Serios problemas en la coalición PSOE-Podemos

La alianza gubernamental entre PSOE y Unidas Podemos exhibe de forma cada vez más descarnada serios problemas que urge resolver. Por un lado se observan constantes y lamentables episodios de descoordinación y competencia interna que minan la labor gubernamental y la iniciativa legislativa de la coalición. Por el otro, el socio minoritario agita desde el corazón de las instituciones retóricas irresponsables, como la reciente y prolongada reticencia a condenar la violencia callejera. Ambas cuestiones son muy dañinas para España.

En el primer orden de problemas hay multitud de ejemplos, desde la política de vivienda hasta la regulación de los conocidos como delitos de expresión. Pero el más desolador de todos es la pugna abierta entre las dos formaciones alrededor de la legislación en materia de igualdad. Es una cuestión en la cual sería oportuna la mayor unidad posible, precisamente para dar vigor a la protección de colectivos en situaciones difíciles. En cambio, se detecta el desagradable aroma del deseo de ambas partes de rentabilizar de forma partidista las iniciativas. El PSOE debe aceptar un factor primario: UP dirige el Ministerio de Igualdad; UP debe evitar precipitar, para poder hacer bandera de ellas el 8 de marzo, iniciativas que requieren sosiego y consenso. Además de fallos de coordinación interna, también se detecta una seria deficiencia en la construcción de alianzas y complicidades parlamentarias mínimamente estables. Es evidente que esto es tarea complicadísima a la vista del panorama del hemiciclo del Congreso. Pero la sensación de improvisación ha adquirido recientemente tintes inaceptables en la tramitación del decreto ley de gobernanza de los fondos europeos, finalmente aprobado gracias, nada menos, a la abstención de Vox.

El segundo orden de problemas es más inquietante aún. La irresponsabilidad institucional de Podemos causa un inaceptable daño. La lista de oprobios es extensa. Pueden citarse la inmadura ligereza con la que se cuestiona la forma de Estado (sin que estén a la vista soluciones de consenso mejores) o la plenitud democrática de España (en pleno pulso sobre ello con una potencia autoritaria). Claro que la democracia española es mejorable, pero es fácil imaginar mejores maneras de lograrlo que las declaraciones de dirigentes de Podemos. Reprobables resultan, además, la reticencia a condenar la violencia callejera (proferida solo tras una ola de indignación) o la agitación del espectro de un control democrático de los medios. Podemos debería entender que esta actitud es dañina no solo para España, sino para su propio futuro, al autocondenarse de esta manera a una marginalización, al ser percibido por una mayoría como un actor político tóxico. Es útil para la democracia española una fuerza con fuertes planteamientos izquierdistas; no lo es una que desestabiliza. En estas circunstancias, el PSOE deberá ser contundente en rechazar estas actitudes. Cada titubeo representa un riesgo de contaminación para un partido clave. El presidente Sánchez habría hecho bien en replicar antes a las declaraciones del vicepresidente Iglesias.

Ante todo ello, debe observarse que esta coalición es la geometría de lo posible en el Parlamento elegido por los españoles. Quienes desde la crítica radical sostienen que esta coalición jamás debería haber visto la luz deben explicar qué alternativas había. Ni la gran coalición es ahora una opción viable en España ni era deseable votar por tercera vez. Esta misma coalición ha ofrecido resultados positivos: lo son avances sociales como la ley de eutanasia o el establecimiento del ingreso mínimo vital. La aprobación de los Presupuestos, aunque perfectibles, es un gran avance con respecto a la inestable interinidad anterior. A ello ha contribuido UP, con empuje social y apuntalando la gobernabilidad. Lo que los ciudadanos no merecen es este nivel de conflictividad en el Gobierno y, sobre todo, que uno de sus miembros parezca dedicarse más a desestabilizar que a construir serenamente.

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