El juez permite a Trump y Musk seguir adelante con su plan de bajas incentivadas de funcionarios

El juez federal George O’Toole, de Boston (Massachusetts) ha rechazado suspender por más tiempo un programa de bajas incentivadas dirigido a los funcionarios de la Administración federal. El plan forma parte de los esfuerzos del presidente, Donald Trump, y su aliado Elon Musk de reducir drásticamente el número de empleados federales, con lo que la decisión supone un triunfo para ellos. Además de esas bajas incentivadas, Trump ha ordenado a los departamentos y agencias federales que vayan preparándose para acometer despidos a gran escala.

El juez O’Toole había ampliado el plazo para que los empleados federales decidieran si se acogían a la oferta, que consiste en seguir pagando a los funcionarios ocho meses de salario y prestaciones si dejaban sus puestos en la Administración. Unos 65.000 trabajadores se habían acogido al plan de renuncia diferida, según la Casa Blanca.

Varios sindicatos recurrieron la oferta, alegando su dudosa legalidad y la ausencia de habilitación de partidas presupuestarias para hacer frente a los pagos comprometidos. El juez suspendió cautelarmente el fin del plazo, que iba a vencer el pasado jueves. “El programa permanece abierto a renuncias”, anunció entonces la Oficina de Gestión de Personal (OPM), que aseguraba que tenía la intención de cerrarlo a nuevos participantes tan pronto como fuera legalmente posible. Este miércoles, en una resolución de cinco páginas, el juez concluye que los sindicatos que impugnaron la oferta, denominada Fork in the Road (Encrucijada en el camino) no tenían legitimación para hacerlo.

“Los demandantes no se ven afectados directamente por la directiva”, dice el juez en su resolución. “Sin embargo, alegan que la directiva los somete a efectos secundarios, como la desviación de recursos para responder a las preguntas de los miembros sobre la directiva, una posible pérdida de miembros y un posible daño a la reputación. Los sindicatos no tienen el interés directo requerido en la Directiva Fork, pero están impugnando una política que afecta a otros, específicamente a los empleados del poder ejecutivo. Esto no es suficiente”, señala el juez.

El juez O’Toole, nombrado por el demócrata Bill Clinton, dictó una suspensión cautelar del plazo límite para acogerse al plan de bajas incentivadas mientras analizaba el caso. Finalmente, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la legitimación de los recurrentes, de modo que no entra a analizar la legalidad de la medida.

La Oficina de Gestión de Personal (OPM) envió a los empleados federales un correo electrónico el pasado 28 de enero en el que detallaba sus planes para la función pública. En él, recordaba que Trump emitió una serie de decretos en los que exigía que los empleados volvieran al trabajo presencial, restableció la responsabilidad de los empleados con autoridad para elaborar políticas, restableció la responsabilidad de los altos ejecutivos de carrera y reformó el proceso de contratación federal. “Como resultado de las órdenes anteriores, la reforma de la plantilla federal será significativa”, decía el mensaje.

Trabajo presencial

El mensaje establecía como uno de los pilares de la nueva política el regreso a la oficina. La gran mayoría de los empleados federales que han estado trabajando a distancia desde la pandemia deberán regresar a sus oficinas físicas cinco días a la semana. Además, señalaba que dichas oficinas se reagruparían, lo que podría dar lugar a la reubicación de varias de ellas para los trabajadores federales.

También se anunciaba una nueva “cultura del rendimiento” con mayores exigencias y normas de conducta más estrictas. “Los empleados que incurran en conductas ilícitas u otras faltas de conducta serán priorizados para una investigación y disciplina apropiadas, incluyendo el despido”, decía el mensaje. Al tiempo, se avisaba de que es probable que la mayoría de las agencias federales se reduzcan mediante reestructuraciones, realineaciones y reducciones de personal.

A partir de ahí, se abrían dos alternativas: quedarse o marcharse. “Si decide permanecer en su puesto actual, le agradecemos su renovado compromiso de servir al pueblo estadounidense lo mejor que pueda y esperamos trabajar juntos como parte de una fuerza laboral federal mejorada. En este momento, no podemos garantizarle la seguridad de su puesto o agencia, pero si su puesto se elimina, será tratado con dignidad y se le otorgarán las protecciones establecidas para dichos puestos”, señalaba el correo electrónico.

“Si decide no continuar en su puesto actual en la plantilla federal, le agradecemos su servicio a su país y se le proporcionará una salida digna y justa del gobierno federal mediante un programa de renuncia diferida”, decía la segunda alternativa, para la que se ofrecía un modelo de carta de renuncia. El programa entraba en vigor el 28 de enero y estaba disponible para todos los empleados federales. Quienes renuncien, conservarán todo el salario y las prestaciones hasta el 30 de septiembre de 2025.

El programa se extendía a los empleados a tiempo completo, excepto para el personal militar, los empleados del servicio postal, los que ocupan puestos relacionados con la aplicación de la legislación de inmigración y la seguridad nacional, los que ocupan puestos relacionados con la seguridad pública y los que ocupan otros puestos específicamente excluidos por cada agencia.

Despidos “a gran escala”

Al margen de ese plan de bajas incentivadas, Trump aprobó este martes un decreto destinado a reducir significativamente el tamaño de la Administración y limitar la contratación a puestos esenciales. Según su texto, las agencias podrán contratar a un máximo de un empleado por cada cuatro trabajadores que dejen sus departamentos, según el documento. Se hacen excepciones para los puestos en las áreas de seguridad ciudadana y nacional, inmigración y seguridad pública.

La norma ordena a los responsables de las agencias “emprender sin demora los preparativos para iniciar reducciones de personal a gran escala”. Los recortes se centrarán inicialmente en las oficinas que desempeñen funciones no exigidas expresamente por las leyes, incluidas todas las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y aquellas no dirigidas a la prestación de servicios esenciales.

Además, el decreto da un plazo de 30 días a los jefes de departamentos y agencias para presentar un informe que identifique las leyes que justifican su existencia. El informe deberá analizar si la agencia o cualquiera de sus subcomponentes deben ser eliminados o consolidados.