Claves | ¿Cómo se puede desligar el precio de la luz del coste del gas?

Bruselas y los Gobiernos europeos negocian estos días una solución de urgencia para evitar que el encarecimiento abrupto del gas natural se traslade, como hasta ahora, a la factura que pagan los hogares por la luz. Esa relación es especialmente directa en el caso español, en el que uno de cada tres hogares y empresas cuentan con una tarifa regulada (también conocida como PVPC), históricamente más barata, pero ahora mucho más cara: cualquier subida del gas se traslada directamente a su bolsillo. De ahí el especial empeño del Ejecutivo de Pedro Sánchez en lograr un paraguas europeo que auspicie estos cambios.

En el actual sistema marginalista, el precio final de la electricidad lo fija el coste de la fuente más cara de generación, que suele ser el gas natural. Por eso, desligar ambas variables es una prioridad absoluta a corto plazo, sobre todo después de que el gas haya multiplicado su cotización en los últimos meses. Una tendencia que se ha acelerado tras la invasión rusa de Ucrania. Aún está por ver cómo se aterrizará la cuestión: los próximos 10 días, hasta la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Bruselas de finales de la próxima semana en la que se debe dar luz verde al mecanismo, son cruciales. Estas son las principales alternativas a corto plazo, y las ventajas y desventajas de cada una de ellas:

Poner topes al mercado mayorista

Es la medida que ha defendido en las últimas semanas el Gobierno de Pedro Sánchez. Bruselas, sin embargo —y a pesar de haber variado su férrea postura inicial—, no termina de verla con buenos ojos. Y Alemania se niega en redondo. Consistiría en imponer un tope sobre la cotización de la luz, de forma que todos los contratos regulados pasarían a pagar automáticamente menos que ahora. Pero obligaría al Ejecutivo a establecer algún tipo de compensación a las centrales de ciclo combinado (las que queman gas para obtener electricidad): su generación seguiría siendo necesaria durante muchos momentos del día, pero con un precio limitado por debajo de su coste de producción no tendrían ningún incentivo para ofertar. No hay mucha claridad sobre el origen de esos recursos.

El segundo inconveniente de este sistema sería, según advierten varios especialistas consultados, el riesgo de crear distorsiones en el mercado —aunque fuese una medida puntual, de corto plazo— y de qué hacer con los intercambios internacionales, ya que cada país podría fijar su propio límite, distinto del resto de vecinos europeos.

Fijar un límite máximo en el mercado minorista

El mercado mayorista —del que se habla cuando se dice que los precios de la luz han subido o bajado, a pesar de que afecta únicamente a los hogares y empresas con tarifas reguladas— seguiría fluctuando libremente y marcando umbrales estratosféricos mientras el gas siga cotizando a los niveles actuales. Sin embargo, los consumidores con tarifas reguladas tendrían su factura con topes.

Bruselas no lo ve con tan malos ojos como el tope en el mayorista: de hecho, incluyó esta medida en su última propuesta a los Estados miembro. Y se evitarían, además, las distorsiones derivadas de un tope en el mercado mayorista. Pero la gran incógnita es cómo se podría hacer para financiar esa brecha de precios entre ambos: alguien tendrá que pagarla. Se podría aumentar el ya de por sí cuantioso déficit de tarifa —lo más parecido a una patada hacia adelante: lo pagarán los consumidores del futuro—, cargarlo a los Presupuestos Generales del Estado —con el consiguiente impacto sobre el déficit fiscal— o —y aquí entra la siguiente alternativa— valerse de un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo.

Gravar (de verdad) los beneficios caídos del cielo

La tasa iría sobre las ganancias extraordinarias obtenidas por propietarios de tecnologías como la nuclear o la hidráulica por un aumento de costes a los que ellas no están sujetas. Y se repartiría entre los consumidores, que verían recortada su factura con una reducción específica en su factura. Es la propuesta que la Comisión Europea ve con mejores ojos, dado que paliaría el golpe sobre hogares y empresas sin intervenir el mercado. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha echado un capote en ese sentido, aunque sin concretar: “Dados los beneficios de las firmas energéticas, hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que están pagando y redirigir parte de ese dinero a medidas que amortigüen el impacto”, ha defendido este lunes en Madrid su secretario general, Mathias Cormann.

