CC OO y UGT piden una renta mínima para dos millones de personas

CC OO y UGT reclaman la creación de una renta mínima para aquellos que no tienen ingresos y no tienen la posibilidad de percibir prestaciones por desempleo ni ayudas sociales. Ambas centrales han elaborado una proposición de ley que este martes tienen previsto llevar al Congreso de los Diputados en forma de Iniciativa Legislativa Popular, apuntan fuentes de ambas formaciones. La nueva ayuda sería de 426 euros mensuales y llegaría, según los cálculos de CC OO a partir de datos del INE, a 2.150.000 personas.

El 15 de enero el Gobierno puso en marcha la creación de una ayuda de urgencia para todos los parados de larga duración que habían agotado las prestaciones y subsidios y estuvieran inscritos en los Servicios Públicos de Empleo antes del 1 de diciembre. Este subsidio puede llegar, según cifras del Ministerio de Empleo, a unos 300.000 beneficiarios, aunque de acuerdo con los datos últimos disponibles, de febrero, alcanzaba a casi 8.500 peronas.

La propuesta que ahora ponen sobre la mesa UGT y CC OO tiene un alcance mayor. Los cálculos sindicales sitúan en 1,8 millones el número de hogares que no llegan a los 6.000 euros de ingresos anuales. Partiendo de esta cifra, se concluye que los beneficiarios potenciales del programa ascenderían a más de 2,1 millones. Si se multiplica esta cifra por 426 euros mensuales (esta cantidad puede aumentar según el número de personas a cargo) y por 12 mensualidades se obtiene el presupuesto anual necesario: 11.000 millones (un 1% del producto interior bruto). Este dinero se financiaría con impuestos y no cotizaciones, según la propuesta sindical, aunque se integraría entre las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

Todas estas cifras se alejan de otras propuestas de renta básica, como la que el partido político Podemos lanzó sin detallar en su programa de las elecciones europeas, aunque posteriormente se ha ido distanciando de ella. Mientras la Podemos, liderado por Pablo Iglesias, se dirigía a toda la ciudadanía independientemente de su nivel de rentas y situación laboral —lo que dispararía mucho el gasto— la que hacen los sindicatos está sujeta a unas condiciones de acceso que limitan su alcance. Hay que tener entre 18 y 65 años, estar parado e inscribirse como demandante de empleo y tener ingresos por debajo del 75% del salario mínimo interprofesional. Además, el derecho a cobrar la ayuda se mantendría mientras duren estas condiciones.

Entre los datos que manejan los sindicatos para apoyar su iniciativa aparecen algunas de las peores consecuencias de la crisis: 12,8 millones de personas en riesgo de pobreza, tres millones en situación de pobreza severa y 1,76 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Y frente a estos datos, dos números que ponen de manifiesto que los mecanismos de protección del Estado de Bienestar en España se han quedado cortos: la tasa de protección de parados está en el 55,7% (la EPA rebaja esta cifra incluso al 30%) y la cobertura de las rentas autonómicas de inserción apenas cubren al 5,48%.

El objetivo inicial de la nueva ayuda sería cubrir ese vacío que se abre para quienes agotan las prestaciones y subsidios por desempleo y los salarios sociales autonómicos, dirigidos fundamentalmente a personas en grave riesgo de exclusión social. No se trataría, por tanto, de que liberar de gasto social a las comunidades autónomas, a las que piden que si se alivia la partida de rentas básicas (1.040 millones en 2013), destinen el dinero a otro tipo de ayudas sociales.

La incitativa de los sindicatos llega después de que el Ejecutivo no acabe de concretar el mapa de prestaciones al que se comprometió en la declaración que sindicatos, empresarios y Gobierno suscribieron en julio de 2014. Fruto de aquel documento se aprobó la ayuda a parados de larga duración en diciembre pasado. Aquel texto, en su quinto punto, admite que “es necesario profundizar en la protección social de todas aquellas personas más alejadas del mercado de trabajo y/o en riesgo de exclusión social”. Para ello, se comprometieron a elaborar ese mapa que sería el punto de partida para constituir una mesa de negociación que, “en el plazo máximo de 6 meses”, tiempo que expiró en febrero.