Bruselas lleva a Hungría ante la justicia europea por la polémica ley de soberanía alumbrada por Orbán

La Comisión Europea ha demandado a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE por su controvertida “ley de soberanía”, alumbrada por el Gobierno del nacionalpopulista Viktor Orbán. La normativa establece la llamada Oficina de Protección de la Soberanía (SPO) para investigar a personas y organizaciones sospechosas de socavar la “soberanía nacional” y la “identidad constitucional” del país. Y pone bajo el foco a quienes reciben financiación del exterior, que pueden enfrentarse a duras penas. Bruselas considera que esta norma vulnera los derechos de la ciudadanía en materia de privacidad, libertad de expresión y libertad de asociación. Con la judicialización de este caso, se abre el enésimo contencioso entre Bruselas y la Hungría de Viktor Orbán, convertido en el socio más díscolo de la UE.

Numerosas organizaciones de derechos civiles habían criticado la controvertida normativa, aprobada el pasado diciembre pese a las quejas y advertencias de organismos internacionales. Con la ley en la mano, el SPO puede recabar información sobre personas y organizaciones que reciben financiación del extranjero y que se considera que “influyen” en el debate democrático y los procesos electorales “en interés de otro Estado” o de un “organismo extranjero”. Las organizaciones de derechos civiles advierten de que esa ley se puede utilizar para perseguir a los críticos con Orbán. Entidades como Transparencia Internacional Hungría ya han sido objeto de investigaciones.

“La ley viola varias libertades fundamentales del mercado interior”, ha afirmado un portavoz de la Comisión. En febrero, el Ejecutivo comunitario ya había reclamado varios cambios a Hungría en la ley, pero la “mayoría de las quejas” sigue sin resolverse, ha añadido el portavoz. Bruselas ha solicitado al tribunal de justicia europeo (TJUE), que tiene su sede en Luxemburgo, que inicie un procedimiento acelerado si procede, aunque no ha pedido medidas provisionales, como la suspensión temporal de la normativa, como pedían algunas organizaciones.

Bruselas tiene otros contenciosos con Hungría, que en los últimos años ha ahondado en su deriva autoritaria e incumple, además, varias regulaciones europeas. Hace unos meses, el TJUE condenó a Budapest a pagar una multa diaria de un millón de euros por no cumplir una sentencia sobre la protección de solicitantes de asilo. Todavía no ha pagado. La deuda ya es millonaria.

Además, el Ejecutivo comunitario acaba de abrir a Hungría un procedimiento de sanción por el régimen fiscal que se aplica a las empresas minoristas como supermercados. Esta situación ha sido reiteradamente denunciada por la cadena austriaca Spar, cuyo primer ejecutivo llegó a reunirse con la vicepresidenta ejecutiva y responsable de Competencia, Margrethe Vestager. De alguna manera, la apertura de este expediente estaba ya anunciada en el informe sobre la situación del Estado de derecho en la UE: “Los servicios de la Comisión también siguen de cerca la situación en el sector minorista y están investigando posibles infracciones de la legislación de la UE en este ámbito. Un patrón en el que las empresas de otros países de la UE vieran obstaculizadas sus actividades económicas en otro Estado miembro constituiría una grave amenaza para el mercado único”.

Las relaciones de la UE con Orbán, el líder europeo más cercano al Kremlin, viven su momento más bajo, que coincide, además, con su semestre en la presidencia del Consejo de la UE, donde debe mediar para el pacto entre los Estados miembros y organizar reuniones. Las visitas, al inicio de ese periodo, de Orbán a Moscú para reunirse con el ruso Vladímir Putin; a Pekín, para ver a Xi Jinping, y a Florida para ver al candidato republicano Donald Trump, en lo que llamó una “misión de paz para Ucrania”, enfureció a sus socios y a la Comisión Europea, que decidió boicotear las reuniones de la presidencia europea húngara.