Una segunda jueza suspende el decreto de Trump contra la ciudadanía por nacimiento

Una jueza federal de Greenbelt (Maryland) ordenó este miércoles una segunda suspensión a nivel nacional de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos para los nacidos cuyos padres estén en el país ilegalmente. Otro juez de Seattle (Washington) nombrado por el republicano Ronald Reagan ya bloqueó temporalmente el decreto presidencial por chocar con la legislación constitucional. La Decimocuarta Enmienda garantiza desde 1868 la ciudadanía a cualquiera que nazca Estados Unidos sin importar el estatus migratorio de sus padres. Aunque la nueva decisión también es provisional, se extiende manera indefinida para todo el país.

El juez de Seattle, John Coughenour, dio la razón el pasado 23 de enero a los Estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que habían recurrido el decreto y bloqueó la aplicación del decreto también en todo el país, pero con una suspensión cautelar de solo 14 días. Las suspensiones cautelares se mantienen en vigor hasta que se resuelve el caso o hasta que un tribunal superior las anula.

Este miércoles, la jueza de distrito Deborah Boardman subrayó que ningún tribunal del país ha respaldado la interpretación de Trump de la Decimocuarta Enmienda. “Este tribunal no será el primero”, dijo desde el estrado, según recoge AP. “La ciudadanía es un derecho muy preciado, concedido expresamente por la 14.ª Enmienda de la Constitución”, añadió.

Boardman dijo que la ciudadanía es una “preocupación nacional que exige una política uniforme” y añadió que “solo una suspensión judicial a nivel nacional proporcionará un alivio completo a los demandantes”. Las demandantes son cinco mujeres embarazadas que no tienen un estatus migratorio legal y dos organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con inmigrantes.

La jueza justificó el alcance nacional de su orden señalando que una de las organizaciones tiene miembros en todos los Estados, incluidas cientos de embarazadas que podrían dar a luz en las próximas semanas. En total, 22 Estados, así como organizaciones de derechos civiles y apoyo a los inmigrantes, han acudido a los tribunales para tratar de anular el decreto.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución otorga la ciudadanía estadounidense a quienes nazcan en su territorio y Trump no puede modificar el orden constitucional por decreto. Trump trató de revertir lo que ha sido la práctica tradicional alegando una nueva interpretación. El texto de la enmienda constitucional dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

La enmienda se aprobó en 1868, tras la Guerra Civil, para poner fin a la interpretación del Supremo que excluía de forma permanente a las personas de ascendencia africana de la posibilidad de obtener la ciudadanía de Estados Unidos únicamente por motivos de raza. En 1898, el Supremo confirmó que la ciudadanía por nacimiento se extiende a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.

Según la orden de Trump, “nunca se ha interpretado que la Decimocuarta Enmienda extienda la ciudadanía universalmente a todos los nacidos en Estados Unidos”, puesto que se exigen que estén “sujetas a su jurisdicción”. El presidente interpreta esa cláusula de modo amplio y en contra de todos los precedentes. Según la nueva tesis, que Trump está dispuesto a defender ante el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos en ciertos supuestos relacionados con la inmigración.

En concreto, el decreto suspendido, titulado Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, excluía a los nacidos de madres que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y el padre no es ciudadano estadounidense o residente legal permanente en el momento del nacimiento. También abolía la ciudadanía cuando la presencia de la madre en Estados Unidos es legal, pero temporal (como, por ejemplo, una visita a Estados Unidos o con un visado de estudiante, de trabajo o de turista) y el padre no es ciudadano estadounidense o residente legal permanente.

El propósito de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento, que fue una de sus promesas electorales, se enmarca en su ofensiva contra la inmigración irregular. El republicano considera que supone un incentivo para los inmigrantes.

Aunque Trump ha mentido reiteradamente al asegurar que Estados Unidos era el único país donde se adquiría la ciudadanía por nacimiento, hay una treintena de países donde se aplica ese derecho de nacimiento, bajo el principio de ius soli o derecho del suelo. La mayoría se encuentran en América y los vecinos de Estados Unidos, Canadá y México, están entre ellos.