Bruselas reprocha a Hungría y Eslovaquia la falta de medidas contra la corrupción

La evaluación anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho constata avances en muchos Estados miembros, pero apunta varias deficiencias. Dos de ellas se detectan en Hungría y Eslovaquia, países gobernados por los ultranacionalistas Viktor Orbán y Robert Fico, en los que prácticamente no se ve ningún progreso respecto a las recomendaciones hechas en 2023 y en los que destaca la falta de medidas adoptadas contra la corrupción. Frente a los déficits en estos dos países, la situación mejora en Polonia, que cambió el Gobierno a finales del año pasado y que era otro de los Estados que solía ser señalado por sus agresiones al Estado de derecho. “Me gustaría mencionar a Polonia, para el que hemos cerrado el artículo siete [procedimiento de castigo por incumplir con los valores europeos]”, ha destacado la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourova, que también ha subrayado que “en España los dos principales partidos hayan acordado renovar el Consejo General del Poder Judicial después de cinco años de bloqueo”.

El informe sobre el Estado de derecho en la UE llega este año a su quinta edición. No seguir las recomendaciones que señala la Comisión no tiene consecuencias jurídicas ni supone la apertura de procedimientos de infracción. No obstante, sí que implica un señalamiento público que, a tenor de los números que presenta la Dirección General de Justicia del Ejecutivo de la Unión, sí que acaba por mover a los Gobiernos a hacer reformas para reforzar la independencia de la justicia, impulsar la transparencia, mejorar la lucha contra la corrupción o fortalecer la libertad de prensa. La valoración general del examen de este año apunta que el 68% de las recomendaciones hechas en la edición anterior del informe, la de 2023, se han adoptado “total o parcialmente” por los Estados miembros.

No supone una sorpresa que Hungría aparezca como un país en el que no se ha seguido ninguna de las recomendaciones específicas recogidas en la evaluación del año pasado. Desde que volvió al poder, en 2010 —ya había gobernado a finales de los noventa—, Orbán ha erosionado buena parte de los principios básicos del Estado de derecho. Su batalla contra la Comisión Europea y el Parlamento Europeo por este motivo viene de largo. De hecho, en el Consejo de la UE hay abierto un expediente a propuesta de la Eurocámara que puede acabar con el mayor castigo que la Unión contempla en los tratados, la pérdida del derecho de voto del Estado miembro sospechoso de vulnerar los principios europeos. Se trata de un paso que los demás países no se atreven a dar.

En concreto, el capítulo húngaro del informe de la Comisión Europea constata que en ninguna de las siete recomendaciones efectuadas hace un año ha habido progreso alguno. Destaca la constatación de la falta de avances en la lucha contra la corrupción, uno de los motivos que ha llevado a la UE a tener congelada la entrega de más de 20.000 millones de euros en fondos comunitarios a Budapest. La lista de reproches por los oídos sordos que presta a los consejos de Bruselas continúa con la falta de independencia judicial y de los medios de comunicación públicos, la falta de transparencia en la publicidad institucional y en las empresas públicas, la asfixia a las organizaciones de la sociedad civil o la falta de control en las declaraciones de intereses, puertas giratorias entre el sector público y privado.

Con Eslovaquia, la situación es más novedosa. Ya hace meses que en Bruselas ha aumentado la preocupación por la deriva del Estado centroeuropeo desde que en octubre de 2023 volvió al poder Robert Fico, quien hace unos meses sufrió un intento de asesinato. La evolución sí que habla de avances en una de las recomendaciones precedentes, respecto de la seguridad de los periodistas “física y del entorno de trabajo”, pero es la única mejora. En el resto, entre ellas las concernientes a la corrupción, Bruselas señala que “no hay progresos”. Sobre corrupción, en concreto, apunta el informe: “La facultad del Fiscal General de anular decisiones de fiscales de rango inferior sigue siendo motivo de preocupación. En 2024, a pesar de la gran preocupación suscitada, entre otros, por la Comisión Europea, el Gobierno eslovaco disolvió la Fiscalía Especial, lo que suscitó inquietud tanto por su impacto inmediato en los casos a largo plazo, poniendo en peligro la eficacia y la autonomía de la fiscalía”.

Otra de las preocupaciones con el Gobierno de Bratislava está vinculadas al pluralismo informativo y el control de los medios de comunicación públicos. Apunta el informe que precisamente este mes de julio se ha aprobado “una ley que disuelve la actual radiotelevisión pública y crea una nueva, lo que suscita preocupación sobre la futura independencia de la radiotelevisión”. Esta preocupación también la tiene la Comisión con Italia: “Aunque existen normas destinadas a garantizar que los medios de comunicación de servicio público ofrezcan información independiente y pluralista, persisten las dificultades relativas a la eficacia de su sistema de gobernanza y financiación”.

El departamento de Justicia de la Comisión también aprovecha este informe para destacar que “ya no existe un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de Polonia”. Este es el motivo por el que “la Comisión retiró su propuesta motivada, de modo que el procedimiento contra Polonia” puesto en marcha en 2018 que, como el que todavía tiene abierto Hungría, podía concluir con retirada del derecho de voto de este país en el Consejo de la UE.

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