España apuesta por limitar el precio a las centrales de gas para abaratar la luz

El Gobierno centra sus esfuerzos en lograr un acuerdo europeo para limitar el precio al que pueden ofertar las centrales de ciclo combinado que queman gas para producir electricidad, tras descartar su propuesta inicial de poner un tope a la tarifa en el mercado mayorista. “Lo más sencillo, lo más limpio, es introducir una referencia al precio máximo al que pueden ofertar electricidad las centrales de ciclo combinado”, ha deslizado este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La misma idea ha salido a relucir en el encuentro que había mantenido por la mañana el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con los representantes de las empresas eléctricas, según han confirmado dos fuentes al tanto de la reunión. Sería, en todo caso, una medida temporal hasta que la soga de los precios empiece a aflojar.

Una vez descartado el tope sobre el mercado mayorista, una opción que suscitaba el rechazo frontal de Alemania y otros países del norte de Europa y que Bruselas tampoco veía precisamente con buenos ojos, España busca otras opciones que permitan llegar al mismo punto —una reducción en los precios del mercado minorista, del que beben las tarifas reguladas que tienen el 40% de los hogares— sin tener que tocar el diseño del mercado, algo que escama a los Gobiernos más rigoristas.

En el tope al precio al que pueden ofertar su energía las centrales de gas, además, el Ejecutivo español cuenta con el respaldo explícito de otros países del sur, como la Italia de Mario Draghi o la Portugal de António Costa. Y tampoco el presidente francés, Emmanuel Macron, parece ver con malos ojos esa iniciativa. “No es nuestra única propuesta, va a ser un paquete que va a incluir más, pero esta es importante”, explican fuentes gubernamentales.

Dado que la energía generada por las centrales de gas es necesaria para la estabilidad del sistema eléctrico —los ciclos combinados garantizan que la demanda se puede cubrir en las horas en las que las renovables y la nuclear no son suficientes— y que con un límite sin más su reacción sería no ofertar luz a pérdidas, el esquema que vislumbra el Gobierno necesita ir acompañado de lo que la vicepresidenta tercera califica de “ajustes ex post”: compensaciones por vender su energía a un coste menor que el de generación.

Ahí, el abanico que se abre es amplio. La primera opción es que el dinero provenga de una subvención, de lo que las eléctricas no reniegan, pero que despierta recelos en el Ejecutivo por el impacto que tendría sobre el déficit fiscal. La segunda, que parece haber ganado predicamento en los últimos días, pasaría por que ese dinero pasase a engrosar el déficit de tarifa, como ya ocurre con el tope aplicado sobre los contratos minoristas de gas natural. La tercera, la que más gusta a Yolanda Díaz y al resto de representantes de Unidas Podemos en el Ejecutivo, y que también ha defendido recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pasaría por financiar esa brecha entre coste de producción y precio —topado— de venta con un gravamen sobre los pingües beneficios cosechados por las eléctricas en plena tormenta energética global.

En la reunión celebrada este martes en el palacio de la Moncloa y que se ha prolongado por espacio de más de dos horas, el Gobierno no ha mencionado ninguna subida fiscal a las eléctricas. Como en citas anteriores, el Ejecutivo sí les ha pedido a estas compañías, según una fuente próxima al encuentro, que aporten soluciones para “mejorar la situación y atajar la escalada de precios”. Otra fuente subraya la “actitud dialogante y constructiva” de las partes implicadas y remarca que Sánchez les ha “tendido la mano”. “El tono ha sido muy cordial. Sánchez ha pedido ideas, también para los próximos días, para que la luz sea más accesible”, apuntan.

De cara al decreto de la semana que viene, en el que el Gobierno plasmará los cambios con los que busca abaratar las facturas energéticas de hogares y empresas, Ribera ha anunciado que el texto incluirá un “refuerzo” a los consumidores industriales que más se están viendo afectados por la subida de la luz y ha prometido que la reducción de los peajes eléctricos a esas compañías “no será la única medida”. “Estamos trabajando en otras hipótesis”, ha afirmado, sin concretar. En el caso de los consumidores más vulnerables y de las familias numerosas, la titular de Transición Ecológica ha dejado que caer que el Gobierno ampliará el bono social eléctrico, “incrementando el número de familias que se pueden beneficiar de él”.

1.900 millones para adaptar la red eléctrica a las renovables

El Gobierno ha anunciado este martes una inversión de 1.900 millones de euros hasta 2026 para adaptar la red eléctrica a la explosión de las energías renovables. El plan permitirá, según los cálculos oficiales, que este tipo de energías puedan aportar hasta el 67% de la electricidad que se consume en España, frente al 46% del año pasado. El refuerzo total a la red de transporte implicará un desembolso de algo más de 5.700 millones, mientras que otros 1.260 se destinarán a mejoras en las interconexiones con los países vecinos: Francia, Marruecos, Portugal y Andorra.

Por primera vez, la mayor partida inversora será la dedicada a la integración de las energías limpias en el sistema, que se llevarán más de la cuarta parte del dinero destinado a la mejora de la red, mientras que las fórmulas para atender el crecimiento de la demanda —que hasta ahora se llevaba el grueso de los fondos— ahora obtiene poco más de 800 millones, el 12% del total.