Tribuna
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No habrá estallido en Argentina en 2022

Pese a las dimensiones del problema socioeconómico que afronta el país, los lazos de la representación siguen funcionando, considerando también las ayudas sociales y las relaciones clientelares, que dan cuenta de la presencia del Estado

ENRIQUE FLORES

La afirmación es cuando menos arriesgada en el país de la movilización permanente. Más aún si se consideran los datos de pobreza (43%, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Universidad Católica Argentina) e inflación (64%). Un combo muy propicio para el estallido. “Esto no se aguanta”, es la frase que más se escucha a pie de calle y también en los medios. ¿Por qué, entonces, no sería probable una gran revuelta, como ya pasó en 1989 y en 2001 y como viene ocurriendo en otros países de América Latina? Respuesta corta: porque en Argentina los lazos de la representación siguen funcionando, considerando también las ayudas sociales y los lazos clientelares, que dan cuenta de la presencia del Estado. Por más polémica que la afirmación pueda resultar, funcionan como un mecanismo de contención simbólica y material. Lo dicho no reduce para nada las dimensiones del problema socioeconómico que enfrenta el país. Hay más factores que sugieren que no es probable un estallido en el corto plazo, esto es, un movimiento de protesta que desborde a los partidos y las instituciones de forma generalizada como ha ocurrido en Colombia, Ecuador y Chile en 2019. En Argentina, además, las protestas de 1989 y 2001 no siguieron un mismo patrón, pero comparten una variable fundamental: los que controlan la calle estaban en la oposición; en 2022 son Gobierno.

Las protestas y saqueos ocurridos entre mayo y junio de 1989 se produjeron como con efecto dominó. La situación era insostenible por la hiperinflación (superaba el 700%), la pobreza (más del 40%), y el desempleo (el PIB cayó en casi 15 puntos, peor que durante la pandemia). Y todo esto con el país en suspensión de pagos, sin acceso a crédito, con desabastecimiento. El presidente Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) había decidido anticipar las elecciones a mayo (debían ser en octubre). Ganó Carlos Saúl Menem (Partido Justicialista), pero no asumiría hasta el 10 de diciembre, una verdadera eternidad. Aquella revuelta fue un movimiento de desborde con el saqueo y el vandalismo como formas de canalización de necesidades insatisfechas, pero tuvo también algo de orquestado, con algunos intendentes del conurbano bonaerense como artífices.

Con todo, los saqueos del 89 fueron impulsados por los sectores populares de las periferias urbanas afines ideológicamente con el peronismo. En cambio, las protestas de 2001 fueron iniciadas por las mismas bases sociales del Gobierno de Fernando de la Rúa (también de la Unión Cívica Radical), las clases medias de los centros urbanos que se vieron afectadas por el corralito y el fin de la convertibilidad (retención de ahorros y fuerte devaluación del peso; la pobreza alcanzó al 46% dos meses antes de la crisis). A las clases medias se sumaron los sectores populares con el lema “piquete y cacerola, la lucha es una sola”, una alianza de la que no queda nada. Fue masivo y disruptivo, pero lo que produjo el desborde fue la incapacidad para contenerlo, los déficits políticos y comunicacionales del Gobierno y su estrategia represiva activada como respuesta inmediata. La imagen de De la Rúa huyendo en helicóptero de la Casa Rosada, rodeada de manifestantes pacíficos, es un símbolo de incompetencia política. Lo que vuelve tan particulares aquellos eventos es una tensión entre la aparente ausencia de la política partidaria el 19 y 20 de diciembre y su fuerte presencia en los días de enero en que el Congreso tomó protagonismo para reconstruir la institucionalidad. Es más, a una crisis de enormes dimensiones se respondió con organización, en todos los niveles: fábricas tomadas, bancos de tiempo, sistemas de trueque, reactivación del Congreso, acuerdos entre partidos. Organización en todas sus formas. Y todo esto sin que se haya producido una renovación en las caras de la política argentina, al menos no (ni por asomo) como ocurrió en Chile en tiempos recientes. A fines de diciembre de 2001, se fueron todos (los políticos), pero no pasó mucho tiempo hasta que volvieran.

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En 2022 hay pobreza y alta inflación, el Gobierno peronista es el que controla las calles (mayoría de sindicatos y movimientos sociales), pero está dividido y hay disputa por ese control. Ese control, todo sea dicho, no está garantizado porque tanto los movimientos sociales como los sindicatos no son títeres, sino actores que exigen respuestas materiales (ayudas, mejoras salariales y de su calidad de vida). Las movilizaciones son constantes, pero no son masivas, aunque muchos medios que se autodenominan nacionales comuniquen como si Argentina se redujera a un par de calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a veces sugieran que el país es un caos. No hay indicadores que inviten a pensar que las protestas puedan desbordar. No por abajo, porque los planes sociales cumplen una función fuerte sosteniendo redes de articulación. Por cierto, esos planes sociales (unos 140 de distinto tipo, según Forbes Argentina, a los que se destinarían unos 300 millones de pesos y beneficiarían a más de la mitad de la población en distintas formas) dan cuenta de un clivaje en la sociedad. Algunas encuestas registran el profundo rechazo a los mismos de una mayoría de la población (según Zuban Córdoba, un 63% cree que hay que recortarlos). Tampoco cabe esperar una revuelta de las clases medias. Si las elecciones fueran hoy, el Partido Justicialista perdería con amplia diferencia y ganaría la oposición (el libertario Javier Milei es una estrella fugaz en pleno declive, y aunque las ideas de la derecha radical ampliaron su espacio, este es tanto menor como fragmentado). Más todavía: el 75% de la ciudadanía argentina piensa que la situación institucional del país es frágil y que se va en la dirección incorrecta, pero a la vez el 70% sostiene que Alberto Fernández debe terminar su mandato, y una mayoría se expresa en desacuerdo frente a la idea de incrementar la intervención de las Fuerzas Armadas (datos de Zuban Córdoba, encuesta de julio). La democracia sigue sin estar en peligro en Argentina. ¿Y la gobernabilidad? Faltan 14 meses para las elecciones. Ahora toda la atención está una vez más en las caras del presidente, la vicepresidenta y, novedad, del superministro de Economía, Sergio Massa. Massa es una figura incómoda para el kirchnerismo. Fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y no terminaron nada bien. Llega, paradójicamente, avalado por el kirchnerismo (las negociaciones fueron impulsadas por Máximo, el hijo de Cristina y Néstor, con un aval errático de su madre). Cristina Fernández de Kirchner se descubre así como la líder de una fuerza de oposición a su propio Gobierno —fue ella quien eligió a este presidente al que lleva meses atacando sin piedad ni discreción—, que, y esto es lo más grave, no es capaz de generar alternativas programáticas. En términos económicos, de lo que se le criticaba al exministro de Economía Martín Guzmán, Massa traería mucho más (reorganización de las cuentas del Estado, ajuste, acuerdos con los organismos de crédito). Se sobredimensiona la figura del superministro, pero la estructura institucional y las dinámicas políticas e incluso el contexto internacional hace que sus poderes estén limitados por todos lados: su cargo depende del nombramiento y sostén del Gobierno (Alberto Fernández sigue teniendo la lapicera), sus bases de apoyo propio son reducidas y la coyuntura económica global no le facilitará nada. No habrá estallidos, tampoco grandes cambios.


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