La caída del Gobierno de Portugal pone en el punto de mira la actuación de la Fiscalía

El fin de ciclo del socialista António Costa, que llegó al poder en 2015 con una moción de censura de la izquierda, tendrá un subrayado especial en los libros de historia como el primer gobernante de Portugal que dimite durante su ejercicio al verse salpicado por una operación judicial contra la corrupción. Después de que el juez instructor desinflase el caso presentado por los fiscales hasta reducirlo a un posible tráfico de influencias y cohecho en la aprobación de unos proyectos energéticos y un gigantesco centro de datos en Sines, la pregunta que recorre el país es si los indicios delictivos actuales justificaron la descomunal crisis política desatada, que se llevó por delante al primer ministro, su Gobierno y una mayoría absoluta que todavía no había llegado al ecuador de la legislatura. Con una dimisión causada por no se sabe qué, según el alcalde de Oporto, el independiente Rui Moreira. “No he logrado entender de qué se acusa al primer ministro”, destaca por teléfono.

A veces lo que ocurre en Lisboa se explica mejor desde Oporto. Y Moreira, que se enfrentó con el primer ministro por el proceso de descentralización, está ahora consternado por su dimisión y la convocatoria de elecciones. “El primer día me pareció que había alguna precipitación, no me pareció que los indicios sobre el primer ministro justificasen una crisis de esta naturaleza. Y peor que eso fue a continuación avanzar hacia la disolución del Parlamento, que puede ocurrir cuando no funciona, pero yo no veo que no funcionase ahora. El país, que estaba en una situación de estabilidad, ahora entra en una de profunda inestabilidad”, deplora. Su rechazo a la decisión tomada por el presidente Rebelo de Sousa es compartido por Costa, que este sábado tachó de “irresponsable” la convocatoria electoral. “Todo aconsejaba que hubiese sentido común en no desencadenar esta crisis política”, señaló en la sede del Partido Socialista (PS).

Las críticas a la actuación de la Procuradoría General de la República (Fiscalía), que anunció en el último párrafo de un comunicado que el Tribunal Supremo investigaba al primer ministro, se han disparado tras la decisión del juez Nuno Dias Costa de aplicar medidas cautelares suaves y rebajar los supuestos delitos de los cinco detenidos, entre ellos un amigo de António Costa, el abogado Diogo Lacerda Machado, y su ex jefe de gabinete, Vítor Escária. Esto, sumado a errores como confundir al primer ministro con su ministro de Economía, António Costa Silva, en la transcripción de una escucha o las filtraciones a la prensa, están minando el trabajo de los tres fiscales del caso. “La justicia de la plaza pública sirve a intereses ocultos y entusiasma a los ignorantes”, censuró en el Jornal de Notícias Cândida Almeida, exdirectora del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, el mismo que ha dirigido la Operación Influencer.

Nadie cuestiona la independencia de la Fiscalía para investigar ni tampoco la igualdad ante la ley, pero crecen voces preocupadas por la desproporción entre el caso judicial y la crisis política. “El Ministerio Público tiene toda mi solidaridad respecto a la investigación, pero esto debería haberse hecho de forma discreta, informando al presidente de la República. La forma en que todo esto se hizo público obligó al primer ministro a presentar su dimisión. Y ahora lo más preocupante es que, a pesar de que el presidente de la República pidió celeridad a la Fiscalía, esta ya ha dicho que el proceso será lento”, lamenta el presidente de la Cámara Municipal de Oporto, que se hace a continuación la pregunta del millón. “¿Qué pensará el país si luego el primer ministro es absuelto?”, interpela.

“Si de aquí a unos meses o años concluimos que en Portugal se interrumpió una mayoría absoluta estable y se alteró todo por alguna cosa que no prospera, eso merece una profunda reflexión sobre el sistema judicial tanto interna como de los legisladores”, sostiene la exministra socialista Alexandra Leitão durante una entrevista en Lisboa. Leitão, jurista de formación y coordinadora de la ponencia política de Pedro Nuno Santos, uno de los aspirantes a liderar la nueva etapa del PS, recuerda que desde 2015 su partido vio los asuntos judiciales como “un tabú” que ella no comparte. “También cabe al legislador pensar sobre la justicia, como piensa sobre todos los servicios públicos. No se trata de abordar pérdidas de autonomía del Ministerio Público, pero sí aspectos que se pueden mejorar como los plazos de la investigación o la protección del secreto de justicia para evitar que personas absueltas antes hayan sido condenadas en la plaza pública”.

