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Sánchez negociará con partidos y agentes sociales una fuerte bajada de impuestos de energía

Podemos y Feijóo presionan al presidente del Gobierno para adoptar medidas fiscales ambiciosas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann este lunes en La Moncloa.Foto: FERNANDO CALVO | Vídeo: EFE

El Gobierno buscará un acuerdo con los agentes sociales y los partidos para acometer una fuerte bajada de impuestos en la energía con el fin de aliviar la escalada de precios. En paralelo, el presidente iniciará una gira por las capitales europeas para convencer a los países miembros de la necesidad de cortar la conexión entre el precio del gas y de la electricidad, una propuesta que España defiende sin éxito desde hace meses, pero que Pedro Sánchez cree que ahora sí puede concitar un sentir mayoritario favorable. El líder socialista ha prometido en una entrevista en La Sexta la noche de este lunes que, igual que sucedió durante la pandemia, el Ejecutivo va a aprobar cuantas medidas estén a su alcance para aliviar los efectos de la guerra en Ucrania en la población española. El 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobará el plan que incluirá las rebajas fiscales.

“El Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano para proteger a los más vulnerables y para amortiguar las consecuencias de esta guerra”, ha manifestado Pedro Sánchez dejando claro que el Ejecutivo prepara un ambicioso paquete de medidas. El presidente defiende que las rebajas fiscales no son lo más relevante para contener los precios en la energía, sino que lo importante es lograr el desacople entre el precio del gas y de la electricidad, pero también actuará sobre los impuestos. Sánchez pone altas expectativas en el Consejo Europeo del 24 y el 25 de marzo, que podrá decidir si actúa en la dirección que España viene reclamando para desligar ambos conceptos. El Gobierno quiere buscar a la vez el acuerdo con los agentes sociales y los partidos, porque las medidas deberán ser aprobadas en un real decreto convalidado por el Parlamento.

Sánchez cree que el Ejecutivo tiene instrumentos para evitar que la inflación escale por encima de los dos dígitos, y pide unidad a los partidos para sacar adelante el plan. El presidente avisa de que la situación por la guerra de Putin es muy delicada y no ha descartado el escenario de una Tercera Guerra Mundial. Sánchez ha recordado que Rusia es una potencia nuclear “autoritaria” y “autócrata” y defiende que hay que parar los pies a Vladímir Putin en Ucrania porque si no puede seguir esa pulsión imperialista en otros Estados, como Polonia. La gravedad del conflicto bélico ha provocado además que Sánchez apueste ahora por incrementar el presupuesto de Defensa en España hasta cumplir con el compromiso de la OTAN de dedicar el 2% del Producto Interior Bruto (ahora es el 1%). España aumentará el envío de armas a la resistencia ucraniana y Sánchez ha recordado que, como miembro de la OTAN, si Putin ataca a un país de la alianza, el país está obligado a ser solidario y responder al ataque junto a sus socios.

La presión política va en aumento sobre el Gobierno para que intervenga en los impuestos que gravan la luz y los carburantes con el fin de aliviar las fuertes subidas de precios a consecuencia de la guerra en Ucrania. Un día después de que la Conferencia de Presidentes acordara intensificar las rebajas fiscales para amortiguar los efectos del conflicto bélico sobre el bolsillo de los hogares, tanto Unidas Podemos como el PP, desde ópticas diversas, han incrementado la presión al presidente del Gobierno para que acometa una intervención ambiciosa en los impuestos que permita rebajar sustancialmente la factura que pagan los ciudadanos. El socio menor del Ejecutivo considera “insuficientes” los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, mientras Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de “forrarse” con la recaudación de impuestos sobre la luz, el gas y las gasolinas.

La delicada situación económica, con los precios desbocados de la energía y los carburantes, sirve al socio menor del Gobierno y al principal partido de la oposición para percutir sobre el PSOE y exigirle medidas más contundentes y más rápidas. El Ejecutivo está en ello, estudiando un paquete de medidas, pero en parte requiere una negociación europea para lograr un cambio de la regulación que permita bajar los precios de la energía, que requiere más tiempo. El Gobierno ha abierto la puerta también a una rebaja fiscal de la gasolina y el diésel, ya que el 45% del precio final del gasóleo en los surtidores y casi el 50% del de la gasolina son impuestos. Los barones autonómicos respaldaron a Pedro Sánchez el domingo para que negocie en Europa en una inusual declaración conjunta, pero la tregua política por las consecuencias de la guerra en Ucrania apenas ha durado unas horas.

Por un lado, el socio menor en La Moncloa, Unidas Podemos, aprieta para diferenciarse del PSOE pidiendo actuar sobre los beneficios de las eléctricas y una reforma fiscal para gravar a las rentas más altas, que los socialistas por el momento han guardado en un cajón.

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El partido de Ione Belarra está de acuerdo en la bajada de impuestos pactada este domingo entre el Gobierno y los barones autonómicos en la Conferencia de Presidentes, pero pide ir más lejos. La formación insiste en sus reclamaciones para que la crisis la paguen “los beneficios caídos del cielo” de las eléctricas y que el Ejecutivo ponga en marcha una “reforma fiscal progresiva” contemplada en el pacto de Gobierno con el PSOE que, de momento, Hacienda ha puesto en pausa.

“El hecho de que en la Conferencia de Presidentes se haya llegado a determinados acuerdos quiere decir que sí hay un consenso generalizado en que es urgente tomar una serie de medidas”, saludó este lunes en rueda de prensa el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien, sin embargo, aboga por que estas vayan acompañadas de otras iniciativas “más ambiciosas”. El viernes pasado, ante el órgano de dirección del partido, Belarra pidió un “nuevo escudo social y verde” para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Ucrania. En él se incluía un “plan de emergencia energético” que contempla un recorte adicional de los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas y una ayuda de 300 euros a las familias para pagar las facturas de luz y gas, además de una reforma fiscal “urgente” para “blindar” los servicios públicos y que permita crear un “sistema estatal de cuidados” que recoja la renta de 100 euros al mes por crianza y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, que su ministerio negocia en la ley de diversidad familiar.

Pese a la presión de Podemos, los planes del Ministerio de Hacienda, que dirige la socialista María Jesús Montero, no son por ahora la subida de tipos. Hace diez días, en la presentación del informe del comité de expertos para acometer esa reforma, la responsable del departamento descartó una subida inminente debida a la escalada bélica, lo que provocó una nueva fricción con el socio minoritario, que ya en febrero había anunciado una propuesta de reforma que molestó a Montero.

La formación de Belarra propone, además, que el Gobierno confisque “todos los bienes” de los oligarcas rusos en España para utilizar esos recursos económicos a ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano, “ya sea en su propio país o en las iniciativas de acogida de refugiados en suelo español”, especifica. El partido cree que se deben “revocar inmediatamente” todos los visados otorgados a multimillonarios rusos y obtenidos por vía extraordinaria como consecuencia de sus inversiones en España.

El PP de Alberto Núñez Feijóo también apremia a Sánchez, apenas un día después de haber suscrito un acuerdo con el presidente que ya contempla más rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan las familias”. El barón gallego, uno de los principales artífices de ese pacto como líder in pectore del PP —aunque no será elegido presidente de los conservadores hasta el congreso del 1 y 2 de abril— elevó este lunes el tono contra el Gobierno y le acusó de “forrarse” con la recaudación de impuestos sobre la luz y las gasolinas, a pesar de que las comunidades autónomas reciben el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Electricidad y el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos, que destinan a sufragar servicios públicos.

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