Las comunidades exigen más participación en la coordinación de los proyectos europeos

Más participación. Las comunidades autónomas han hecho frente común y han pedido a Hacienda tener más peso en la gestión de las ayudas que la UE ha concedido a España para impulsar la recuperación. Lo dejaron claro en el cara a cara virtual celebrado el jueves entre los consejeros regionales y la ministra del ramo María Jesús Montero, en el seno de la primera conferencia sectorial encargada de coordinar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Ahora, queda por ver cómo se hará.

Montero, de momento, ha aceptado revisar el reglamento de funcionamiento interno de esta conferencia entre regiones y Hacienda. En principio, la propuesta atribuía a Hacienda el mismo número de votos que las comunidades (19) más uno de calidad de la ministra. Un sistema que las regiones han rechazado en bloque, incluidas las del PSOE, ya que de facto daba al ministerio un derecho de veto. La ministra también se ha comprometido a que la Federación de Española de Municipios y Provincias (FEMP) tenga voz y voto en este nuevo órgano de cogobernanza. Hacienda presentará un nuevo reglamento en la próxima reunión, que aún no tiene fecha.

Algunas comunidades, como la valenciana (PSOE), aseguran que no presentarán alegaciones concretas sobre el nuevo reglamento, al considerar que Hacienda ya se ha comprometido a mejorar la cogobernanza. Otras, como Andalucía (PP-Ciudadanos), aclaran que ya durante la reunión se avanzaron propuestas y que hay otros puntos de fricción. Uno de ellos es que este órgano sectorial no será el único del que reciban información, ya que las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se gestionarán por proyecto. Es decir, habrá reuniones con otros ministerios en función del tipo de inversión. “Es algo que contradice la propia naturaleza de esta conferencia, e incluso a la cogobernanza que en teoría se pretende”, comentan fuentes de la consejería de Hacienda andaluza.

La queja sobre este punto fue extendida. La Región de Murcia planteó que la conferencia prevaleciera para marcar las directrices. Algo ante lo cual “la que ministra de Hacienda se mostró inflexible defendiendo que los fondos se debían repartir en cada conferencia sectorial”, lamentan fuentes de la consejería regional. “Si esta conferencia no tiene esa capacidad de fijar los equilibrios presupuestarios y decidir sobre el reparto de los fondos será solo una pantomima sin utilidad”, añaden.

Aunque sin llegar en ningún momento a la bronca, otras comunidades se mostraron disconformes con este sistema. “Pedimos que el mecanismo de toma de decisión favorezca la consulta”, explica Carlos Fernández Carriedo, consejero de Hacienda de Castilla y León (PP). “Nos parece oportuno que en la conferencia sectorial se debatan y afronten también las reformas que acompañan a este plan, garantizando a las empresas un acceso en igualdad de condiciones”, añade.

Quejas por el reparto del REACT-EU

En lo que no hubo unanimidad fue en las quejas por el fondo React-EU, dotado con 10.000 millones de euros y cuyo reparto en el detalle ―que es por territorio, y no por proyecto― se comunicó a las comunidades autónomas a finales de diciembre. Las regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, a las que se sumó la ciudad autónoma de Ceuta) llevaron el asunto a la conferencia sectorial, pese a estar desvinculado de ella. El pasado miércoles ya habían firmado una declaración conjunta denunciando que las asignaciones no habían sido transparentes y se habían adoptado de forma unilateral, beneficiando a determinadas comunidades por razones políticas.

“El reparto nos parece profundamente injusto”, lamenta Fernández Carriedo. Señala que Castilla y León recibiría casi 600 millones en lugar de 335 si se aplicaran los mismos criterios que se usan para asignar los recursos de la financiación autonómica. “Un modelo que tampoco nos gusta”, aclara. Por ello, pide ajustes que tengan en cuenta la extensión del territorio y la población, dos criterios que Hacienda no ha considerado para establecer el reparto.

El departamento dirigido por María Jesús Montero ha aplicado los mismos criterios que ha usado Bruselas con los Estados para calcular las asignaciones del React-EU: caída del PIB, tasa de paro y desempleo juvenil. La Comunidad de Madrid lamenta, sin embargo, que los cálculos empleados no han sido transparentes, ya que todavía no hay datos oficiales que recojan el impacto de la pandemia en cada región en las variables analizadas. Fuentes de la consejería de Hacienda de Aragón (PSOE) insisten en que lo que más les preocupa es el buen uso de los fondos y lamentan que se pueda abrir un frente entre el Gobierno y las regiones.

Las cinco comunidades del PP y Ceuta reiteraron a Hacienda, en la reunión del jueves, que convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera, la reunión donde se debaten los asuntos de financiación autonómica, para revisar el reparto del React-EU. Una petición que, de momento, ha caído en saco roto.