Esta vez, la resistencia contra Trump está en los tribunales

Un puñado de jueces federales repartidos por Estados Unidos está actuando desde el regreso al poder de Donald Trump como barrera de contención de su agenda, ese programa nacionalista, proteccionista y ultraconservador que está desplegando ―sin contar con el Congreso y a toda velocidad― mediante un alud de decretos y otras decisiones administrativas contrarias, en algunos casos, a la ley.

Ya en su primera estancia en la Casa Blanca se topó con la oposición de los tribunales a sus decisiones más controvertidas, como cuando prohibió la entrada en Estados Unidos a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Pero esta vez es distinta: si entonces su inesperada llegada al poder fue recibida en la calle por multitudinarias manifestaciones, ahora que su excepcional figura hace tiempo que es una presencia familiar de la política estadounidense, la exhausta resistencia a Trump se ha trasladado a los tribunales.

El objetivo es impugnar un alud de decretos “ilegales y peligrosos”, según explica en una conversación telefónica Donald Sherman, vicepresidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW son sus siglas en inglés). Esa organización, con un largo historial de buscarle las cosquillas a Trump, está detrás de dos de las más de 70 demandas interpuestas hasta ahora. Una la presentaron en el primer día de la nueva Casa Blanca, porque consideran que la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk “incumple” las leyes de transparencia y las de empleo público. La segunda llegó a la semana siguiente, para contestar una orden que recorta los derechos de los funcionarios y facilita su despido.

Esta vez también es nuevo el debate sobre la separación de poderes, esencial en el sistema estadounidense, que ese tira y afloja entre el poder ejecutivo y el judicial está generando, y que ha llevado a los detractores de Trump a alertar sobre el inicio de una “crisis constitucional”. Lo acusan de, con ademán autoritario, ignorar la salvaguarda de los controles y contrapesos (los famosos checks and balances que garantizan la convivencia entre iguales de las tres ramas del Gobierno), así como de extralimitarse en su poder presidencial al adoptar sin contar con el legislativo esas medidas de hondas consecuencias para la sociedad estadounidense. Todo ello, mientras sus dos aliados de mayor rango ―Musk, objetivo predilecto de los demandantes, y su vicepresidente, J. D. Vance― han llamado a desacatar esas decisiones judiciales.

Para los partidarios del presidente, son los jueces quienes están minando el poder ejecutivo con decisiones motivadas políticamente, porque a algunos de ellos los nombraron antecesores demócratas de Trump (otros vienen de los tiempos de George Bush hijo y de Ronald Reagan). También consideran que esos magistrados prefieren ignorar que el republicano obtuvo un inequívoco respaldo en las urnas a las promesas en asuntos relativos a la inmigración, la reducción de la burocracia federal y las guerras culturales que ahora está corriendo para cumplir. Las encuestas, además, indican que aún conserva buena parte ese apoyo.

Hiperactividad en el Despacho Oval

En sus casi cuatro semanas en el Despacho Oval, el presidente, de 78 años, ha demostrado una hiperactividad sin precedentes (y ha doblado el récord de decretos del arranque su predecesor, Joe Biden), así como muchas ganas por tachar nombres de la “lista de enemigos” con la que durante la campaña amenazó que llegaría a la Casa Blanca. En estos vertiginosos 27 primeros días, los tribunales han abortado sus planes en una quincena ocasiones: bloqueando acceso de Musk y sus muchachos a las llaves del Tesoro; parando (dos veces) los intentos de acabar con la nacionalidad por nacimiento; suspendiendo varias órdenes que recortan los derechos de las personas trans; u ordenando reabrir el grifo de la ayuda humanitaria en el extranjero. En uno de los casos, la primera decisión, congelar el plan de bajas incentivadas de funcionarios, fue después revertida, lo que ha permitido a unos 75.000 empleados públicos abandonar el barco antes de salir despedidos por la borda.

