictos en la evaluación de las mejoras que dicen aportar. En todo caso, sería deseable un enfoque unitario europeo que permita simplificar el proceso de aprobación en cada país y acotar márgenes razonables para una industria que presiona para que los sistemas públicos de salud incorporen tratamientos más caros.

Expertos y sociedades médicas reclaman acelerar la entrada de nuevos medicamentos de la mano de una mayor transparencia sobre los procesos de decisión y financiación. Esa misma transparencia debería extenderse a los contratos entre gobiernos y farmacéuticas, demasiado opacos para unas medicinas pagadas por los presupuestos sanitarios y cuyo desarrollo, en buena parte, también depende de hospitales públicos.


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