Hacienda cede ante la presión de las comunidades y revisará el reglamento de gestión de los fondos de la UE

Tensión entre las comunidades y Hacienda por la gestión de los fondos la UE. La primera conferencia sectorial sobre la gestión del plan de recuperación, celebrada este jueves, acabó con la decisión del ministerio de revisar el reglamento que determina el funcionamiento de este órgano ante la presión de varias regiones para tener mayor cogobernanza. El encuentro ya había empezado con las quejas de los consejeros del PP sobre el reparto de los fondos europeos.

No solo las comunidades del PP y Ciudadanos, también otras como el País Vasco y Cataluña, pidieron este jueves modificar el reglamento de organización interna de la conferencia sectorial sobre la gestión de los fondos europeos. La principal queja a este órgano es el peso que se le atribuye al Ministerio de Hacienda en la toma de decisión, asignándole 19 votos (los mismos que comunidades y ciudades autónomas), más uno de calidad, al igual que ocurre con el Consejo de Política Fiscal y Financiera ―donde Hacienda y las comunidades debaten los asuntos relativos a la financiación autonómica―. Las regiones mandarán ahora sus alegaciones para que el ministerio presente una nueva propuesta.

El cambio no modificará, sin embargo, los criterios de reparto de las ayudas, un punto que ha levantado críticas por parte de las comunidades gobernadas por el PP. Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta firmaron el miércoles una declaración conjunta denunciando que el sistema para asignar el fondo europeo REACT-EU —del cual le corresponden 10.000 millones— ha sido “cuestionable tanto en las formas como en el fondo”.

Hacienda comunicó el pasado diciembre el detalle del reparto de esta ayuda. Los criterios para asignar esta bolsa de dinero, que pretende reactivar la economía tras el golpe infligido por la pandemia, son los mismos que ha establecido Bruselas para los Estados, y el ministerio se los comunicó a los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar en octubre.

Los criterios empleados son tres y pivotan alrededor de la caída de la actividad, el aumento del desempleo y la tasa de paro juvenil, con diferentes ponderaciones. El primer punto hace referencia al peso de cada comunidad en la contracción del PIB nacional en el primer semestre de 2020 comparado con el mismo periodo de 2019. “Para la estimación de este indicador se han utilizado los datos más actualizados disponibles publicados por la Airef, a nivel regional, y por el INE, a nivel nacional”, se lee en la carta enviada por Hacienda a los directores generales con fecha 29 de diciembre de 2020. A las cifras obtenidas, el ministerio dirigido por María Jesús Montero ha aplicado después una corrección, en función de la riqueza de cada región —en términos de PIB per cápita— respecto a la media de España.

El segundo criterio empleado pesa un 23% sobre el reparto y toma en cuenta el golpe que la recesión ha causado en el ámbito laboral. Tres cuartos de este importe reflejan el peso que cada autonomía tenía sobre el total de desempleados a inicios de 2020, y el restante 25% considera el aumento de los parados entre enero de 2020 y la media entre julio y agosto del mismo año. De la misma manera funciona el tercero y último elemento considerado para distribuir el fondo REACT-EU entre las regiones, que hace referencia al desempleo juvenil y tiene un peso del 11%.

En función de estos cálculos, Hacienda anunció a finales de diciembre el importe que se asignaría a cada comunidad. Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana son las regiones que tienen la asignación más elevada.

Al poco tiempo de conocerse el detalle del reparto, varias regiones denunciaron la falta de transparencia en el proceso y la toma de decisión de forma unilateral por parte de Hacienda. La Comunidad de Madrid envió una carta a Montero denunciando que todavía no se ha publicado ningún cálculo oficial sobre la caída del PIB regional relativa al periodo tenido en cuenta para calcular las asignaciones, y que tampoco queda claro qué base se ha utilizado para determinar la evolución de la tasa de paro. Otras comunidades, como Castilla y León, han lamentado que el reparto no tiene en cuenta ni la población ni la extensión territorial.

En la declaración conjunta del miércoles, en la que los consejeros del PP redoblan sus quejas, se insiste en que la asignación se ha realizado “con criterios y datos que no son transparentes”, sin dar trámite a las comunidades y beneficiando “a algunas regiones frente a otras atendiendo exclusivamente a razones políticas”. Por ello, los seis consejeros piden a Hacienda convocar un Consejo de Política Fiscal para fijar un nuevo reparto y acuerdan trasladar a la Comisión Europea lo que consideran una “deficiente gestión del Gobierno de España respecto a la información de los fondos europeos”.