Acceso a la vivienda: edificar el futuro

España tiene una de las edades de emancipación más tardías de Europa. Según Eurostat, en 2020 los jóvenes españoles salieron del hogar paterno, como media, a los 29,8 años. A tan desconsoladora estadística (en Suecia esa media ronda los 18 años) contribuyen multitud de factores, entre ellos el paro, la precariedad y los bajos niveles salariales. Pero las características propias del mercado inmobiliario conforman una realidad problemática a la que es urgente poner remedio. La situación actual entorpece de forma inaceptable los proyectos de vida de las generaciones más jóvenes en un momento decisivo para ellos y para la sociedad, que puede beneficiarse de su energía transformadora.

Las causas son claras. La Gran Recesión, epítome en España de los excesos de la burbuja inmobiliaria, cortó en gran medida la que había sido la principal vía de acceso de los españoles a la vivienda: endeudarse mediante una hipoteca para comprar una casa. Quedó la opción del alquiler. Pero en un mercado con una oferta escasa y mayoritariamente en manos de particulares, pronto los precios en las grandes ciudades se dispararon, creciendo muy por encima de lo que lo han hecho los salarios. Esto sucedió, además, en un contexto de presupuestos públicos menguantes con los que no se apostó por hacer una política de vivienda digna de tal nombre, a la altura de lo que un Estado de bienestar necesita y de lo que la Constitución, en su artículo 47, reconoce como un derecho.

Más debate hay, como es lógico, en el apartado de las soluciones. Actuar por el lado de la oferta se perfila como la mejor opción. En ese sentido, el primer paso debe ser encaminar los recursos públicos y alinear a los diferentes niveles de la Administración hacia el objetivo de hacer una política de vivienda más ambiciosa que construya un parque público más consistente. Para seguir el camino no hace falta una gran imaginación. Hay ejemplos próximos de políticas de vivienda exitosas como los de Austria y Países Bajos. En ambos casos queda clara su marca diferencial, ya que lideran la lista de países europeos con mayor porcentaje de vivienda social, mientras España queda rezagada a la cola. La meta por tanto es engrosar ese parque de arrendamientos asequibles con precios acotados por los poderes públicos, aunque en su desarrollo es deseable la colaboración de la empresa privada. Dotarse de este tipo de viviendas, enfocadas a los jóvenes y también a los ciudadanos con menos recursos, es la meta y una solución estructural al problema. Por el lado de la oferta también conviene no perder de vista los cientos de miles de viviendas vacías, para las que se pueden estudiar medidas fiscales que estimulen un uso más beneficioso para el conjunto de la sociedad.

La solución estructural de aumento del parque público, naturalmente, llevará años. Es lógico pues estudiar medidas coyunturales. Entre ellas, los incentivos fiscales parecen mejor opción que el control de precios. Los socios de Gobierno barajan precisamente congelar las rentas en las áreas donde más han subido. Es esta una vía que en términos generales plantea dudas en términos de eficacia. Pero no se trata como algunos sostienen de una medida de corte radical, según demuestra la experiencia de otros países europeos, mientras se diseñe un sistema bien acotado, moderado, claro, y con garantías jurídicas adecuadas para no sembrar mayor confusión donde se necesita mayor transparencia.

Capítulo 4. Vivienda

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