La Hungría de Orbán sube la apuesta en el choque con la UE

Este año no hay una declaración de la UE del régimen autoritario de Bielorrusia. Hungría lo veta. Budapest ha encontrado en esta corta tradición comunitaria —un comunicado en el aniversario del fraude electoral cometido por Aleksandr Lukashenko en 2020— un nuevo elemento para ir al choque con Bruselas y sus socios. La semana pasada, los encontronazos llegaron a cuenta de la decisión del Gobierno ultraconservador húngaro de facilitar la concesión de visados de trabajo a ciudadanos de Rusia y Bielorrusia y del bloqueo a una petición unánime de los Veintisiete a la transparencia sobre los resultados en las elecciones de Venezuela, algo que solo consintió tras dos rechazos previos. En definitiva, tres capítulos más que se suman a la ya larga lista de tensas colisiones entre el Gobierno húngaro, el más cercano en la UE al autócrata ruso Vladímir Putin, y las instituciones comunitarias, una lista que no ha dejado de crecer ni siquiera en las vacaciones de agosto.

Julio ya acabó con la tensión disparada. El alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, decidió convocar en Bruselas la reunión informal que los ministros de Exteriores y Defensa suelen celebrar a finales de agosto en el país que preside cada semestre el Consejo de la UE. Tocaría en Budapest, ya que Hungría ostenta este semestre la presidencia rotatoria, pero finalmente se hará en la capital comunitaria. La autoproclamada “misión de paz” del primer ministro, Viktor Orbán, provocó un enfado tremendo entre el resto de Estados miembros por sus viajes a Moscú y a Pekín, más la visita al candidato Donald Trump a Mar-a-Lago (Florida). Así inauguro la presidencia rotatoria del Consejo y eso le costó acusaciones de violar los tratados en lo referente a la política exterior en una tensa reunión de embajadores en la que 25 países mostraron el rechazo a la “misión de paz”. Y como en este campo el castigo efectivo es muy difícil, Borrell optó por esa sanción “simbólica” de dejar a Orbán sin el escaparate de la reunión informal.

No se había cerrado este enfrentamiento cuando se abrió el siguiente. Ucrania ha sancionado a la empresa rusa Lukoil y no le deja enviar el petróleo de los Urales a través del oleoducto que cruza el territorio del país invadido. Hungría y Eslovaquia, el otro país de la UE cercano a las tesis de Moscú, reclamaron la mediación de Bruselas para que su suministro de petróleo, dependiente de Rusia, no se viera afectado. Pero el Ejecutivo comunitario rechazó que “haya un riesgo inmediato para la seguridad de suministro” y desestimó la petición. La respuesta ha enfadado a Budapest. “El entusiasmo de Bruselas por la medida ucrania ha puesto de manifiesto su parcialidad, poniendo en peligro el suministro energético de dos Estados miembros de la UE”, ha acusado este miércoles un portavoz húngaro.

Inmediatamente después llegó el capítulo de los visados a rusos y bielorrusos, que llevó al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, a acusar a Budapest de provocar “un grave riesgo para la seguridad” y a decenas de eurodiputados a pedir que se levanten, “si es necesario”, controles en las fronteras con Hungría. La comisaria de Asuntos Internos, Ylva Johansson, ha pedido explicaciones al Ejecutivo magiar en una carta en la que advierte de que la iniciativa “puede suponer una elusión de las restricciones impuestas por la UE” a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia. La socialista sueca, además, ha exigido una respuesta por escrito no más tarde del 19 de agosto. De momento hay contestación del ministro de Exteriores, Péter Szijjártó. “Los procesos [de concesión de visados] son estrictos y priorizan la seguridad nacional”, asegura el político húngaro.

El objetivo, de consumo interno

Para Kristina Chebáková, analista del instituto de estudios políticos centroeuropeo Europeum, estos movimientos de Orbán no pretender tirar más de la cuerda entre Budapest y Bruselas, ya muy tensa. El objetivo real es la opinión pública húngara: “Orbán se enfrenta, por primera vez en años, a una oposición interna significativa de Péter Magyar [un disidente Fidesz, el partido ultraconservador del primer ministro, que logró un buen resultado en las elecciones europeas de junio]. Y como bien sabe Putin, una de las victorias fáciles a nivel nacional es dirigir la atención a la política exterior y crear una narrativa de Orbán luchando contra algunos presuntos desaires de la UE y protegiendo a su país”.

Esta investigadora apunta, además, a una de las tácticas habituales del Ejecutivo húngaro, el chantaje al resto de socios: “La reciente relajación de las normas sobre visados para rusos y bielorrusos podría servir como moneda de cambio en algunas negociaciones futuras con la Comisión Europea y los Estados miembros, muy probablemente sobre alguna parte de los fondos de la UE”.

Budapest tiene bloqueados decenas de miles de millones de euros por no luchar contra la corrupción y sus agresiones al Estado de derecho. El último informe sobre este tema que presentó la Comisión Europea a finales de julio no ha detectado cambios en Hungría que le dieran motivos para descongelar los fondos retenidos, tanto los del plan de recuperación como los de las políticas de cohesión. Además, en este último documento, más en el análisis semestral de la economía que divulgó el Ejecutivo comunitario un mes antes, se subrayan varias amenazas al mercado interior de la UE. “Las intervenciones del Estado repercuten en la competencia y el funcionamiento del mercado único en Hungría. En los últimos años, han aumentado los impuestos sectoriales aplicados a determinados sectores y empresas, que tienden a ser los que tienen más presencia del capital extranjero (por ejemplo, el comercio minorista, el cemento, la construcción y los materiales cerámicos), lo que supone una carga desproporcionada para las compañías afectadas y afecta al funcionamiento del mercado único. Las empresas se quejan de trato desigual y arbitrariedad cuando las autoridades realizan inspecciones administrativas o deciden sobre los permisos”, apunta el informe.

Una de las empresas que se queja es la cadena austriaca de supermercados SPAR, que ha denunciado ante la máxima responsable de Competencia de la Comisión, Margrethe Vestager, por carta y en persona, que los impuestos en su sector son “discriminatorios y selectivos, y constituyen una ayuda de Estado ilegal” porque las compañías extranjeras acaban tributando más. La empresa incluso añade que después de recurrir a Bruselas han aumentado las inspecciones en las tiendas que tiene en Hungría.

Por este flanco es por donde pueden llegar nuevos choques. El propio informe sobre el Estado de derecho lo anuncia: “La Comisión ha iniciado varias investigaciones y procedimientos de infracción contra Hungría [...]. Los servicios de la Comisión también siguen de cerca la situación en el sector minorista y están investigaciones sobre posibles infracciones de la legislación de la UE en este ámbito. Un patrón en los que empresas de otros países de la UE ven obstaculizadas sus actividades económicas en otro Estado miembro constituiría una grave amenaza para el mercado único”.

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