Paro y precariedad juvenil: fallo sistémico

La democracia española ha logrado grandes avances en las últimas décadas, uniformándose a la media de los países de la UE en muchos aspectos e incluso superándola en algunos. Por desgracia, nada de esto es cierto con respecto a la integración de los jóvenes en el mercado laboral, con todas las consecuencias vitales que ello acarrea. España está en el furgón de cola de la UE en cuanto a tasa de paro juvenil —cercana al 40%, más del doble de la media comunitaria— y dos de cada tres jóvenes con empleo tienen un contrato temporal (veinte puntos por encima de la media europea). La crisis pandémica se ha vuelto a cebar con los jóvenes en lo referente a la economía: mientras los trabajadores mayores de 45 años ya superan los niveles de empleo anteriores a la crisis, los menores de 25 años están un 15% por debajo. Es una constante: los jóvenes son siempre los primeros en salir y los últimos en reincorporarse, la válvula de ajuste de nuestro mercado laboral.

El fallo es sistémico: concierne al sistema educativo, al productivo y a las características del mercado laboral. La precariedad se inicia con las debilidades del sistema educativo, en particular el abandono escolar temprano (el segundo más alto de la UE), la insatisfactoria implantación de la formación profesional o la posición rezagada de nuestros estudiantes en cuanto a sus capacitaciones tecnológicas. La estructura económica española, y cierta cultura empresarial, tradicionalmente han fomentado la precariedad. Los desarrollos modernos, con una actividad económica más fragmentada y relaciones contractuales más flexibles y esporádicas, no ayuda. En el mercado laboral, el diagnóstico es compartido: excesivo peso de la temporalidad, desincentivos a la movilidad profesional, fragmentación del propio mercado.

Los problemas están claros; las soluciones, menos. De entrada, hay que huir de planteamientos que sostengan que una sola reforma puede tener efectos taumatúrgicos. Las soluciones necesariamente habrán de ser múltiples. El Gobierno ha puesto en marcha distintas iniciativas. Al margen de la reforma educativa aprobada hace unos meses, se perfila ahora un proyecto de ley en materia de formación profesional y cambios en la manera de evaluar si los alumnos deben o no repetir cursos. En cuanto a estrategias en el mercado laboral, acaba de lanzarse el Plan de Garantía Juvenil, dotado de unos 5.000 millones para el periodo 2021-2027. Estas iniciativas tienen elementos apreciables, pero será necesario mucho más para resolver un problema enquistado.

Es preciso llevar la discusión de lo abstracto a lo concreto y estudiar a fondo medidas vigentes en otros países, ponerlas en marcha, evaluarlas y, si es necesario, corregirlas. Hace falta acertar en las grandes orientaciones. Evitar que la educación prepare “a los alumnos para un mundo que ya no existe”, como sostiene el director del área educativa de la OCDE; o reformular el sistema contractual para desincentivar la dualidad. Y reforzar pequeñas acciones que pueden tener un impacto apreciable.

El abanico es enorme, y hay que estudiarlo con mente abierta. Por ejemplo, podría considerarse el establecimiento de un salario mínimo ajustado por niveles de edad que puede tener efectos muy diferentes según el colectivo al que se aplique, como ha señalado un reciente análisis del Banco de España. En Holanda está escalonado según la edad, y en Alemania se excluyen determinados colectivos, como los que hacen algunos trabajos temporales o aprendices. Por otra parte, es necesario avanzar en un perfilado detalladísimo de las capacitaciones de los desempleados, en paralelo al de las ofertas laborales, que explote al máximo el inmenso caudal de datos del que disponen los servicios públicos de empleo. También debería avanzarse en las tutorías individualizadas para atajar, de forma quirúrgica, el abandono escolar temprano. Tienen un coste relativamente bajo y podrían implementarse de forma eficaz en poco tiempo.

Hay que perseguir mejoras en todo el espectro, inspirándose en otras experiencias, evaluando los resultados, anteponiendo pragmatismo a ideología y sin olvidar que es una prioridad absoluta, no solo por el bien de los jóvenes, sino del conjunto de la sociedad.