El apoyo de Podemos a las protestas por Hasél fractura más al Gobierno

La fractura entre el PSOE y Unidas Podemos dentro del Gobierno se extendió este jueves al área de la seguridad ciudadana y al Ministerio del Interior al cuestionar la formación que lidera Pablo Iglesias la actuación policial ante las protestas violentas tras la detención del rapero Pablo Hasél y al eludir ese partido la condena de los disturbios. Dos portavoces de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique y Rafael Mayoral, fueron los más críticos. El sector socialista rebatió que los altercados que provocaron destrozos y heridos tuvieran nada que ver con la libertad de expresión. La oposición exigió dimisiones.

No es solo ya la campaña catalana ni la disputa por quién patrocina y rentabiliza más las reformas sociales dentro del Gobierno de coalición. Las discrepancias se extienden. La orden judicial sobre el ingreso en prisión del rapero Pablo Rivadulla Duro, conocido como Pablo Hasél, ya descubrió la semana pasada una competición entre el PSOE y Unidas Podemos para evitar su entrada en la cárcel por lo que se consideraba un delito relacionado con la libertad de expresión en algunas de sus canciones o publicaciones en redes sociales. Podemos registró una modificación urgente de varios artículos en el Código Penal, abarcando materias relacionadas con suprimir las condenas por injurias a la corona o el enaltecimiento del terrorismo, y el Ministerio de Justicia optó por anunciar una reforma más limitada y sosegada, presionados ambos partidos por las adhesiones públicas de varios personajes y artistas famosos. La orden judicial para la detención de Hasél se ejecutó este martes en la Universidad de Lleida, donde el rapero se había refugiado, y luego se produjeron una serie de manifestaciones de apoyo al cantante en varias ciudades españolas que desembocaron en protestas violentas y actuaciones policiales que ocasionaron heridos.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, publicó en la noche del miércoles un tuit en el que se decantó por respaldar a los manifestantes y señaló que algunas actuaciones policiales deberían ser investigadas: “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia”.

Ese pronunciamiento es el que desató las reacciones, de la oposición exigiendo dimisiones y que Podemos pidiera “perdón”, y del sector socialista del Ejecutivo, precisando que las algaradas callejeras y destrozos no son libertad de expresión.

En Podemos, además, no se rectificó oficialmente a Echenique. Otro de sus portavoces en el Congreso, Rafael Mayoral, compareció específicamente para pedir una “reflexión profunda” sobre la que catalogó como violencia estructural de varios poderes del Estado: “Hay sectores que no quieren abordar los problemas de fondo, que tratan de abordarlos como problemas de orden público”. Mayoral se negó a condenar las protestas violentas y los destrozos callejeros. Sí lo hizo, sin embargo, otra portavoz nacional, Isa Serra, diputada en la Asamblea de Madrid, que aseguró que su partido siempre prefiere las “movilizaciones pacíficas” y condena “toda violencia” aunque se mostró “en contra de encarcelar raperos y en contra de que (España) sea el país con más condenas privativas de la libertad, incluso más que Irán”.

Mayoral, por su parte, aprovechó para criticar abiertamente a la policía y recordó el caso de los últimos incidentes en Linares, donde los antidisturbios utilizaron postas contra los manifestantes: “Han pasado varios días y ningún responsable ha pasado a disposición judicial”.

Fuentes próximas a la dirección de Podemos en el Congreso matizaron más tarde que en ese grupo no se justifica la violencia de los manifestantes, pero sí se quiso incidir en que alguna actuación policial había sobrepasado lo debido cuando una joven había llegado a perder la visión de un ojo por culpa de una carga.

Las tensiones evidentes en la coalición no aminoran y se han convertido ya en una de las mejoras bazas para los ataques de la oposición, como se volverá a observar en la sesión de control al Gobierno de la semana que viene, tanto en el Senado como en el Congreso, con preguntas al presidente y otros ministros sobre esos disturbios del PP, Ciudadanos, Vox, PNV, ERC y Bildu.

Carmen Calvo reprocha el apoyo de Echenique a las protestas en Cataluña y Madrid

Carmen Calvo y Grande-Marlaska

La vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo, tuvo que salir este jueves de nuevo a rebatir las posiciones de Podemos y hasta reconoció que rara es la semana en la que no debe aparecer para precisar alguna exposición de un componente de esa coalición. “Una cosa es defender que una democracia sea exigente y otra alentar una situación con heridos y detenidos”, dijo en la SER. Y remachó: “Una manifestación que no procedía, no estaba comunicada. Detenidos, destrozos... Los hechos valen más que los análisis que podamos hacer. Todos los derechos tienen límites, también los fundamentales, porque si no son impracticables. La libertad de expresión es nuclear, pero tiene limitaciones. Los acontecimientos no tienen que ver con la libertad de expresión”.

El Ministerio del Interior respondió con un tuit oficial: “Nuestro reconocimiento a la labor de la @policia y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad garantizando la seguridad de todos frente a los altercados provocados por una minoría de violentos. Deseamos la pronta recuperación de los agentes heridos”.

Podemos cuestiona la actuación policial en las protestas

La oposición pide la dimisión del vicepresidente

El nuevo desmarque de Unidas Podemos con relación al caso Hasél, tras su ingreso en prisión y las protestas violentas, soliviantó aún más las tensas relaciones entre los dos partidos componentes del Ejecutivo y la oposición de la derecha. El PP registró en el Congreso una petición de comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y pidió a la Fiscalía que tome cartas en el asunto. “Ante este camino de trumpismo, instamos a la Fiscalía a que actúe e investigue las movilizaciones que se llevan a cabo en las redes sociales”, planteó la portavoz popular, Cuca Gamarra. “Sánchez tiene que destituir hoy [este jueves] a Iglesias, el máximo dirigente del partido que ha alentado la violencia”, agregó. “Él tiene el botón rojo. Es cómplice de lo que hace su vicepresidente”, completó Pablo Montesinos, vicesecretario de comunicación.

FOTOGALERÍA: Las manifestaciones por el encarcelamiento de Pablo Hasél

Para el PP, esas manifestaciones de Podemos sobre las protestas suponen un “salto cualitativo” que llevan a “avanzar hacia un Gobierno antisistema”. La ofensiva del PP la habían iniciado antes la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con una visita a la zona de la Puerta del Sol donde se produjeron los actos vandálicos. Allí Ayuso exigió también la destitución de Iglesias. Más tarde, ya en el pleno de la Asamblea, Ayuso arremetió contra Podemos esgrimiendo en su mano uno de los adoquines que se llevó de su paso por las calles más afectadas por los destrozos.

Esa línea de ataques la siguió con indignación el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, durante su intervención en el pleno del Congreso al cargar contra “los políticos que están haciendo una incitación a la violencia en las redes sociales”. Y remató mirando hacia dónde debía estar ubicado el portavoz de Podemos, que ya había abandonado el hemiciclo: “¡Qué vergüenza me da el señor Echenique!”.

“Si tiene algo de dignidad, que se retracte y pida perdón a la policía”, soltó desde la tribuna de oradores la diputada de Ciudadanos María Muñoz. El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, profundizó en esas críticas contra Podemos, porque cree que están actuando con “anormalidad democrática”, y anunció que su grupo presentará una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno en pleno, y en particular a la parte socialista, que rectifique al socio minoritario por cuestionar a la policía.