Los Presupuestos del día después

Diversos indicadores vienen señalando desde hace meses que la recuperación tiene pulso: el empleo ya ha alcanzado el nivel previo a la crisis, al igual que la recaudación fiscal (en el acumulado hasta julio es un 3% superior al mismo periodo de 2019) o el índice de sentimiento económico que elabora la Comisión Europea (altamente correlacionado con la actividad). En el otro lado de la balanza, los problemas de suministro en determinadas cadenas de producción (como los semiconductores en el sector de la automoción), la inquietud creciente en torno a la inflación (asociada al repunte de precios energéticos) y los últimos datos de contabilidad nacional del INE aconsejan ser cautos.

El Gobierno calcula que el déficit público habrá pasado del 11% en 2020 al 5% en 2022. Se trata de una reducción notable, que fía exclusivamente a la inercia de la recuperación económica. Con las actuales previsiones, España entrará en 2023 con un déficit estructural equivalente, al menos, al 4% del PIB. Para entonces, presumiblemente, las actuales reglas fiscales europeas dejarán de estar en suspenso, de modo que los Presupuestos que se elaboren el próximo año deberán ceñirse a un nuevo marco europeo de consolidación fiscal en el que vuelva a activarse la lupa sobre gastos e ingresos. Puede, por lo tanto, que los actuales Presupuestos sean los últimos verdaderamente expansivos del ciclo pandémico, a la espera de conocer qué tratamiento contable a efectos de déficit (“regla de oro”) recibirá las inversiones realizadas a cargo de los fondos Next Generation.

El día después, la realidad no habrá cambiado: el déficit estructural de nuestras cuentas públicas no tiene su origen en un gasto corriente o de inversión suntuaria, sino en la menor capacidad recaudatoria de nuestro sistema tributario. Donde Alemania recauda en impuestos el equivalente al 40,3% del PIB y Países Bajos un 39,3%, España llega al 34,8% (5,7 puntos menos que el promedio del área euro, que se sitúa en el 40,5%, y que son más si la comparación se hace con países como Francia, Italia o los llamados frugales). Existe, por tanto, una vía para consolidar las cuentas públicas sin hacerlo en detrimento de la inversión o del gasto social. Esa vía pasa por una reforma fiscal, postergada en los actuales Presupuestos, en la que el debate no debería girar únicamente en torno a los tipos impositivos sino, sobre todo, en torno a sus respectivas bases imponibles. Contribuiría a ello la reducción de la tasa de paro estructural y de la precariedad laboral, que actuarían sobre las rentas del trabajo, así como la lucha contra el fraude. Pero también lo haría, en el terreno estrictamente fiscal, una profunda revisión del laberinto de exenciones, reducciones y deducciones que minan la capacidad recaudatoria de las principales figuras tributarias. Entre ellas, las compensaciones por pérdidas en ejercicios anteriores en el impuesto de sociedades, cuya recaudación sigue sin recuperarse tras la crisis financiera internacional de 2008.

No se trata, en una economía cada vez más globalizada, de una cuestión de ámbito exclusivamente local, sino que debe tener su desarrollo en los foros multilaterales correspondientes (comenzando por la propia Unión). En este sentido, el reciente acuerdo de la OCDE sobre un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades debería ser solo un primer paso.