El Gobierno no tiene quien le quiera

Desde las elecciones generales de noviembre de 2019, se han celebrado seis elecciones autonómicas (en Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía). En todas ellas, salvo en las catalanas, el bloque de izquierdas PSOE-Unidas Podemos (UP) ha retrocedido significativamente. Por poner el ejemplo más reciente, en las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio, dicho bloque cayó del 44,1% del voto en 2018 al 31,8%.

Por supuesto, resulta arriesgado trasladar los resultados autonómicos al conjunto de España. Pero, a nivel nacional, los sondeos apuntan un estancamiento del PSOE en torno al 25% y una caída importante de UP, que se quedaría en torno al 10%. Si nada cambiara de aquí a las elecciones, estos resultados harían muy difícil el mantenimiento del actual Ejecutivo.

Parece que ninguno de los dos partidos de la coalición es capaz de capitalizar la gestión del Gobierno, a pesar de que este presenta una hoja de servicios bastante impresionante (reforma laboral, ingreso mínimo vital, ley de eutanasia, subidas del salario mínimo, revalorización de las pensiones, una agenda medioambiental ambiciosa, etcétera).

¿Por qué, pese a todos estos logros, no se detecta mayor entusiasmo ciudadano? Las razones, probablemente, sean múltiples. El proyecto político del Gobierno quedó truncado por la pandemia primero y por la guerra de Ucrania después. El Ejecutivo ha tenido que dedicarse a resolver crisis no previstas de gran envergadura cuyos orígenes son externos (un virus, la invasión rusa de Ucrania). Se ha apuntado también que las divergencias internas en el Gobierno, en muchas ocasiones aireadas en público, han generado una imagen de barullo y descontrol permanentes. Y, como siempre, hay quien dice que se trata de un problema de comunicación…

Salvo lo de la comunicación, todo un clásico, lo demás parece cierto. No obstante, creo que hay algo más, algo que fluye por debajo de todos estos factores y que, en cierto modo, define nuestro tiempo político: me refiero a la cuestión nacional y el influjo de la crisis catalana en la política española.

Tras las elecciones de noviembre de 2019, desaparecido prácticamente Ciudadanos y con Vox en pleno ascenso, el PSOE tenía dos opciones para formar Gobierno: o bien entrar en una gran coalición con el PP, al estilo de lo que se ha hecho en Alemania o Austria, o bien forjar una coalición con UP y obtener el apoyo de los partidos nacionalistas de ámbito regional.

La primera opción presentaba muchos inconvenientes. El PSOE había desalojado al PP del poder en 2018 por los graves problemas de corrupción que arrastraba el partido conservador. La ciudadanía progresista no habría entendido ni la necesidad ni el sentido político de una gran coalición entre socialdemócratas y conservadores. De hecho, en las encuestas se registraba un apoyo popular muy bajo a esta combinación de partidos.

La segunda opción era compleja, se trataba de encontrar un entendimiento entre fuerzas de izquierda que tradicionalmente se han despreciado y, además, obtener el apoyo de partidos nacionalistas muy variados, algunos de ellos abiertamente independentistas. En los términos del bipartidismo más rancio, “un lío” (Rajoy) o “un Gobierno Frankenstein” (Rubalcaba).

Sánchez apostó por esta segunda opción para ser investido presidente del Gobierno. Pero, una vez tomada esta decisión, no ha dado muestras de creer en el proyecto. El objetivo, se suponía, consistía en buscar una salida a la España que dejó Rajoy, caracterizada por unos niveles de corrupción insoportables, unas políticas económicas insolidarias y regresivas, así como un conflicto territorial exacerbado. Para cohesionar España y prepararla para un futuro mejor, era necesario contar con el concurso no sólo de Unidas Podemos, sino también de las fuerzas nacionalistas.

En lugar de tratar de persuadir a la ciudadanía sobre la conveniencia de integrar a los nacionalistas en dicho proyecto de cambio, a fin de conseguir una España más sólida y plural, el PSOE de Sánchez parece avergonzarse de buscar los votos de estos partidos e intenta compensarlo con gestos en la dirección opuesta. Sí, este Gobierno indultó a los líderes independentistas, una medida valiente y necesaria, pero no ha avanzado un milímetro en la construcción de una España plurinacional o federal, no ha elaborado oferta alguna para resolver la cuestión catalana, se ha olvidado de promover una reforma de la Constitución y, en los temas que afectan al corazón del Estado, no es infrecuente que sus votos se sumen en el Congreso a los de los partidos de derechas (PP, Ciudadanos y Vox): así ha ocurrido con la corrupción de Juan Carlos I, el espionaje a los políticos independentistas o el uso de lenguas autonómicas en el Parlamento.

De esta manera, el PSOE cede terreno ante el pujante nacionalismo español excluyente. La alternativa no es ceder a su vez ante las demandas independentistas, sino desactivarlas gracias a una idea alternativa de España, más integradora, más en consonancia con lo que fue el espíritu de la Constitución de 1978.

El Gobierno transmite que aprueba las leyes con el bloque de investidura no porque crea que es bueno para el país, sino porque no tiene otro remedio. Es una posición perdedora, basada en el miedo a la reacción de una parte de la sociedad que tiene actitudes cada vez más intransigentes sobre lo que significa la convivencia de varias nacionalidades dentro de un mismo Estado. Frente a liderar un cambio en la forma de entender España, el presidente prefiere disimular o contemporizar con un nacionalismo español que ha ido ganando una influencia decisiva en las actitudes políticas de muchos ciudadanos. Es como si el PSOE hubiera asumido que nada puede hacerse para combatir ese nuevo orgullo españolista que resucita la retórica de la anti-España, formada por UP, los nacionalistas vascos y catalanes y, en los momentos de mayor exaltación, los propios socialistas.

Para una parte considerable del electorado potencial del PSOE, sobre todo el más moderado, los apoyos puntuales de ERC o Bildu y la retórica integradora hacia Cataluña se viven como una ofensa permanente. Aunque aprueben las políticas sociales del Gobierno, no perdonan lo que perciben como cesiones a los enemigos de España. A mi juicio, esto es decisivo para entender la debilidad de la izquierda en las recientes elecciones andaluzas y, más en general, la hostilidad brutal que provoca el Gobierno en colectivos que, en principio, podrían simpatizar con sus políticas sociales y económicas.

La solución no llegará por pisar el acelerador de las medidas sociales (bienvenidas sean, por lo demás). Quien crea en esa vía no estará haciéndose cargo de la profunda transformación que ha operado la crisis catalana de 2017 en la cultura política española. El mayor problema del PSOE es que no tiene la fuerza necesaria para afrontar esta cuestión, sobre la que está profundamente dividido. En su seno conviven desde centralistas que en la cuestión nacional no se distinguen de las derechas hasta partidarios de la plurinacionalidad. Eso es probablemente lo que impide al partido adoptar una posición clara y tirar del bloque de las izquierdas y los nacionalistas para romper de una vez con el legado tóxico que dejó el Partido Popular en sus últimos años de gobierno. Enfrente tiene al PP de Feijóo, que quiere construir una mayoría a lomos de ese españolismo y de un programa económico moderado que no despierte recelos entre los votantes centristas.