Completar la rectificación

En el lustro transcurrido desde el referéndum ilegal para la secesión del 1-O de 2017, Cataluña ha registrado cierta normalización, más visible en los dos últimos años. El desgarro político y social producto de las estrategias divisorias de enfrentamiento propiciadas por la dirigencia secesionista (a veces ocasionadas por episodios centralistas), el vaciado de centros de decisión empresarial, así como un estancamiento y retroceso relativo económico en comparación con otras comunidades son pantallas en parte pasadas. Cataluña ha dejado de ser un drama. Es de ley reconocerlo así y valorar como algo positivo los esfuerzos dialogantes y realistas desplegados para conseguirlo por parte de la ciudadanía y de distintos actores públicos, catalanes y de otros lugares de España.

Pero conviene no llamarse a engaño. El escenario no es aún completamente normal. La necesaria rectificación de las élites políticas (sobre todo catalanas, pero no solo), en quienes recae la responsabilidad, es incompleta. Y mientras no se produzca, ni los catalanes culminarán su reconciliación interna ni recuperarán el dinamismo económico y el liderazgo en distintos campos que tanto contribuyeron a su bienestar y a la modernización de España. Hasta entonces, jugarán en desventaja, y todo el país seguirá privado de buena parte de su capacidad de impulso.

Un buen termómetro del momento es la cuestión de la fuga de empresas provocada por la tentativa secesionista del 1-O. Más precisamente, de sus sedes sociales, seguida de un discreto desplazamiento de sus departamentos más dinámicos. Esa secuencia se ha ralentizado mucho en lo que se refiere a la salida de las empresas. Pero permanece el artificioso efecto de atracción —regulatorio— que genera el Gobierno autónomo madrileño del PP, cuya distorsionadora competencia fiscal erosiona la cohesión del mercado interior español y, al cabo, su unidad.

La propuesta del Ejecutivo andaluz, del mismo partido, con su tosca invitación a reiniciar el proceso de fugas, puede acabar contrariando los intereses del PP y su pretensión de atraerse a las clases altas y medias catalanas, que están tan o más irritadas por el agravio que les suponen las exenciones a otros del Impuesto del Patrimonio (lo que significa arrostrar casi la mitad de su recaudación total en España) que por su misma existencia, que también denigran. El gravamen a las grandes fortunas cancelará al menos ese agravio y equiparará el terreno de juego para todos, aunque no sea mediante su alternativa preferida.

En todo caso, muchas empresas que se fueron a causa de la inseguridad jurídica y las malas expectativas políticas desearían volver, pero no ven suficientes garantías en el Govern ni, sobre todo, en su (todavía) socio, Junts, anclado en el unilateralismo y el desafío a la ley. Cuando su consejero de Economía, que contribuyó a financiar el procés desde el sector bancario, dice que este no ocasionó daños, no solo yerra, también aumenta la incertidumbre.

Se ha evitado un desastre mayor, inevitable de haberse mantenido el desafío, pero sus perjuicios se enquistan: esa incertidumbre empeora expectativas, la creación de empresas es más lenta, el boicoteo institucional a la jefatura del Estado (aniversario de SEAT/Volkswagen) solo daña, la pérdida de peso del PIB regional engorda a la rival Madrid, el bloqueo de iniciativas públicas acogota el crecimiento. Es lo que sucede con la ampliación del aeropuerto barcelonés, la parálisis en energías renovables, el retraso en la FP... Para contrarrestarlos urge reconstruir la confianza en todas las direcciones. Y esto exige completar la rectificación en curso.