La Autoridad Fiscal estima que hay 400.000 hogares que no perciben el ingreso mínimo vital y que podrían recibirlo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha publicado su primera evaluación del ingreso mínimo vital (IMV), que garantiza un mínimo de renta según los miembros de la unidad familiar desde los 462 euros hasta los 1.015 euros. Esta prestación, que se aprobó durante la pandemia y que complementa la renta hasta llegar a esos mínimos garantizados, ha alcanzado a 284.000 hogares beneficiarios con un coste anual de 1.600 millones de euros. De las 1,5 millones de solicitudes que ha habido, se han rechazado 975.000. De estas, 410.000 se han desestimado por criterios de renta y 215.000 por la unidad de convivencia. El tiempo de tramitación se ha acelerado desde los 150 días que se necesitaban al principio hasta los 60 días que se empleaban en el segundo semestre de 2021.

A la luz de estos números, la Autoridad Fiscal sostiene que este esquema ha ayudado a reducir la pobreza. Sin embargo, el organismo detecta que puede tener mucho más recorrido: calcula con datos administrativos y de la Agencia Tributaria que los hogares beneficiarios podrían llegar a 700.000, sin tener en cuenta País Vasco y Navarra que gestionan sus propios sistemas de renta mínima y cuyas agencias forales no comparten los datos. En consecuencia, hay unas 400.000 familias que podrían recibirlo y que aún no lo han solicitado. Si estuviese totalmente desplegado, la prestación tendría un coste de 2.800 millones —3.200 millones si se incluye a País Vasco y Navarra, comunidades con las que el universo de potenciales beneficiarios sumaría 830.000 hogares—.

La ayuda solo llega, por tanto, al 40% de los posibles beneficiarios. En otros países también es habitual que haya una importante proporción de hogares que no piden la prestación a pesar de ser potencialmente elegibles según los datos administrativos. El Ministerio de Seguridad Social incluso ha enviado mensajes alertando a ciudadanos de que podrían beneficiarse del IMV e indicándoles como tramitarlo. Y en todo esto además hay que tener en cuenta que 113.000 hogares fueron conversiones automáticas que procedían de la anterior prestación por hijo a cargo.

¿Cuánto se ha reducido entonces la pobreza con el ingreso mínimo? Para ello se toma el indicador de riesgo de pobreza de la UE, que en realidad se trata de una medición de desigualdad porque considera cuánta gente hay por debajo del 40% de la mediana de la renta media, esto es 6.417 euros al año en un hogar con un adulto y que va subiendo conforme se añaden adultos o hijos. En España ese grupo asciende a unos 1,3 millones de hogares. De modo que el ingreso mínimo está cubriendo a un 20% de las familias que están por debajo de ese umbral. De haberse desarrollado de forma plena, alcanzaría el 60% de los que están en riesgo de pobreza, subraya la Airef.

Otra forma de calibrar qué efecto ha tenido es viendo cuántos hogares salen de la pobreza. El IMV no logra en ese sentido hacer mucho porque las rentas que garantiza se quedan por debajo del umbral de la pobreza: la mayor parte se encuentra entre el 30% y el 40% de la renta mediana. Solo en casos de familias monoparentales sí que se supera ligeramente ese umbral.

En cambio, si se toma cuánto se reduce la brecha respecto al 40% de la mediana, entonces sí que se estima una mejora. De implementarse con todo su potencial, reduciría la diferencia hasta la mitad, quedándose a un 20% de alcanzar los 6.400 euros tratándose de un hogar de solo un adulto. Pero como esta ayuda solo llega al 40% de los posibles beneficiarios, tan solo se recorta la intensidad de pobreza en menos de la mitad de su potencial, mejorando sobre todo en las comunidades donde las prestaciones eran bajas y con poca cobertura. Eso sí: al haber otras rentas mínimas gestionadas por las comunidades todavía hay que ver en qué medida el IMV está simplemente sustituyendo a las prestaciones que ya conceden las autonomías. La Airef calcula que de todas formas el ingreso mínimo amplía la cobertura de las comunidades en cerca de 250.000 hogares. Y de traspasarse todo del nivel autonómico a la Seguridad Social, las regiones no forales obtendrían 1.680 millones de euros que ya no tendrían que destinar a rentas mínimas.

El encaje entre la prestación autonómica y la nacional es algo que todavía tiene que ser objeto de estudio por parte de la Autoridad Fiscal y sobre lo que se precisa más información. Además, el organismo que preside Cristina Herrero propone que se especifiquen indicadores y objetivos para valorar lo que se pretende conseguir con el IMV. También defiende que se reconsidere la definición de patrimonio teniendo en cuenta la falta de liquidez del inmobiliario. Por ejemplo, en algunas autonomías se utiliza el patrimonio financiero pero no el inmobiliario.

Del mismo modo, habría que examinar otro tipo de vulnerabilidades que pudieran no estar teniéndose en consideración. Y pide analizar si está habiendo denegaciones por la unidad de convivencia que no están justificadas. La Airef ha detectado que hay más problemas de este tipo justo en las comunidades donde se aprecia una mayor movilidad, en Madrid y Canarias, y que podrían achacarse a empadronamientos que no estén debidamente actualizados.

En todo caso, la Autoridad Fiscal recomienda que se mejore la publicidad, se simplifiquen las barreras burocráticas y se reduzca el tiempo de espera para conseguir la cita presencial. El organismo no entra a valorar si algunos de los hogares que no acceden pueden hacerlo porque tengan ingresos no declarados que no quieran que se detecten. La Autoridad simplemente observa que los hogares que no toman la prestación pudiendo hacerlo en general ya cuentan con ingresos declarados: “En particular se concentra en aquellos que obtendrían un incremento de renta más limitado en el caso de ser beneficiarios del IMV”, dice el informe basado en datos administrativos. De hecho, señala que una parte importante ya recibe el subsidio de desempleo de 450 euros.

A medio plazo, la Airef aconseja que se haga una prestación que se entregue de oficio sin tener que solicitarla. La institución incluso defiende integrarlo con todas las ayudas en el IRPF y que pueda funcionar como un impuesto negativo al igual que el Earned Income Tax Credit en Estados Unidos o el Universal Credit en Reino Unido. De esta forma también se evitaría el estigma de pedirlo.

Por otra parte, la Seguridad Social engorda sus cifras de hogares hasta más de 400.000 porque añade entre los beneficiarios aquellos que ingresan el nuevo complemento por hijo, que tiene unos requisitos de renta y patrimonio bastante menos restrictivos.