Avance social

La nueva ley de eutanasia que previsiblemente alumbrará esta semana el Congreso de los Diputados es una gran noticia en varios frentes a la vez, no solo por lo que supone en derechos ciudadanos, sino también porque vuelve a situar a España en el grupo de cabeza de las conquistas sociales y porque ha exhibido la capacidad de pactar y llegar a acuerdos políticos de forma transversal, más allá de los bloques ideológicos.

Casi 23 años después de la muerte de Ramón Sampedro, el tetrapléjico que se quitó la vida tras librar infructuosamente la batalla por el derecho a hacerlo de forma legal, los ciudadanos podrán al fin recurrir de modo reglado a una asistencia que haga posible su muerte en condiciones dignas si sufren enfermedades graves, incurables, crónicas o invalidantes. El sufrimiento de esta etapa de la vida en que el desenlace mortal no solo es seguro, sino que además llega en condiciones penosas para el paciente, tendrá una solución legal, avanzada y profesional en una sociedad que estaba demandando el cambio. Cerca de un 90% de la población se muestra favorable a la eutanasia, según una encuesta de Metroscopia de 2019. El procedimiento que recoge la ley en la formulación que llega al pleno del Congreso, además, es garantista y contiene varios frenos de emergencia, ya que el enfermo en cuestión deberá confirmar al menos cuatro veces su voluntad, y una comisión evaluará las demandas, además de los propios médicos. La objeción de conciencia está prevista, aunque las comunidades deberán impedir que eso dificulte la eutanasia.

España se situará con esta legislación en la vanguardia de derechos en la materia, junto con un reducido grupo de países, entre los cuales en Europa pueden señalarse los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. El espíritu de avance social que supusieron la ley del matrimonio homosexual, la ley de violencia de género o la ley de igualdad se retoma en un paso loable por su aproximación a los padecimientos reales de los ciudadanos.

El avance, además, viene avalado por una mayoría transversal que se ha evidenciado en la tramitación parlamentaria hasta la fecha. Además de los partidos de la coalición del Gobierno y sus aliados de izquierdas, el proyecto cuenta con el respaldo de formaciones de corte ideológico liberal conservador, como Ciudadanos, PNV y PDeCAT. El PP y Vox han optado por quedarse aislados en su oposición a esta iniciativa que previsiblemente obtendrá 200 de los 350 votos del Congreso y que muestra que las posiciones ideológicas de la derecha se desmarcan de las demás. Con discursos inaceptables en este momento histórico como que es “un proyecto de ingeniería social” (PP) o “asesinato” (Vox), ambos partidos se mostraron la semana pasada, durante el debate en la Comisión de Justicia del Congreso, incapaces de asumir el precepto de que hay que saber “legislar más allá de tus propias creencias”, como señaló el PNV, partido de raigambre tradicional y católica. La capacidad de pactar es digna de celebrar, como lo es, por encima de todo, el avance social que ahorrará sufrimiento a los enfermos que así lo soliciten o lo hayan solicitado antes de su incapacitación. Porque tanto la eutanasia como el suicidio asistido serán derechos, no obligaciones.