La reforma de la reforma

La nueva reforma laboral es imprescindible porque la de 2012 ya no sirve: fue en muchos aspectos un fracaso. Ha sido impugnada y modificada por los tribunales en lo relativo a la ultraactividad. En puntos esenciales, como la negociación colectiva y los convenios, ha disparado la asimetría entre las partes en perjuicio de la laboral. En lo que se presentó como su gran objetivo —acabar con la dualidad del mercado entre trabajadores fijos y temporales—, ha fracasado con estrépito y su efecto ha sido multiplicar la temporalidad fraudulenta a través de contratos abusivos de uno o varios días. La precariedad que ha generado ha sido extrema, con cifras que duplican la media europea.

En lugar de un regreso imposible e indeseable a la situación anterior a 2012, se trata ahora de proceder a su sustitución, a su renovación, a una ambiciosa reforma de la reforma. Eso supone también recuperar y actualizar los aspectos que hayan contribuido a la creación de empleo —algunos elementos de flexibilidad—, pero evitar a la vez su sesgo injusto mediante compensaciones adecuadas. El objetivo modernizador de las nuevas relaciones laborales tiene que lograr combinar el aumento de la seguridad laboral para el trabajador, con la calidad del empleo como norte, y la flexibilidad que permita incrementar la competitividad y la consiguiente reducción del paro.

Es lo que Europa formula como “flexiseguridad”. Los dos términos del concepto son igualmente imperativos: ni sirve una flexibilidad ilimitada que precarice al grueso de la población laboral ni sirve tampoco una seguridad ultraburocrática que impida a las empresas disponer de márgenes de adaptación a mercados cambiantes. Al sistema en su conjunto, debe permitirle descubrir y aprovechar futuros nichos de empleo no convencionales, generados por el exponencial desarrollo tecnológico y por las capacidades y habilidades de las nuevas generaciones.

La reforma de la reforma no solo es indispensable; es también urgente para acompañar mejor a la actual recuperación, y hacerla apta para distintas legislaturas. Pero el primer paso es el acuerdo, en el seno del Gobierno, entre la sensibilidad más proclive a las concretas propuestas sindicales y la más consciente de la impronta flexible que inspira las reglas laborales en toda Europa. Sin acuerdo gubernamental, no hay tampoco posibilidad alguna de consenso equilibrado entre los agentes económico-sociales. La misma reforma es, además, requisito de la Unión Europea (asumido por España) para el desembolso de los fondos Next Generation. La expectativa de un fracaso en la reforma laboral o una distancia insuperable entre los socios del Gobierno resultaría dramática. Aunque algunos consideren muy improbable el bloqueo de los fondos, el Ejecutivo se encontraría en un callejón sin salida y probablemente afectaría también a la reputación de una oposición conservadora que, por pobres cálculos electorales, ha azuzado a la patronal a romper su vocación pactista.

El acuerdo es necesario, es urgente pero también es posible. Los principales escollos afectan a la temporalidad (configurándola como excepción a la regla), la ultraactividad (prolongación de convenios tras su vencimiento) y la jerarquía entre los convenios de empresa o de sector. Ninguno es técnicamente insuperable y los tres caen bajo el arco de la voluntad política capaz de encontrar lugares de encuentro.