La feminización de la pobreza

Hablar de feminización de la pobreza es hablar de una realidad que viene de lejos: el feminismo lleva tiempo utilizando esta expresión para connotar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales. Cuando la impresión generalizada es la de que las vidas de las mujeres están mejorando en todo el mundo, las cifras desmienten este tópico. Es un hecho verificable, por ejemplo, que en las familias del Primer y del Tercer Mundo, el reparto de la renta no sigue pautas de igualdad, sino que sus miembros acceden a un orden jerárquico de reparto presidido por criterios de género.

También es un hecho palpable el que uno de los efectos más rotundos de los programas de ajuste estructural inherentes a las políticas neoliberales es el crecimiento del trabajo gratuito de las mujeres en el hogar, resultado de los recortes de los programas sociales por parte de los gobiernos: aquellas funciones de las que el Estado abdica -salud o nutrición o educación, entre otras- vuelven a recaer en la familia. La Ley de Dependencia, de reciente creación en España, tiene como objetivo precisamente reducir algunas cargas de las cuidadoras y cuidadores de las personas dependientes en las familias, ya que el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar les impide acceder a trabajos que requieran dedicación exclusiva.

Si bien es cierto que está creciendo el segmento de mujeres que se insertan en el mercado de trabajo global, también lo es que este proceso se está realizando bajo condiciones laborales inimaginables hace sólo 30 años. Las mujeres reúnen las condiciones que pide el nuevo mercado laboral global: personas flexibles, con gran capacidad de adaptación, a las que se pueda despedir fácilmente, dispuestas a trabajar en horarios irregulares o parciales, a domicilio, etcétera. Saskia Sassen no sólo sostiene que se está feminizando la pobreza, sino que se está feminizando la supervivencia. En efecto, la producción alimenticia de subsistencia, el trabajo informal, la emigración o la prostitución son actividades económicas que han adquirido una importancia mucho mayor como opciones de supervivencia para las mujeres. Lo cierto es que las mujeres entran en las estrategias de desarrollo básicamente a través de la industria del sexo, del espectáculo y de las remesas de dinero que envían a sus países de origen. Y que éstas son las herramientas de los gobiernos para amortiguar el desempleo y la deuda externa.

La globalización, en su versión neoliberal, es un proceso que está ahondando cada vez más la brecha que separa a los pobres de los ricos. Sin embargo, no se puede desconocer que las grandes perdedoras de esta nueva política económica son las mujeres. En efecto, patriarcado y capitalismo se configuran como las dos macrorrealidades sociales que socavan los derechos de las mujeres, al propiciar la redistribución de los recursos asimétricamente, es decir, en interés de los varones.

Por eso no es de extrañar, ni tampoco es una casualidad, que uno de los lenguajes que habla el feminismo en la bisagra de los siglos XX y XXI sea el de las políticas públicas de igualdad, orientadas a reducir las desigualdades económicas y a debilitar las jerarquías. Las políticas públicas tienen una función redistribuidora en sociedades estratificadas y se manifiestan a través de acciones positivas. Este tipo de políticas sociales han vertebrado los Estados de bienestar europeos, aplicándose a diversos colectivos sociales y muy especialmente a la clase obrera: la educación, la salud y el sistema de pensiones, junto a otras políticas sociales, han sido la manifestación más explícita de una redistribución más justa de los recursos y del reconocimiento de nuevos derechos sociales para grandes sectores de la ciudadanía. Hasta la fecha no se han encontrado otras políticas que debiliten tanto la explotación económica y la subordinación social que las medidas de acción positiva. Por eso, cuando de lo que se trata es de que el Estado abandone su papel redistribuidor de recursos sociales y lo deje en manos del mercado, criticar las políticas públicas con el argumento de que tutelan a quienes van dirigidas es cuanto menos un sarcasmo.

En España hay ocho millones de pobres, de los cuales la mayoría son mujeres. Y la tendencia a la feminización de la pobreza es contrastable en los países del norte y en los de sur. Ese viejo sueño de deshacernos de la pobreza se ha convertido en una quimera. Frente a la pertinaz pobreza de las mujeres y frente a una inmigración femenina situada mayoritariamente en la prostitución, en el servicio doméstico y en otras tareas mal pagadas y definidas como nuevas clases de servidumbre, el feminismo no puede negar la necesidad de que se amplíen las políticas sociales. Lo contrario sería negar su dimensión vindicativa y emancipatoria.

Rosa Cobo es profesora de Sociología de la Universidad de A Coruña, y Luisa Posada, profesora de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.