La Eurocámara amenaza con llevar a la Comisión ante la justicia por descongelar parte de los fondos retenidos a Hungría

Un choque institucional se cierne entre la Comisión Europea y la Eurocámara a cuenta del menoscabo del Estado de derecho en Hungría. El Parlamento Europeo se prepara para llevar al Ejecutivo de la Unión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por descongelar la entrega a Budapest de 10.200 millones de euros de fondos europeos. Esa cantidad supone una parte sustancial de los programas de fondos estructurales que retenía al país, al entender que había cumplido con algunas de las reformas que se le pedían para reparar algo el daño infligido a la justicia. Una amplia mayoría de eurodiputados “lamenta y reafirma su profunda preocupación por esta decisión de considerar que se cumple [...] con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en lo que se refiere a la independencia judicial”, expresa una moción aprobada por 345 votos a favor, 104 en contra y 29 abstenciones. La iniciativa adoptada este jueves encarga a la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos analizar “la legalidad de la decisión” y si concluye que es ilegal, presentar una demanda ante el TJUE.

La queja llega porque los parlamentarios entienden que “el deterioro de la democracia” húngara continúa y el Gobierno del ultraconservador Viktor Orbán ha minado los valores europeos en su país. El Parlamento Europeo y el Ejecutivo magiar mantienen un enfrentamiento profundo. Fueron los eurodiputados quienes pusieron en marcha hace ya años el procedimiento sancionador contra Hungría que puede acabar con la suspensión del derecho al voto del país en el Consejo de la UE, por haber minado la independencia judicial, no luchar contra la corrupción o vulnerar derechos de minorías, como la LGBTI. No obstante, los Estados miembros, que son quienes tienen la competencia de pulsar este botón nuclear, no dan el paso, a pesar de que el populista radical bloquea en bastantes ocasiones decisiones que los Veintisiete tienen que tomar por unanimidad y de su cercanía con el autócrata ruso, Vladímir Putin.

Por esto, en la resolución, los parlamentarios “lamentan profundamente el fracaso de Consejo [de la UE] para lograr avances significativos” en el procedimiento sancionador que ellos pusieron en marcha en 2018. El texto incluso exige que “el Consejo Europeo y los Estados miembros que tomen medidas y determinen si Hungría ha cometido violaciones graves y persistentes de los valores de la UE con arreglo al artículo 7, apartado 2, del TUE (Tratado de la Unión Europea)”, uno de los pasos del proceso que puede llevar hasta la suspensión del derecho de voto del país afectado, en este caso Hungría.

Los choques entre Orbán y el Parlamento Europeo tienen muchos capítulos. Este es uno más, que ya se ha encontrado con la respuesta del primer ministro ultra en la red social X, antes Twitter. “Los eurodiputados liberales atacaron ayer a Hungría una vez más”, decía en su primera frase, en relación al debate celebrado este miércoles. Inmediatamente después mezcló su contestación con el bloqueo que mantiene a la revisión del presupuestos europeo en el que se contempla una partida de 50.000 millones de euros para financiar a Ucrania, país invadido por Rusia, su aliado. En el pasado, la Eurocámara ha calificado a Hungría de “régimen híbrido de autocracia electoral” y le ha acusado de no ser una democracia plena. Después ha reclamado que, por sus reiterados ataques a los valores europeos y al Estado de derecho, Hungría no pueda presidir el Consejo de la UE, algo que le corresponde hacer en la segunda mitad de este año.

Precisamente esos ataques son la razón que ha llevado a que Hungría tenga congelados todavía por el Ejecutivo de la Unión y el Consejo de la UE unos 21.000 millones de euros correspondientes a fondos de cohesión y el plan de recuperación. Hasta el pasado diciembre la Comisión había bloqueado todos los recursos de los fondos de cohesión, unos 22.000 millones, por no cumplir con los estándares mínimos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Le reprochaba, concretamente, que hubiera minado la independencia de la justicia, el ataque a minorías LGTBI, la vulneración del principio de libertad de cátedra en las universidades y el deterioro del derecho de asilo. Tras más de un año negociando entre Bruselas y Budapest, que ha tenido que hacer varias reformas, el Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen desbloqueó 10.200 millones el pasado diciembre de la parte correspondiente a la independencia judicial. No obstante, Budapest todavía tiene pendientes cambios para poder acceder a los otros 10.800 millones de fondos de cohesión más unos 10.000 más por el plan de recuperación y el programa RepowerEU.

La resolución del Parlamento aprobada este jueves afecta solo a esos 10.200 millones liberados el mes pasado. No es la primera vez que la Eurocámara da este paso por culpa de Hungría. Ya lo dio en 2021, cuando exigió a Von der Leyen que congelara dinero al Gobierno ultra a través del mecanismo de condicionalidad, una herramienta de la que dispone la Comisión para frenar la entrega de recursos a un país cuando detecta que hay riesgo para el presupuesto comunitario, ya que uno de los problemas más graves de Hungría es su deficiente lucha contra la corrupción. La Comisión finalmente activó el mecanismo de condicionalidad y no hubo demanda ante el TJUE.

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