El Gobierno salva el decreto de fondos europeos gracias al apoyo de Bildu y la abstención de Vox

El Gobierno ha logrado convalidar en el Congreso el decreto que regula la ejecución del multimillonario fondo europeo para la recuperación económica y social con la más extraña combinación política: el voto favorable de EH Bildu y la abstención de Vox, que ha sido decisiva. El Ejecutivo se ha visto en un apuro, al borde de sufrir una derrota parlamentaria en un asunto crucial, como consecuencia de la brecha abierta con sus aliados de ERC por las elecciones catalanas y la candidatura a la Generalitat del exministro Salvador Illa, a lo que se ha unido la decisión del PP y de Ciudadanos de votar en contra. Tras varias horas de sofocón, la postura de Vox permitió que el Gobierno sacase el decreto con 170 votos a favor, 126 en contra y 52 abstenciones.

Las elecciones catalanas y las distintas batallas que se cruzan allí asoman detrás de todos los movimientos escenificados este jueves en el Congreso. La pugna entre el PP y Vox por el liderazgo en la derecha es durísima, y en estos comicios se juegan su primacía en una comunidad clave. El PP se vio sorprendido con el inesperado auxilio al Gobierno del partido de Santiago Abascal, y se lanzó con todo contra él. “Vox es un salvavidas para Sánchez”, clamó Teodoro García Egea, número dos del PP. Mientras, Vox defendía que su voto, que no se ha negociado con el Gobierno ni con el PSOE, según ambas partes, es la “opción más sensata” para que los fondos europeos lleguen cuanto antes a los comerciantes y empresarios que los necesitan, una manera de atraerse el favor de un sector fundamental de su electorado. Ciudadanos, que ya había votado “no” por vía telemática cuando llegó la sorpresa de Vox, se quedó también descolgado.

Los independentistas de ERC se desmarcaron del grupo de aliados del Gobierno y ya el miércoles por la tarde anunciaron su voto en contra con el argumento de que el reparto de fondos europeos “está pensado a la medida de las grandes empresas”. En ese momento el Gobierno vio que tenía un problema muy serio y tocó a rebato con sus socios. Carmen Calvo, la vicepresidenta primera y máxima responsable de este decreto, puso la maquinaria en marcha para buscar apoyos. Llamó a todos. Buscó incluso la abstención de los cuatro diputados del PDeCAT, que podrían haber sacado del apuro al Ejecutivo. Pero en plena campaña catalana esa opción era inviable. Nadie quería ser el salvador del Gobierno una vez que ERC se había salido de la mayoría. La opción de Ciudadanos, que otras veces fue la solución última para el Ejecutivo, se cerró rápido. Era un no. El PP descartó también la abstención, a pesar de que estos fondos son fundamentales para las autonomías y los municipios donde gobierna. Los populares exigían un replanteamiento completo del decreto.

Casi a la desesperada, PSOE y Unidas Podemos buscaron apoyos de todos los grupos pequeños posibles. Y los encontraron en EH Bildu, PNV, Más País y otras formaciones regionalistas. Pero aun así solo sumaban algo más de 170 de los 350 escaños de la Cámara. La derrota empezó a ser una posibilidad real, algo que habría supuesto un golpe durísimo no solo para el Ejecutivo sino para la imagen de España, que está en plena negociación con Bruselas por estos fondos. En Italia, el otro gran receptor del dinero europeo, el Gobierno ha caído precisamente por la batalla entre sus aliados por la gobernanza de este fondo, lo que da una idea de la importancia del asunto. En plena pandemia, con una crisis económica profunda, la gestión de los 72.000 millones de euros de ayudas europeas es la clave de la política para los próximos meses.

En ese sentido, la importancia de la votación era comparable a la de la prórroga del estado de alarma en plena pandemia, en la que también los populares votaron no en dos ocasiones y el Gobierno tuvo que recurrir a Ciudadanos. O a la de los recortes del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, cuando el PP de Rajoy también votó en contra y puso en riesgo la aprobación de las medidas reclamadas por las instituciones internacionales, que finalmente salieron adelante gracias a la abstención de la desaparecida CiU. Entonces, incluso el banquero Emilio Botín intentó convencer a Rajoy de que al menos se abstuviera, pero no lo logró. El decreto salió adelante por un solo voto.

