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COLUMNA
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Golpistas

No se puede separar legalidad y democracia, porque esta no puede sobrevivir sin aquella

Enrique Gil Calvo
La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal
La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal a su salida de la Audiencia Nacional donde declaró en calidad de imputada ante el juez que investiga la 'Operación Kitchen'.A. Pérez Meca (Europa Press)
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El PP advierte al Gobierno de que irá “hasta las últimas consecuencias” para evitar los indultos a los líderes del ‘procés’

Resulta chocante la desaforada cruzada del jefe de la oposición contra los indultos a los líderes secesionistas, un debate de importancia menor hinchado hasta la exasperación por el histérico fanatismo de una derecha enferma de santa indignación. ¿A qué viene tan ciega hybris cargada de trágica desmesura, como la retrató Llamazares en su columna del sábado pasado? Puede que tanto aspaviento solo sea puro teatro electoral, pero también puede deberse a la solapada intención de tapar y hacer olvidar sus inconfesables vergüenzas, hoy puestas al desnudo por la investigación sumarial de la Operación Kitchen, que desvela los criminales intentos del Gobierno del PP por enterrar bajo siete llaves sus pasadas fechorías. ¿Y acaso esa operación no es una muestra de golpismo antidemocrático de baja intensidad, equiparable a los hechos de 2017 por los que se condenó a los secesionistas?

El ilegal comportamiento de la cúpula del PP es tan golpista, en menor escala de magnitud, como el de la cúpula secesionista. Al menos, si entendemos el golpismo en sentido amplio como aquel abuso de poder ejecutado por las autoridades que utiliza ilegalmente la fuerza de la ley para esgrimirla con impunidad contra sus adversarios a fin de blindar su ocupación del poder. Un golpismo institucional, el de populares y separatistas, que muestra claras analogías en sus tres componentes delictivos: el mismo recurso a la corrupción, tanto privada (casos Pujol y Bárcenas) como partidista (casos CiU y Gürtel); la prevaricación, al instrumentalizar los poderes públicos (la policía y los tribunales en el caso del PP, el Parlament en el secesionista) para vulnerar la legalidad; y la obstrucción de la justicia, pues ambos utilizaron su poder ejecutivo para ocultar información y destruir pruebas que pudieran incriminarles revelando su violación de la ley. Es la inversión de la rule of law: un golpe antidemocrático en toda regla contra el Estado de derecho.

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Sin embargo, entre ambos golpismos opuestos existen sensibles diferencias. Los secesionistas siempre han dado la cara, cometieron sus delitos exhibiéndolos ante la vista del público y después los han reconocido con orgullo e insolencia. Su golpismo es pues de tipo ostentoso y arrogante. En cambio, la cúpula pepera ejerció su golpismo en la clandestinidad con opaco secretismo, sin dar jamás la cara y negándose a reconocer sus delitos contra toda evidencia: un golpismo inconfesable y clandestino. Lo cual implica muy distinta catadura moral, lo que revela un cinismo sin escrúpulos. El mismo que demuestran bloqueando las cuatro instituciones judiciales que controlan para blindar su impunidad con el falaz pretexto de “reforzar su independencia”, y por eso vetaron la elección para el CGPJ del juez que firmó su sentencia condenatoria por el caso Gürtel. ¿Cabe cinismo mayor que coaccionar a los jueces en defensa de la independencia judicial? De ahí el lapsus freudiano en que incurrió Casado desde la tribuna del Congreso al separar legalidad y democracia, cuando esta no puede sobrevivir sin aquella.


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