España renuncia al tope de 180 euros por megavatio hora en el mercado mayorista de la luz

España no llevará al Consejo Europeo de esta semana su propuesta inicial de topar a 180 euros por megavatio hora (MWh) el mercado mayorista de la luz. “Esa opción se ha descartado. No es la medida en la que venimos trabajando en los últimos días”, confirman a este diario fuentes gubernamentales después de que la semana pasada los Gobiernos de Pedro Sánchez y António Costa dejasen caer su intención de llevar esa medida a la cumbre comunitaria de esta semana. El Ejecutivo español es uno de los más interesados en rebajar la presión de precios en el mayorista, dado que alrededor de uno cada tres hogares tiene una tarifa regulada que bebe directamente de ese mercado. En otros países, esa correlación es mucho menos directa.

Giro de guion a tres días vista de que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se vean las caras en Bruselas con el objetivo de frenar la escalada energética. Si el pasado jueves la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica consideraba ese tope “poco discutible”, este lunes la medida no está en la terna de propuestas que el Ejecutivo español llevará a Bruselas esta misma semana, tal como ha adelantado El Periódico de la Energía.

El cambio de postura llega después de que Alemania, los Países Bajos y otros países del norte de Europa descartasen rotundamente aceptar una medida de ese tipo, que tampoco gustaba a la Comisión Europea. Ante la negativa en redondo de esas capitales, para las que ese tope sobre el mercado mayorista es una línea roja infranqueable, España prefiere explorar vías alternativas que sí sean aceptables para todos y que puedan alumbrar un acuerdo. El límite de 180 euros por MWh estuvo activo hasta julio del año pasado, cuando las autoridades españolas tuvieron que elevarlo hasta 3.000 euros —una cifra inimaginable, a la que el mercado no llegará por mucho que el gas natural siga subiendo— en aplicación de una directiva comunitaria.

Italia, por su parte, se centra en limitar el precio al que pueden ofertar las centrales que generan electricidad quemando gas natural, una opción que España no ve con malos ojos. Esas plantas son imprescindibles para garantizar la estabilidad del sistema en las horas en las que las renovables y la nuclear no son capaces de abastecer por sí solas toda la electricidad que se demanda, por lo que habría que cubrir la brecha entre el límite máximo al que pueden ofrecer su energía y su coste de producción. Ahí, el abanico de fórmulas que se abre es extenso: que sea el Estado el que sufrague, con dinero público, esa suerte de subvención, una opción que no gusta al Ejecutivo español; que sean las empresas eléctricas las que lo paguen, quizá con una tasa específica sobre sus beneficios; o que se cargue sobre el déficit de tarifa, lo más parecido a una patada a seguir. Esta última fórmula es la que se ha elegido para topar la subida del gas en el mercado minorista.

Lo importante, insisten fuentes del Gabinete consultadas por EL PAÍS, no es tanto el cómo, sino el qué: que lo que salga del Consejo Europeo sirva para frenar en seco la brutal subida de precios de los últimos meses. Ahí se enmarca, subrayan, la ronda de visitas que está llevando a cabo Sánchez a varios de sus homólogos comunitarios, y en la que también participa la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En los últimos días, ha cambiado la tendencia y el precio de la luz se ha relajado tras marcar un máximo histórico de 545 euros por MWh. Con el gas cotizando de nuevo cerca de su nivel anterior a la invasión rusa de Ucrania, la electricidad costará este martes 226 euros por MWh. Ese precio, sin embargo, es el triple que en el mismo día del año pasado. Y el cuádruple que en la misma jornada de 2019, el ejercicio inmediatamente anterior a la pandemia.

Tanto si hay pacto en la cumbre como si no, el Gobierno se ha comprometido a incluir en su decreto del próximo día 29 una batería de medidas para reducir el precio de la electricidad y los carburantes, que podrían incluso incluir alguna fórmula de retroactividad, según fuentes oficiales. En el caso de los combustibles, sin embargo, España va con retraso respecto a un buen número de Estados miembros que ya han movido ficha con subvenciones para bajar la factura en el surtidor.