Sin embargo, llevarla al terreno de los hechos no es sencillo. En otoño pasado, España ya aplicó una minoración —que no un impuesto— de estos beneficios con dudoso éxito: las eléctricas justifican que la gran mayoría de electricidad que venden es en contratos bilaterales —entre generadoras y clientes—, y no en el mayorista. Y ahí, por definición, no hay beneficios caídos del cielo, dado que el precio nace de un acuerdo entre las partes. “El problema aquí sería cómo diseñarla de manera que no te lo tumben en un tribunal en el futuro. Es un cálculo muy complejo. Y hay tantas sentencias negativas que han acabado pagado los consumidores, como el canon hidráulico o el bono social, que temo que pasase lo mismo. Es un riesgo muy alto”, apunta Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.

Subvencionar el gas natural sin tocar el mercado

Otra opción que ha circulado en los últimos días y que, según Cinco Días, el Gobierno está estudiando aplicar pasa por sufragar con dinero público parte de los costes históricamente altos que están teniendo que sufrir las centrales de ciclo combinado para reducir el precio al que ofertan en el mercado mayorista. De esta forma, sus precios de casación bajarían sustancialmente y —dado el propio diseño marginalista— también lo haría el precio medio por horas. No obligaría, además, a alterar el funcionamiento del mercado eléctrico. “Si hay que tocar, que se toque sin modificar las reglas del mercado”, reclama Juan Antonio Martínez, del Grupo Ase, uno de los mayores agregadores energéticos de España.

Son, sin embargo, muchas las incógnitas que flotan alrededor de la medida: ¿de dónde saldría el dinero para esa subvención? ¿Cuál sería el umbral de precios desde el que partiría la ayuda? “Se tendría que fijar un criterio objetivo, como la media de largo plazo de los precios del gas. Y lo más probable es que saliese de los Presupuestos. No sé hasta qué punto hay margen. Con un impuesto a los beneficios caídos del cielo, en cambio, el Estado no tendría que subvencionar nada”, reconoce Natalia Collado, experta en mercados regulados del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol.

Tarifas únicamente vinculadas a contratos a largo plazo

La opción más creativa, pero que aún no está en el menú de opciones de la Comisión ni —hasta donde se sabe— de los Gobiernos más beligerantes con los precios de la luz, sería que el precio de referencia para todos los consumidores —incluidos los que cuentan con una tarifa regulada o PVPC— quedase fijado por contratos de largo plazo entre el operador del sistema (OMIE) y las eléctricas, y no por el siempre volátil mercado mayorista. Es lo que defienden, entre otros, Linares y Collado.

“El efecto sería el mismo que el de un límite de precio en el mayorista, que se mantendría igual pero que solo se utilizaría para ajustes. No ayudaría únicamente a los residenciales, sino que permitiría que la industria —donde hay muchos clientes sin cubrirse y sufriendo los precios del mayorista— fuera automáticamente a un esquema de precio fijo a largo plazo y se eliminase la volatilidad”, apunta el profesor de Comillas. “Se podría diseñar a corto plazo y me sorprendería mucho que las eléctricas no estuvieran dispuestas: de no aceptarlo, se expondrían a un riesgo reputacional enorme”. Cubrir con esos contratos de largo plazo con las eléctricas sería, concluye la investigadora de EsadeEcPol, “la mejor de las cinco opciones posibles”.

También defiende esta opción Miguel Lasheras, economista experto en mercados energéticos. En su caso, sin embargo, no tanto como medida coyuntural sino permanente, lo que implicaría acabar de facto con la tarifa regulada. “Lo mejor sería dejar un mercado mayorista pequeño, de ajuste y de balance, que no afecte a tantos consumidores, y que estos se rigiesen por contratos a largo plazo con precios más estables” expone por teléfono: “Si seguimos como hasta ahora, estamos en manos de Rusia por el gas”.