Las medidas del malestar

Ningún cálculo sobre el coste económico de la guerra en Ucrania puede ser optimista o banalizador de una factura que será enorme, probablemente superior a la que ha dejado una pandemia todavía no superada. Hoy el shock de la guerra se suma a tensiones anteriores y empujan a tomar decisiones a corto, medio y largo plazo, pero no parece que ninguna de ellas deba llegar dictada por el impulso populista de soluciones mágicas e inmediatas. El problema seguirá con nosotros durante mucho tiempo y las respuestas en caliente pueden empeorar la situación en lugar de fabricar las condiciones para equilibrar los costes, ahora desigualmente repartidos de la guerra, la crisis de 2008 y las consecuencias de la pandemia.

El sindicato de la ultraderecha convocó el sábado una manifestación para abaratar la electricidad con escasísima afluencia; ayer domingo, otra manifestación convocada por organizaciones agrarias, ganaderas y del mundo rural en general sí logró reunir a decenas de miles de personas con el apoyo de nuevo de Vox y también en este caso del PP. El paro de transportistas promovido por una organización minoritaria ha boicoteado el acceso a mercados mayoristas y provocado el desabastecimiento sobre todo de productos frescos. La instrumentalización política de la angustia real de diversos sectores no debe impedir analizar las serias dificultades que una inflación desbocada difunde socialmente y cómo puede subir la temperatura de la calle. El encarecimiento de los combustibles, fertilizantes, el cereal, el agua y la luz han sido el detonante para que el sector agrario sienta cuestionada la viabilidad de sus explotaciones ante unos costes de producción inasumibles y acelerados por la guerra. La subida de la luz y la falta de suministros han provocado ya la suspensión de la actividad de numerosas empresas españolas.

Los impuestos seguirán siendo una herramienta indispensable para afrontar el coste de la crisis. Rebajarlos indiscriminadamente puede debilitar la capacidad del sistema para resistir una crisis duradera. Pero modular un mecanismo de rebaja a familias, industrias y autónomos más débiles y, a la vez, aumentar los impuestos a las empresas eléctricas para intentar compensar la subida de la factura de la luz a consumidores y empresas afectadas, como sugirió la OCDE hace unos días, podría equilibrar los costes sociales de la crisis.

Algunos países, como Francia, Alemania, Italia o Portugal, han optado por anunciar medidas urgentes para el mes de abril, y en algunos casos aplicar ya algunas inmediatas para compensar el alza de precios de la energía, fraccionar el pago de facturas para familias sin recursos o incluso financiar a empresas cuyos costes en materias primas se hayan desbocado.

En España, el Gobierno se mueve en dos frentes con fecha fija sin concretar de momento ninguna medida. Los recientes encuentros de Pedro Sánchez con los presidentes de Italia, Grecia y Portugal culminaban con su visita a Olaf Scholz el viernes con el fin de defender una postura común de los países del sur con vistas al próximo Consejo Europeo —24 y 25 de marzo— sobre el mercado eléctrico para desligar el precio del gas del de la electricidad. Y el segundo frente es en casa, donde se busca un acuerdo político lo más amplio posible para un plan nacional que aborde las consecuencias de la guerra y que se aprobaría el 29 de marzo, tras conocer las decisiones que se adopten en Bruselas para todos. Ambos frentes precisan de medidas urgentes pero, a la vez, realistas y sostenibles en el tiempo.