Gasto social, desgaste legal
Sánchez ha ninguneado al legislativo, usando el decreto ley más que cualquier otro presidente de la democracia, y ha puesto en entredicho la imagen de neutralidad y efectividad de varias instituciones públicas
De las sucias aguas de la política española emergen dos verdades cristalinas: el Gobierno está reforzando el Estado de bienestar, pero debilitando el Estado de derecho. No tenemos las políticas sociales de Dinamarca ni el autoritarismo de Venezuela, pero en los dos ámbitos ha habido avances, esperanzadores unos y preocupantes otros.
A menudo nos quejamos de que los políticos incumplen sus promesas en el poder y exageran sus ataques en la oposición. Pero esta vez PSOE y PP acertaron.
Por un lado, el compromiso social de los miembros de la coalición se ha traducido en una mejora de la vida de las personas más vulnerables. Quienes carecían de trabajo, o tenían uno insuficiente, pueden acceder ahora al ingreso mínimo vital. Quienes sufrían inestabilidad laboral ganan con una reforma laboral que ha multiplicado los contratos indefinidos. Y quienes estuvieron expuestos en primera línea a la covid, se beneficiaron de una regulación exprés para adquirir material de protección. El Gobierno ha intentado proteger a los más desvalidos y, tal vez, sus políticas son insuficientes o superficiales, pero ha habido un esfuerzo notable y, por ende, loable.
Por otro lado, el miedo de los conservadores a que el Ejecutivo rojo-morado dañara la arquitectura del Estado de derecho, con sus delicados arbotantes y contrafuertes, también fue premonitorio. Pedro Sánchez ha ninguneado al legislativo, usando el decreto ley más que cualquier otro presidente de la democracia, y ha puesto en entredicho la imagen de neutralidad y efectividad de varias instituciones públicas, del CIS al CNI pasando por la Fiscalía. El Estado, de las cloacas a muchas plantas nobles, es hoy un lugar un poco más oscuro.
Algunas medidas del Gobierno contra la pandemia han sido tumbadas en los tribunales por inconstitucionales. Y, mientras en otros países, como Francia o Alemania, los ejecutivos optaron por favorecer la contratación pública urgente, pero dentro de la legislación ordinaria, aquí se aplicó una excepcionalidad normativa que matizó los requisitos de capacidad de los contratistas. Ergo, los “pelotazos” de las mascarillas. Como señala el jurista Santiago Bello, el Ejecutivo priorizó la defensa de la vida sobre la defensa de la legalidad.
En resumen, este Gobierno nos ha traído más gasto social, pero más desgaste legal. Tú eliges cuál de los dos cambios es más importante. @VictorLapuente
