Los policías acusados de “ensañamiento” en Linares, trasladados al módulo especial de la prisión de Sevilla

El subinspector José Luis P. C. y el policía Manuel F. N, los dos agentes de la comisaría de Linares (Jaén) detenidos el viernes por su implicación en la agresión a un vecino y su hija de 14 años, se encuentran desde esta pasada madrugada en el Centro Penitenciario de Sevilla I. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido el traslado de ambos policías desde la cárcel de Jaén a la prisión hispalense porque esta es la única de Andalucía cuenta con un módulo específico para miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se confirma que se ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los agentes, que están siendo investigados por un presunto delito de lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas peligrosas para la salud física de la víctima y en la que ha mediado ensañamiento, recogido en el artículo 148 del Código Penal, que contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. En el auto por el que el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Linares ordenó el ingreso en prisión de los dos policías se destaca que la víctima sufrió, entre otras lesiones, hematomas en la cabeza, fractura de la nariz y heridas en el ojo izquierdo que requieren asistencia médica. El juez, que no descarta que la víctima provocase el incidente en un primer momento, destaca que los dos policía actuaron de manera desproporcionada con una violencia “atroz”.

La decisión del juez ha provocado malestar entre los sindicatos policiales representativos -Jupol, SUP, CEP, UFP y SPP-, que, aunque han condenado el comportamiento “injustificable” de los dos agentes, han defendido en una nota de prensa su presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme. Estas organizaciones han cuestionado que se haya ordenado la prisión provisional. Sostienen que los criterios de aplicación de esta medida “en ningún caso incluyen la alarma social” y reclaman equidad hacia los dos miembros del cuerpo policial detenidos: “Merecen el mismo trato que cualquier ciudadano que hubiese cometido un delito de estas características”, aseguran.

Disparos con escopeta de postas

Linares ha recobrado la calma tras los graves disturbios del sábado, que se iniciaron tras la detención de los dos agentes implicados en la paliza, y que arrojaron en los primeros balances la cifra de 14 detenidos y una veintena de agentes antidisturbios heridos de forma leve. Luego trascendió que también estaban heridos dos manifestantes por los disparos efectuados por la policía durante los incidentes con una escopeta de postas.

Ambos heridos han anunciado que presentarán denuncia. Uno de ellos, Joaquín, un joven de 21 años, se encuentra ingresado en el Hospital San Agustín de Linares por los 10 orificios que le produjeron los impactos de los perdigones en las piernas. “Es muy grave lo que le ha ocurrido a mi hijo”, ha asegurado Francisca Maestre, madre del joven que, según dice, había llegado a Linares desde su localidad, Guadalén, para comprarse unas botas de fútbol y se encontró fortuitamente en medio de la turba.

La Policía Científica está investigando estos disparos que, desde la comisaría de Jaén, se achacan a un “lamentable error” de un agente que se ha habría confundido en la elección del arma empleada. “Cogió una escopeta empleada en los vehículos radiopatrulla y que estaba cargada con munición en lugar del arma utilizada por los antidisturbios”, indicó un portavoz policial.

No va a ser esa la única denuncia por la actuación de los antidisturbios. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), la Plataforma Defender a Quien Defiende e Irídia-Centro de Defensa de Derechos Humanos han registrado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Jaén por “el uso desproporcionado de la fuerza tanto en la práctica de varias detenciones como durante la realización de algunas cargas policiales” de los agentes para intentar disolver a los manifestantes.

Además, todas estas organizaciones han remitido una queja tanto al Ministerio del Interior como al Defensor del Pueblo Español donde instan a activar “los mecanismos internos de depuración de responsabilidades en las actuaciones que se hayan podido producir casos de mala praxis o indiciariamente delictivos por parte de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.