El Gobierno reserva 1.908 millones para pagar el fiasco del canon hidráulico del PP

El Consejo de Ministros inicia el trámite para devolver el tributo cobrado indebidamente a las eléctricas, según una sentencia del Supremo

Panorámica de la presa de José María Oriol-Alcántara II, en Alcántara (Cáceres), gestionada por Iberdrola.
Panorámica de la presa de José María Oriol-Alcántara II, en Alcántara (Cáceres), gestionada por Iberdrola.Carlos Rosillo

El Consejo de Ministros prevé aprobar en los próximos días un acuerdo de aplicación del fondo de contingencia de los Presupuestos del Estado por una cantidad de 1.908 millones de euros para hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo contra el canon hidráulico que aprobó el PP en 2015.

El alto tribunal anuló el pasado abril varios aspectos de este gravamen que el Ejecutivo de Mariano Rajoy impuso a las empresas eléctricas por el uso de aguas para la producción de energía eléctrica, tal y como adelantó EL PAÍS. Este impuesto tenía por objeto poner fin al déficit de tarifa del sistema eléctrico, la diferencia entre los ingresos y los costes.

Tras estimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la patronal eléctrica, Aelec (antigua Unesa), el Supremo consideró que el canon hidroeléctrico no podía tener carácter retroactivo y, por tanto, no cabía exigir su recaudación en 2013 y 2014, como decretó el ministro de Industria del PP, José Manuel Soria, al aprobar el tributo en marzo de 2015.

No solo la retroactividad

Ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez reserva 1.908 millones de euros para cumplir la sentencia y hacer frente a la devolución dictada por el alto tribunal. La cuantía final calculada por el Ministerio de Transición Ecológica es cuatro veces superior a la inicialmente estimada, de 500 millones de euros, e incluso mayor a los 1.400 millones que Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, avanzó durante una comparecencia en el Congreso a finales de agosto.

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A cuenta del déficit de 2021

Al conocerse el sentido de la sentencia del Supremo, los expertos interpretaron que el Tesoro solo tendría que devolver las cantidades ingresadas por las eléctricas en las arcas públicas durante los dos ejercicios anteriores al decreto, unos 500 millones. Pero una interpretación más a fondo del fallo judicial evidenciaba que el Tesoro tenía que devolver todo lo recaudado entre 2013 y 2021 más los correspondientes intereses de demora. Las empresas más beneficiadas por el reintegro del impuesto indebidamente cobrado serán Iberdrola, Endesa y Acciona, las que tienen más instalaciones de energía hidroeléctrica.

La reserva a cuenta del fondo de contingencia supondrá un aumento del déficit público de 1.908 millones en las cuentas del Estado para 2021. El departamento de Ribera ya avanzó el verano pasado que “trabaja conjuntamente para diseñar el mecanismo de devolución, que debe hacerse por medio de las Confederaciones Hidrográficas, encargadas de recaudar el canon y que, presumiblemente, se materializará en los Presupuestos del Estado”.

Las confederaciones no cambiaron la concesión

La sentencia del Supremo no solo anuló la retroactividad del decreto, también declaró nula una disposición adicional que en realidad dejaba la puerta abierta a que las empresas energéticas que gestionan en régimen de concesión pública los saltos de agua tuvieran que dar el visto bueno al cambio que el nuevo gravamen suponía en la concesión, según publicó en septiembre la asociación de consumidores Facua. El Ejecutivo del PP olvidó modificar el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que establecía que las concesiones solo se podían modificar “si el peticionario aceptase las condiciones propuestas”. Como las Confederaciones Hidrográficas no habían alterado las concesiones para cobrar el canon, el Supremo considera indebidamente cobradas las cantidades liquidadas por las compañías eléctricas entre 2013 y 2021.

La competencia de la devolución tributaria corresponde a los organismos de cuenca hidrográfica (las confederaciones), que son los encargados de la recaudación. Estas cuencas dependen del Tesoro Público, es decir, de Hacienda, pero será Transición Ecológica quien gestione la devolución a través de los responsables de las cuencas.

El fallo del Supremo supuso un auténtico revolcón a una medida del PP y una gran victoria para las empresas eléctricas, que actualmente están lidiando con la crisis energética que mantiene los precios de la electricidad disparados en máximos históricos.

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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