Proteger la recuperación

La economía española se enfrenta a un nuevo reto, que podría llegar a tener un fuerte impacto en los próximos meses. El incremento de los precios de la energía fruto de la guerra en Ucrania amenaza con mermar la capacidad adquisitiva de los hogares y la competitividad de muchas empresas. Si esto sucede, la ralentización del consumo y la inversión podría cortocircuitar la recuperación afianzada tras la pandemia y, con ello, la creación de empleo.

Es crucial por tanto reorientar con rapidez y determinación los objetivos de la política económica, que debe centrarse en proteger la recuperación, la creación de empleo y la capacidad adquisitiva.

En este momento, buena parte de la inflación nace de un mercado eléctrico mal diseñado, en el que las distintas tecnologías no son remuneradas de acuerdo a su coste, sino según el precio que marca la energía más cara (el gas). Esto explica que un problema focalizado en un mercado concreto esté contaminando al resto de la economía. Para cortar la posible espiral de inflación un primer paso, imprescindible e ineludible, es desligar la electricidad del gas.

Podemos fijar precios máximos en el mercado eléctrico mayorista, impulsar las subastas de nucleares e hidroeléctricas (aún por desarrollar), agilizar la aprobación de la ley del CO₂ y también adelantar el ajuste retributivo al Recore. Ahora bien, ninguna de estas medidas solucionará el problema si no viene acompañada de una nueva regulación que retire los beneficios extraordinarios que están teniendo las empresas energéticas y los destine a reducir la factura de hogares y empresas no energéticas.

Retribuir a hidroeléctricas y nucleares (con costes de generación que oscilan entre los 15 y 30 euros por MWh) al precio que marcan los ciclos combinados (por encima de los 200 euros por MWh) es terriblemente ineficiente. Produce además un masivo trasvase de rentas desde los hogares y las empresas no energéticas hacia las energéticas, que mina nuestra capacidad de crecimiento. No olvidemos que los actuales beneficios extraordinarios del sector energético son sobrecostes para nuestro tejido industrial que merman su competitividad.

En todo caso, el shock de oferta que estamos viviendo en los mercados internacionales no se limita al gas. Otras materias primas también se están encareciendo, de modo que para proteger la recuperación y la capacidad adquisitiva de los hogares es necesario actuar en varios frentes.

La derecha está aprovechando el momento para resucitar sus viejos mantras: bajar impuestos de forma generalizada y en cualquier circunstancia. Esta receta no sólo es inconsistente y peligrosa —pues socava la capacidad del Estado para proteger a otros actores—; es además injusta, porque termina beneficiando a quienes más tienen. Otra cosa diferente es que, en una circunstancia excepcional como esta, el Estado puede amortiguar el shock que están sufriendo hogares y empresas, utilizando para ello el margen que da la recaudación tributaria que se deriva del incremento de los precios energéticos. Ahora es el momento de reducir transitoriamente los impuestos de aquellas familias que menos ingresos tienen, así como los que pagan consumidores y transportistas al repostar. O, alternativamente, se le puede dar un cheque energético a los hogares similar al que Macron ha legislado.

Además, resulta necesario que los ERTE creados por la reforma laboral, que ya están preparados para hacer frente a situaciones como la actual, se desplieguen en los sectores potencialmente afectados y se vinculen con una prohibición temporal de los despidos cuando no se hayan usado previamente medidas de suspensión temporal o de reducción de la jornada.

Es preciso reforzar igualmente el escudo social que se puso en pie durante la pandemia para proteger a los sectores más vulnerables de la población. Evitar los desahucios y los cortes de suministro, congelar las rentas de los alquileres o ensanchar el ingreso mínimo vital no son sólo medidas de justicia social, sino que son políticas que sostienen la demanda de millones de hogares, evitan la crisis y contribuyen a frenar la desafección con nuestras instituciones.

Finalmente, la política económica no sólo debe proteger la recuperación, el empleo y la capacidad adquisitiva. También debe preservar el proceso de transición energética, que en este momento se encuentra en riesgo de descarrilar. Descarbonizar nuestra economía pasa por electrificarla y esta apuesta se complica cuando la electricidad se encarece, fruto de una mala regulación que hace que paguemos toda la electricidad al precio de la tecnología más cara.

Si algo nos está enseñando la guerra en Ucrania es precisamente la necesidad que tenemos de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles que importamos. España puede llegar a un nivel de autoabastecimiento energético elevado si reforzamos el despliegue de energías renovables en los próximos años y si fomentamos el autoconsumo a través de la energía fotovoltaica de tejado. Para ello, es necesario reforzar las inversiones en esta materia y tenemos capacidad para hacerlo: España no está utilizando aún el segundo tramo de los fondos Next Generation de la UE, 84.000 millones que permitirían ampliar el despliegue de energías renovables.