Brecha abierta con ERC

Si en 2010 todo giraba en torno a esos recortes, ahora, con la austeridad ya superada, es el fondo europeo el instrumento crucial para salir de la crisis. Y la brecha abierta con ERC colocaba el decreto del Gobierno al borde la derrota. Pero entonces llegó Vox y lo salvó con su abstención. El Gobierno supera así una situación muy comprometida con una confluencia totalmente imprevista: el apoyo de la izquierda abertzale y el consentimiento de la extrema derecha. Casi había que frotarse los ojos al ver a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, “agradecer muy especialmente a los grupos que han decidido ayudar a su país aunque sea de forma indirecta”, en clara referencia a Vox y al portavoz de este grupo, Iván Espinosa de los Monteros, presumir de su posición “sensata”.

Las negociaciones obligaron al Ejecutivo a hacer concesiones a las formaciones que lo van a apoyar y que envolvieron su apoyo en críticas a la actitud del Gabinete, al que reprochan “opacidad” y escasa capacidad negociadora. El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, explicó que el Gobierno se ha comprometido a negociar cambios durante la tramitación del decreto como proyecto de ley, ya que los abertzales, al igual que otras formaciones de izquierda, entienden que el plan tiene un sesgo favorable a las grandes empresas. Íñigo Errejón, portavoz de Más País, anunció en Twitter que pactó con el Ejecutivo un “proyecto piloto” para estudiar una reducción de la jornada laboral, una de las medidas que más venía reclamando su formación política. También respaldaron el decreto Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Partido Regionalista Cántabro. El Ejecutivo no se libró de los reproches de algunos de sus socios como el PNV, que le recriminaron que actúe “como si tuviera mayoría absoluta” y solo se baje a negociar a última hora. El más gráfico fue Joan Baldoví, de Compromís: “Lo suyo es como el cuento de Pedro y el lobo. Nos llaman el día antes para decir ‘que viene la derecha’. Un día de estos se van a equivocar”.

El frente de rechazo era en esta ocasión muy amplio: PP, Esquerra, Ciudadanos, Junts, PDeCAT, Navarra Suma, BNG y Foro Asturias. Todos coincidieron en advertir de los problemas que puede causar la relajación de los controles administrativos y ambientales previstos en el decreto para agilizar la aprobación de proyectos. Los grupos nacionalistas denunciaron además que el plan es “centralizador” porque reserva, según ellos, un papel secundario a las comunidades autónomas. Con este reparto de fuerzas, Vox ―que suele votar en contra de cualquier cosa que salga del Gobierno― tenía en su mano infligir una dura derrota al Ejecutivo y colocarlo en una incómoda posición ante Bruselas. Pero, rompiendo su costumbre, la fuerza de extrema derecha dio un alivio al PSOE al anunciarle que se abstendrá.

El PP se echó en tromba contra la formación de Santiago Abascal. “¿Se apunta Vox a la concentración de poder, al clientelismo y al riesgo de corrupción?”, ha escrito en Twitter la diputada Elvira Rodríguez, que ha sido la representante popular en el debate. En la misma red social, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha reprochado a Vox que permita la aprobación de un “decreto peronista”.

Espinosa de los Monteros, en cambio, presentó su sorprendente postura como un ejercicio de responsabilidad. “Abstenernos es lo más sensato”, justificó el portavoz de Vox ante los periodistas. “Cada día que pasa hay un comerciante que está cerrando. Queremos que las ayudas lleguen lo antes posible”. En su intervención anterior en el pleno, Espinosa de los Monteros, habitualmente el parlamentario más templado de Vox, no había dado muestras de que su grupo se dispusiese a facilitar la aprobación del decreto. Aunque subrayó el carácter “decisivo” del fondo europeo para salir de la crisis y el “reto” que para España supone su gestión, acusó al Gobierno de querer utilizarlo para crear “la mayor red clientelar de la historia”.

En el pleno, el Gobierno también logró sacar adelante, con mucha mayor holgura, otros cuatro decretos: el que regula las medidas transitorias para afrontar las consecuencias del Brexit; el que concede beneficios fiscales al sector turístico, la hostelería y el comercio; el que frenará temporalmente los desahucios, muy contestado por la derecha, que lo considera un “ataque a la propiedad privada”; y otro más para hacer frente al pago urgente de deudas, en algún caso por ejecución de sentencias, entre ellas la que obliga al Estado a indemnizar con 1.350 millones a las compañías que promovieron el fallido Proyecto Castor para almacenar gas en el Mediterráneo.