Las colas del hambre

Tres crisis seguidas, sin tiempo ni medios para recuperarse, y una inflación galopante que ha aumentado el precio de los alimentos en agosto un 14% con respecto al año pasado están haciendo estragos en las capas de población más pobres y desprotegidas. A las llamadas colas del hambre nadie puede acostumbrarse, pero han vuelto a aumentar en Madrid y otras ciudades, con la carga de estigma que conllevan, mientras crece entre los afectados el temor a que la guerra de Ucrania conduzca a una nueva recesión y agrave aún más una situación que para ellos ya es insostenible. Las múltiples medidas de protección social del Gobierno y una alta tasa de empleo no impiden que entidades humanitarias como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos trabajen a destajo para atender peticiones de ayuda que no paran de crecer. Todas constatan un cambio significativo en el perfil de personas que no pueden garantizar su alimentación: en las colas cada vez hay más jóvenes y más hogares con niños, muchas veces a cargo de una madre sola. Si la crisis de 2008 se caracterizó por una creciente feminización de la pobreza, ahora hay que constatar un impacto cada vez mayor en niños y jóvenes con carencias materiales que afectarán sin duda a sus posibilidades de formación y desarrollo.

El hecho de que muchos de los solicitantes de ayudas sean personas ocupadas certifica que tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. La precariedad y la inestabilidad laboral, la depauperación de los salarios y el aumento del precio de los alimentos y suministros básicos, como la luz o el alquiler, han puesto a muchas familias en situación de necesidad objetiva. La última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística revela que el porcentaje de población que sufre carencias materiales severas alcanzó en 2021 un nuevo máximo histórico: el 7,3%, con lo que se ha superado el anterior máximo del 7,1% registrado en 2014 a causa de la Gran Recesión. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado, de acuerdo con los parámetros fijados por la UE, ocho décimas en un año, hasta alcanzar el 21,7% de la población. La traducción de ese porcentaje dice que en torno a 10 millones de personas viven con ingresos inferiores a 794,6 euros al mes.

El aumento de los indicadores de pobreza y exclusión refleja la persistente desigualdad como auténtico desafío social ante el que los programas de ayuda habilitados hasta ahora se quedan cortos o no alcanzan a quienes los necesitan de forma más urgente. El ingreso mínimo vital aprobado en 2020 está llegando a unos 300.000 hogares, cuando se estima que cumplen los requisitos que dan derecho a percibirlo en torno a unos 700.000. Después de tres crisis y pese a la incuestionable mejora de las políticas públicas, la pobreza sigue reclamando nuevas y más potentes estrategias para reducirla y combatir un riesgo de exclusión social, también de los jóvenes, que podría ser irreversible.