El éxito de una reforma

El unánime acuerdo alcanzado este jueves sobre la reforma laboral culmina con éxito varios meses de durísimas negociaciones. Contribuye a eliminar la temporalidad abusiva, a asentar la paz social, afianzar la estabilidad política y garantizar el acceso a los fondos europeos.

Su dimensión histórica radica en que por primera vez en más de 40 años una reforma del mercado laboral de esta envergadura —y muy controvertida— logra el consenso de los agentes sociales al completo. Es un logro que ayuda a rebajar el pesimismo social que genera la persistente polarización de la vida pública española.

El acuerdo consagra instrumentos, en principio adecuados, para acabar con el fraude sistémico enroscado a los contratos temporales, justo en lo que fracasó la reforma de 2012 del entonces presidente Mariano Rajoy. Los temporales duplican en número la media europea y condenan a una humillante precariedad —concatenada, con un ritmo frecuentemente de un contrato cada día— a millones de trabajadores. Esta era la primera gran obligación de la reforma. Los contratos normales serán los indefinidos. Los temporales lo serán solo con causas específicas justificadas y controladas, además de acotadas —seis meses ampliables al doble por convenio, o 90 días—, con singularidades para sectores como el agrícola o la construcción.

La credibilidad de la nueva norma está en que garantiza un gravoso coste para el incumplidor. Las sanciones se calcularán por cada uno de los trabajadores afectados y no por cada compañía individual responsable. La exigencia de rigor legal se traslada también a las subcontratistas, cuyos salarios dependerán del convenio sectorial regulador de su actividad. El acuerdo equilibra las fuerzas entre empresarios y trabajadores. El redactado final de este capítulo ha logrado completar el doble designio de la Comisión Europea: ofrecer seguridad al trabajador, proporcionar flexibilidad al empresario.

La seguridad se refuerza con la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa (aunque con limitaciones) o la vigencia de los convenios tras su vencimiento, entre otras exigencias sindicales. La flexibilidad se cifra en el mantenimiento de los estándares indemnizatorios por despido, en la renuncia al incremento directo del poder sindical en las pymes y, sobre todo, en el reconocimiento de la potestad empresarial de organizar las condiciones del trabajo (artículo 41 del Estatuto).

Estamos ante una reforma profunda que no supone ni la derogación total de la anterior ni exhibe el inmovilismo por el que clamaban otros. Debe mucho tanto al realismo tenaz de los sindicatos como al pragmatismo del presidente de la patronal, que afianza la autonomía empresarial ante las invitaciones catastrofistas al boicoteo por parte de la derecha política. Y también al Gobierno, que ha estado tejiendo durante meses un dificilísimo equilibro y ha conseguido hacer convivir las diferencias de la coalición para alumbrar una reforma imprescindible. Todo ello hace presumir una fluida tramitación en el Congreso de los cambios acordados y el visto bueno de Bruselas: de él depende la vía libre para los fondos europeos en 2022.