Ante la contraofensiva legal, Vance reaccionó con un post en X, la red social propiedad de Musk convertida ―en otro posible caso de conflicto de intereses— en la plaza pública preferida por la nueva Administración. “Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, sería ilegal. Si un juez intentara ordenar al fiscal general cómo emplear su discreción, eso también sería ilegal. A los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del ejecutivo”, escribió el vicepresidente, licenciado por la escuela de Derecho de la prestigiosa universidad de Yale. Musk se sumó a esas palabras y pidió, también en X, la destitución (“impeachment”) de un magistrado que bloqueó el acceso a sus empleados a datos confidenciales del Departamento del Tesoro.

Con su hijo de cuatro años en la sala, el hombre más rico del mundo recibió el martes el respaldo público de Trump, que lo observaba sentado en el Despacho Oval, mientras Musk justificaba ante los reporteros sus planes de jibarizar la Administración siguiendo ese lema de Silicon Valley que aconseja “actuar rápido y romper las cosas”. “Yo siempre acato las decisiones de los tribunales”, afirmó el presidente. “Y luego ya las apelo”, añadió. “El problema es que todo esto está frenando nuestro ritmo y da a los corruptos más tiempo para encubrir sus fraudes”. Al escucharle decir eso, fue imposible no pensar que Trump, que ya ha colgado en la Casa Blanca la foto que le hicieron cuando lo ficharon en una comisaría de Atlanta en uno de los cuatro juicios seguidos contra él entre 2023 y 2024, logró librarse de sus cuentas pendientes con la justicia a base de dilatar esos procesos.

Cuando dio a entender en el Despacho Oval que estaba dispuesto a cumplir con las órdenes judiciales aunque bloquearan su agenda, ya era demasiado tarde para The New York Times, que había llevado a portada del periódico de ese día un titular contundente: “La agenda radical de Trump provoca una crisis constitucional, según los expertos”. En un editorial de este viernes, el diario progresista insistía en la advertencia de que “la separación de poderes parece más vulnerable que en generaciones anteriores”. “Trump está tratando de ampliar su autoridad más allá de los límites de la ley, al tiempo que reduce la capacidad de los otros poderes para controlar sus excesos. Vale la pena recordar por qué desmantelar este sistema de Gobierno sería tan peligroso para la democracia estadounidense y por qué es vital que el Congreso, los tribunales y el público se resistan”.

Este sábado, el presidente estadounidense pareció terciar en el asunto sin mencionarlo expresamente con un tuit de ecos napoleónicos, que decía: “Quien salva su patria no viola ninguna ley”.

“Un ejecutivo actuando con energía”

En otro editorial, el periódico conservador The Wall Street Journal invitaba esta semana a sus lectores a adoptar una “postura menos apocalíptica” que la del Times, y dividía en tres categorías las decisiones adoptadas por la nueva Administración hasta ahora. “La mayoría se basan en sólidos fundamentos jurídicos”, decía el artículo. “Algunas son debatibles y podrían ser interpretadas en uno u otro sentido en los tribunales. En otras, Trump parece estar violando deliberadamente la ley para provocar casos que lleguen al Tribunal Supremo, donde sus magistrados sienten los criterios como él los entiende. De momento, no hay rastro de crisis constitucional”. En un pódcast del Journal, John Yoo, profesor de la Universidad de Berkeley, ofreció su teoría para explicar tanta alarma en la izquierda de este país: “Me parece que es porque la gente se ha olvidado durante los cuatro comatosos años de la presidencia de Biden cómo es un ejecutivo actuando con energía”.

Tomará algún tiempo, aunque tal vez tan poco tiempo como unas semanas, que alguno de los casos lleguen al Supremo, un alto tribunal que está desequilibrado: seis de sus nueve magistrados son conservadores y tres de ellos los nombró Trump. “Cuando eso suceda, supondrá un verdadero test a la independencia judicial”, opinó el viernes en una entrevista telefónica el abogado Devon Ombres, del laboratorio de análisis próximo al Partido Demócrata Center for American Progress. “Ahí veremos si el Supremo decide o no continuar expandiendo los poderes presidenciales, como hizo en julio al otorgar a Trump una amplia inmunidad por actos ilegales cometidos al final de su primera Administración”, añade Ombres, que considera que el poder ejecutivo que está tratando de ejercer Trump “es el mismo contra el cual se rebelaron los padres fundadores durante la Revolución Americana; el poder de un rey”.

