La inflación argentina se acelera en junio y alcanza el 64% anual

La inflación argentina subió 5,3% en junio pasado, según el dato presentado este jueves por el Indec, la oficina oficial de estadística. El acumulado desde enero alcanzó el 36,2%, el más alto desde 1991, y 64% interanual. El dato de junio ha sido una mala noticia para el Gobierno de Alberto Fernández, que esperaba una desaceleración de la subida del IPC tras el 6,7% registrado en marzo, el 6% de abril y el 5,1% de mayo. La curva se ha dado vuelta en el peor momento, porque las previsiones para julio son las peores: tras la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía, hace dos semanas, los precios en los supermercados y el del dólar que se vende en el mercado informal se dispararon.

El rubro Salud fue el que más subió el mes pasado (7,4%), producto de los aumentos en medicamentos y las cuotas de los servicios privados de medicina. Le siguieron el de “agua, luz y otros combustibles”, con el 6,8%, y “bebidas alcohólicas y tabaco”, con una subida del 6.7%. El aumento en “alimentos y bebidas no alcohólicas”, la canasta que más impacta en los más pobres, fue del 4,6%, por debajo del promedio general. Sin embargo, cuando se mide el IPC acumulado en alimentos desde enero el porcentaje salta hasta el 39,9%, 3,7 puntos por arriba del promedio.

Las cifras de junio no hacen más que confirmar que la escalada inflacionaria iniciada en Argentina en marzo, cuando la disparada internacional de los precios de la energía y los alimentos que siguió a la guerra en Ucrania impactó en toda la región. Desde entonces, el país sudamericano encadena cuatro meses de inflación mensual por arriba del 5%. Los analistas del mercado consultados cada mes por el Banco Central esperaban, antes de la renuncia del ministro Guzmán, una inflación del 79,2% para 2022. En enero, la estimación oficial para todo el año era de 33%.

Sobre ese porcentaje se acordó con el Fondo Monetario Internacional un programa para refinanciar el pago de los 44.000 millones que Argentina recibió en 2018. Entre las metas están alcanzar el equilibrio fiscal en 2024, una férrea política de acumulación de reservas y una reducción de la inflación. La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, presentó esta semana un programa fiscalista en línea con el acuerdo con el Fondo, incluso en contra de la opinión del kirchnerismo, el sector de la coalición de Gobierno que más batalló por la salida de Guzmán y sus planes de ajuste. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, dijo Batakis el lunes, en un claro mensaje a los mercados.

El plan incluye congelar el ingreso de personal al Estado, gastar en función del dinero en caja y mantener el plan de reducción de los subsidios a la energía ideado por Guzmán. Sin espacio para subir la carga impositiva, la ministra prometió una subida de la valuación fiscal de las viviendas para acomodar el impuesto a los bienes personales al valor del mercado. Este jueves, el vocero del FMI, Gerry Rice, celebró desde Washington el plan de ajuste ideado en Buenos Aires. “Saludamos los esfuerzos para controlar el gasto, mejorar la recaudación y la coordinación sobre la deuda pública, así que continuamos comprometidos con la ministra y su equipo para implementar el programa económico de apoyo”, dijo Rice.

El mar de fondo del ajuste es la inflación o, lo que es lo mismo, el derrumbe del valor de peso. Los esfuerzos de los inversores por desprenderse de la moneda local ha derrumbado los bonos de la deuda argentina, mientras sube el dólar en la plaza local. La cotización en el mercado negro argentino, sin intervención estatal, saltó desde los 239 pesos del viernes previo a la renuncia de Guzmán, el 2 de julio, hasta los 289 pesos por unidad de este jueves.

La brecha con el dólar oficial, que fija el Banco Central en 130 pesos, supera el 100%, lo que provoca todo tipo de distorsiones macroeconómicas. Demora la liquidación de las exportaciones, que se hacen al un oficial, mientras crecen las importaciones por las expectativas de una devaluación, presionando sobre las reservas internacionales. El Gobierno aplica entonces todo tipo de restricciones para controlar la sangría de divisas. La última fue el miércoles, cuando aumentó del 35% al 45% el anticipo del impuesto a las ganancias que aplica sobre los gastos en dólares con tarjetas de crédito. Durante los primeros cinco meses del año, salieron del país 2.625 millones de dólares por compras personales en el exterior.

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