La Eurocámara denunciará a la Comisión ante la justicia europea por descongelar fondos a Hungría

El choque institucional ya está servido. El Parlamento Europeo llevará a la Justicia de la UE la decisión de la Comisión Europea de descongelar 10.200 millones de euros de los fondos comunitarios que había suspendido a Hungría por la deriva del Estado de derecho. La decisión la ha tomado este jueves la presidenta de la Eurocámara, la conservadora Roberta Metsola, después de verse con los presidentes de los grupos políticos de la institución y con el aval de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que el pasado lunes ya se había mostrado a favor de presentar una demanda contra el Ejecutivo que dirige la también democristiana Ursula von der Leyen.

Justo en la víspera de que se reunieran los jefes de Estado y Gobierno en el último Consejo Europeo de 2023 que el primer ministro húngaro amenazaba con bloquear, la Comisión descongeló una parte del dinero de los Fondos de Cohesión húngaros paralizados por vulnerar la carta europea de derechos fundamentales. Para llegar a este momento, Bruselas y Budapest estuvieron negociando durante un año largo y el Gobierno magiar dio algunos pasos en la dirección que reclamaban las instituciones de la Unión. No obstante, la sincronización de acontecimientos de diciembre levantó muchas sospechas. Más todavía si se tiene en cuenta que después el primer ministro húngaro no bloqueó aquella cumbre.

Aquella decisión provocó que el pasado enero el pleno del Parlamento Europeo consultara a la Comisión de Asuntos Jurídicos si era procedente denunciar al Ejecutivo comunitario. La moción aprobada decía que la Eurocámara “lamenta y reafirma su profunda preocupación por esta decisión de considerar que se cumple […] con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en lo que se refiere a la independencia judicial” y reclamaba analizar “la legalidad de la decisión”. Y esa comisión parlamentaria este lunes se decantó por recomendar a la presidenta Metsola presentar la demanda.

La última palabra ha correspondido a la conservadora maltesa, que este jueves se ha reunido con los presidentes de los distintos grupos parlamentarios, a los que les ha informado de su decisión de seguir el consejo de presentar la demanda. Después de esta decisión, la Eurocámara volverá a celebrar otro debate sobre la situación de Hungría y el papel de su primer ministro.

Con esta decisión, el Parlamento sube otro peldaño en la batalla que mantiene contra el Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán. Los eurodiputados han llegado a apoyar una moción que califica a Hungría de “régimen híbrido de autocracia electoral” y le ha acusado de no ser una democracia plena. Después exigió al Consejo que, por sus reiterados ataques a los valores europeos y al Estado de derecho, Hungría no pueda presidir el Consejo de la UE, algo que le corresponde hacer en la segunda mitad de este año. Antes de todo esto, la Eurocámara había puesto en marcha el artículo 7, el procedimiento por el que un Estado miembro puede recibir el máximo castigo de las instituciones europeas, la suspensión del derecho de voto. De nuevo, el motivo fueron los ataques del régimen de Orbán al Estado de derecho.

Precisamente esos ataques son la razón que han llevado a que Hungría tenga congelados todavía por el Ejecutivo de la Unión y el Consejo de la UE unos 21.000 millones de euros correspondientes a Fondos de Cohesión y el plan de recuperación. Hasta el pasado diciembre, la Comisión había bloqueado todos los recursos de los Fondos de Cohesión, unos 22.000 millones, por no cumplir con los estándares mínimos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Le reprochaba, concretamente, que hubiera minado la independencia de la justicia, el ataque a minorías LGTBI, la vulneración del principio de libertad de cátedra en las universidades y el deterioro del derecho de asilo. Tras más de un año negociando entre Bruselas y Budapest, que ha tenido que hacer varias reformas, el Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen desbloqueó 10.200 millones el pasado diciembre de la parte correspondiente a la independencia judicial. Y ese paso es el que ha provocado el choque institucional entre Comisión y Parlamento.

No obstante, Budapest todavía tiene debe hacer más reformar si quiere recibir los otros 10.800 millones de euros de Fondos de Cohesión más unos 10.000 más por el plan de recuperación y el programa RepowerEU.

No es la primera vez que la Eurocámara amaga con este paso por culpa de Hungría. Ya lo dio en 2021, cuando exigió a Von der Leyen que congelara dinero al Gobierno ultra a través del mecanismo de condicionalidad, una herramienta de la que dispone la Comisión para frenar la entrega de recursos a un país cuando detecta que hay riesgo para el presupuesto comunitario, ya que uno de los problemas más graves de Hungría es su deficiente lucha contra la corrupción. La Comisión finalmente activó el mecanismo de condicionalidad y no hubo demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

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