El Gobierno da luz verde al ingreso mínimo vital para combatir la pobreza en plena pandemia

España empieza a levantar este viernes un nuevo pilar en el Estado de bienestar. El consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley que regula la ayuda estatal mínima en todo el país para los hogares con menos ingresos. Este instrumento, la última red de protección social, entrará en vigor en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Gobierno empezará a pagar las primeras prestaciones dentro de unas semanas, el próximo junio.

El ingreso mínimo vital (IMV) era una de las medidas estrella del Gobierno para esta legislatura. Iba a implantarse poco a poco durante los cuatro años, pero la pandemia ha acelerado los plazos y ha visto la luz este viernes. El objetivo es llegar a 850.000 hogares vulnerables y sacar de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas, una asignatura pendiente que saca los colores a España periódicamente: la tasa de pobreza severa aquí es del 12,4%, en la media de la UE casi la mitad (6,9%). La previsión del Gobierno es que la medida cueste 3.000 millones.

“Hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital [...] que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la ley de dependencia [en 2006]”, ha valorado el vicepresidente Iglesias. El decreto ley tendrá que refrendarse en el

La Gran Recesión y sus réplicas dejaron varias heridas socioeconómicas abiertas que España todavía no había cerrado cuando ha explotado la crisis del coronavirus. El alto índice de paro y de precariedad laboral son dos de ellas. Y estrechamente vinculadas a estas aparece la pobreza en las diferentes formas de medirla que existen: un 26,1% de la población está en riesgo de pobreza (subsistir con menos del 60% de los ingresos de la mediana, 8.871 euros al año para una persona); un 13% de trabajadores en España está en esa situación; la pobreza severa (menos del 40% de ingresos de la mediana, 5.914 euros) alcanza al 12,4% de la población; y la pobreza infantil se palpa en datos como que en más 120.000 hogares sin ingreso alguno viven niños.

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Todos esos datos, procedentes del INE, la OIT o Eurostat, llegan, en parte, porque las políticas españolas para redistribuir la riqueza son ineficaces, como recuerdan los profesores Luis Ayala y Olga Cantó en un informe reciente de la Fundación La Caixa. “Una de las principales razones de que España tenga unos niveles tan altos de desigualdad es la menor capacidad del sistema de impuestos y prestaciones para reducir las desigualdades que se producen en la distribución de las rentas primarias”, apunta ese documento.

El ingreso mínimo, que gestionará el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aprobado este viernes busca mejorar esta situación llegando a unas 850.000 familias, de ellas la mitad tiene ahora una renta menor a 310 euros mensuales. Esta mediana se aleja mucho de la española, 1.230 euros, según los datos oficiales facilitados por el Ejecutivo.

Consistirá en una ayuda que completará los recursos que tienen los hogares más vulnerables hasta llegar a unos umbrales mínimos que se establecen en función de la situación familiar: va de 461,5 euros mensuales para quien vive solo hasta los 1.015 para las “unidades de convivencia” con, por ejemplo, tres adultos y dos niños. Podrá solicitarse desde el 15 de junio y quienes lo hagan hasta el 15 de septiembre lo cobrarán de forma retroactiva desde el 1 de junio. Se considerará que una familia es vulnerable cuando sus rentas mensuales queden por debajo de la garantía de ingresos que le corresponde. Para medir esto se utilizará la renta neta de los hogares sin contar becas o ayudas al alquiler y, sobre todo, sin tener en cuenta los salarios sociales autonómicos, lo que hace compatible la ayuda estatal con la autonómica.

Lo más probable es que esta compatibilidad libere parte de los 1.500 millones que las comunidades destinan ahora a 300.000 familias. Esa ha sido la fórmula que ha encontrado la Seguridad Social para establecer una ayuda estatal intentando no chocar con la competencia autonómica sobre la “asistencia social” que la Constitución reserva para las administraciones regionales. También lo ha hecho cediendo, tras una larga negociación con el PNV y el Gobierno vasco, la competencia y la gestión de la ayuda a las comunidades forales -con el argumento de que esta prestación se va a financiar con impuestos y en ambos territorios el régimen fiscal es distinto- y comprometiéndose a negociar con las 15 restantes fórmulas de gestión a partir de 2021.

“Cada comunidad está preparada para redefinir su ayuda y decidir donde quieren complementar o donde quieren redirigir sus recursos”, ha respondido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando se la ha preguntado por el encaje de la nueva ayuda con las existentes de las comunidades. Esto no ha evitado algunas críticas, como las de la vicepresidenta valenciana, Mònica Oltra, que este viernes ha dicho con retranca que ha pedido al Gobierno en euskera -en referencia al pacto con el PNV- y en valenciano la cogestión del ingreso mínimo vital. “Se trata de evitar duplicidades, de compartir datos, y de ejecutar adecuadamente una fantástica idea como es el ingreso mínimo vital”, ha concretado la política valenciana.

Hasta ahora las únicas ayudas de último recurso que existían en España eran las autonómicas. Pero como ha definido el propio Escrivá en la presentación de la medida, esto ha dado pie a un sistema muy desigual que lleva, por ejemplo, a que en el País Vasco el 71% de los considerados pobres tengas acceso a la Renta de Garantía de Ingresos y en Andalucía o Castilla-La Mancha se quede en el 2%, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, o que la tasa de pobreza en Euskadi del 18% y la de toda España del 26%, según la Fundación ISEAK.

La falta de una ayuda de este tipo en toda España y la ineficacia de las que hay ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales. Y, a pesar de esto, cristalización en un texto legal ha sido muy larga. El principal impulso, como reconoce la exposición de motivos de uno de los borradores del decreto de esta misma semana, llegó de la mano de los sindicatos CC OO y UGT, que en 2015 comenzaron a recoger firmas para una iniciativa legislativa popular que presentaron en el Congreso al año siguiente. Lo aprobado este viernes es algo muy distinto de aquella propuesta -que sigue viva en el Congreso- y más barata. En su tramitación, hubo voces, entre ellas la del entonces presidente de la Autoridad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, que advertían de que al estar pensada para los parados sin ingresos, la medida podía no ser eficaz para reducir la pobreza severa, y que podía disparar el gasto. Esto último llevó al Gobierno, entonces del PP, que no pudo frenar la medida por su debilidad parlamentaria, pedir un informe a la Airef sobre ella.

Aquel informe, que fue desarrollado, sobre todo, por quien hoy es la secretaria general de Inclusión en el Ministerio de Seguridad Social, la estadística Milagros Paniagua, ha servido de base para el ingreso mínimo. Entre aquel estudio y la medida hay mucha distancia. Por ejemplo, la Airef proponía entonces que llegara a 1,8 millones de hogares y un gasto de 5.500 millones. Lo aprobado este viernes se propone llegar a 850.000 hogares. Según ha explicado el ministro Escrivá, esto se debe, entre otros motivos, a que esta vez han trabajado con muchos más datos: “Es muy distinto por el grado de informmción al que hemos podido acceder. Esta prestación es muchísimo más focalizada. Es capaz de ser más eficaz con menos coste”.