El papel de Musk

La “peor parte”, según el experto, es la que se refiere a Musk. “Ha designado sin la confirmación del Senado a una persona para supervisar el funcionamiento de la Administración federal. No es más que un empleado especial del Gobierno que, por ley, solo puede trabajar 130 días por año. Básicamente, y sin entrar en los conflictos de intereses en los que incurre [el magnate sudafricano], todas las iniciativas de DOGE pueden considerarse alegales en el mejor de los casos. Con algunos de sus decretos, Trump también está violando varias leyes, la propia Constitución y la separación de poderes, además de anulando la autoridad del Congreso”.

Al profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Massachusetts Amherst Paul Collins, los mensajes de Musk y Vance le parecen “muy preocupantes”. “Si el poder ejecutivo decide desafiar abiertamente las decisiones de los tribunales, no hay mucho que estos puedan hacer al respecto”, como no sea certificar que “el país se aproximaría a la condición de un Estado sin ley”, explica en un correo electrónico.

Collins recuerda que la historia de Estados Unidos es también la de sus jueces temiendo que llegue el día en el que algún poderoso no acate sus decisiones. “Por suerte”, explica, “aunque los presidentes no siempre acatan con entusiasmo las decisiones judiciales, rara vez las desafían abiertamente. Aunque hay precedentes, como cuando Abraham Lincoln lo hizo durante la Guerra Civil”. Entonces, la disputa fue a cuenta de su poder para suspender el derecho al habeas corpus de los rebeldes con el objetivo de frenar el avance de la Confederación.

Más allá del debate jurídico, resuena también la pregunta sobre el papel del Congreso en esta crisis. Los republicanos del Capitolio parecen de momento alineados en todo con el inquilino de la Casa Blanca, al que han apoyado en los nombramientos de su Gabinete, también en los más polémicos, que precisaban aprobación del Senado. Sherman, el abogado que ha participado en un par de demandas, cree que la tendencia cambiará cuando se dejen sentir los efectos de esos decretos y los despidos masivos de funcionarios, que no solo trabajan en Washington y se reparten por todo el país. “Cuanto más daño causen sus acciones en los estadounidenses de a pie”, advierte, “más difícil será para los miembros de su partido defender al presidente ante sus electores”. Esa teoría serviría para explicar por qué algunos medios han informado esta semana de la súplica de algunos congresistas republicanos para intentar que Musk mantenga a su grupo de jóvenes (algunos tanto, como solo se es a los 19 años) y sus tijeras lejos de los territorios a los que representan.

¿Y los demócratas? A diferencia de en 2017, parecen aún noqueados por la derrota en las urnas, faltos de consenso y de un líder que los guíe. En los últimos días, algunos de sus congresistas han participado en protestas contra la agenda del presidente, reunidos ante la sede de la Agencia de Cooperación Internacional (USAID), la primera víctima de Musk, y marchando por las calles de Washington en una “manifestación para salvar a los funcionarios”. Esos gestos no evitaron que una reprimenda de David Remnick, director de The New Yorker, revista que este mes cumple un siglo, se hiciera este lunes viral. “Puedo entender que se estén lamiendo las heridas”, dijo en el late night de humor y política de Jon Stewart, The Daily Show, “que se mortifiquen por la decisión de Biden de presentarse de nuevo o por ignorar la realidad sobre su popularidad o su edad. Entiendo la sensación de dolor y de retirada. Pero ya basta”.

“El problema”, dice Ombres, que ha trabajado durante años en la Cámara de Representantes, “es que hasta las elecciones de medio mandato [midterms] la situación del partido es de muy poco poder en el Capitolio [donde los republicanos controlan ambas Cámaras]”. En el Washington demócrata se ha extendido esa idea de contener la respiración hasta entonces (noviembre de 2026), retomar en las urnas el control, al menos, de la Cámara de Representantes, y plantar cara a Trump desde el legislativo como durante su primera presidencia, durante la que lo sometieron a dos impeachments (juicios políticos). Mientras tanto, la resistencia está en los tribunales.