Se pueden hacer registros en la residencia del primer ministro, por supuesto, pero es necesario que los indicios sean muy fuertes

Alexandra Leitão, ex ministra socialista

Alexandra Leitão recuerda algunos ejemplos del pasado, como el de Miguel Macedo, el ministro del Interior en el Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho que dimitió en 2014 al ser implicado en un caso de corrupción. A pesar de ser absuelto en los tribunales, la repercusión sobre su carrera y su reputación era una condena que ya había pagado. Más grave fue lo ocurrido en 2003 con el exministro socialista Paulo Pedroso, que pasó cinco meses en prisión preventiva tras ser acusado por la Fiscalía de cometer abusos sexuales con menores acogidos por la institución pública Casa Pía, algo desestimado por el juez. El Estado portugués tuvo que indemnizarle con 68.000 euros tras ser condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró que las razones para detenerle “no eran relevantes ni suficientes”.

“En un Estado de derecho no se puede cuestionar la independencia del poder judicial y la autonomía del Ministerio Público, que tiene que poder investigarnos a todos sin límites”, defiende la exministra. Pero esto no impide, en su opinión, que el sistema judicial sopese los impactos de sus actuaciones. “Se pueden hacer registros en la residencia del primer ministro, por supuesto, pero es necesario que los indicios sean muy fuertes y que no se cree una crisis política de estas dimensiones con indicios en apariencia débiles”, señala.

Todo lo ocurrido, según el alcalde de Oporto, alimentará “extremismos de izquierda y de derecha” porque la Operación Influencer condicionará el debate hasta las elecciones del próximo 10 de marzo. “Vamos a una campaña que centrará su atención sobre este caso. La gente no va a estar evaluando propuestas de los partidos, si no que estará haciendo un juicio en la plaza pública sobre lo que ha podido ocurrir o no. Y eso es un proceso de Torquemada y de la Inquisición. La democracia no puede estar al hervor de inquisiciones, es peligroso”, sostiene.

“La democracia no puede estar al hervor de inquisiciones, es peligroso”

Rui Moreira, alcalde de Oporto

António Costa reconoció hace una semana que se despedía de sus aspiraciones, que todos daban por hecho que pasaban por Bruselas. “Con gran probabilidad no ejerceré nunca más un cargo público”, dijo en una intervención destinada tanto a defender su obligación de captar inversión extranjera como a desmarcarse de los principales implicados en la operación, Vítor Escária y Diogo Lacerda Machado. Pidió perdón por nombrar al primero y aseguró que el segundo no colaboraba desde hacía años con el Gabinete ni tenía “ningún mandato” de su parte “para hacer lo que haya hecho”. Costa incluso le retiró la consideración de “mejor amigo”, aunque la relación entre ambos no había cesado. En abril comieron juntos y hablaron de la familia, la política y las necesidades de viviendas en Sines para recibir a los empleados de Start Campus, la empresa que está en el epicentro de la investigación, según declaró Lacerda al juez.

Su discurso de ese día fue interpretado por Adão Carvalho, presidente del Sindicato de Magistrados del Ministerio Público, como una forma de presión. “Desde hace 20 años siempre que alguna investigación toca a ciertas personas que ejercen cierta función, algunos actores tratan en público de cierta manera de desacreditar la actuación del sistema de justicia”, afirmó en una entrevista a Público y Radio Renascença. En su opinión, Costa debería haber continuado como primer ministro. “Eso es cinismo”, reprobó el presidente de la Asamblea, el socialista Augusto Santos Silva, en una entrevista a la RTP, donde consideró “peligroso” el precedente creado. “En el futuro una parte del Ministerio Público puede determinar el tiempo de los mandatos políticos y el tema de la agenda política”, reprochó.

Los procesos judiciales que van a pasar a la historia de Portugal suelen avanzar con lentitud. El paradigma es la Operación Marqués, que arrancó en 2014 con la detención del ex primer ministro socialista José Sócrates por corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales. La Fiscalía le acusaría de 31 delitos, que el juez instructor limitó a seis. El proceso se ha demorado tanto que algunos delitos están a punto de prescribir. Sería un cierre en falso para un caso que conmocionó a la opinión pública tanto como el actual. Sócrates, que pasó casi 10 meses en prisión preventiva y que abandonó el PS en 2018, arremetió el jueves contra la Fiscalía desde el Diário de Notícias: “La investigación existe desde hace cuatro años y nadie protestó contra ella. Lo que está en cuestión son los motivos para detener, ordenar registros y hacer públicas sospechas que, pudiendo fundamentar la decisión de investigar, no justifican la violencia contra las personas”.

El catedrático de Economía y fundador del Bloco de Esquerda, Francisco Louça, considera que detener a un arguido (sospechoso) mientras espera para declarar ante el juez debería limitarse a los casos en que hay riesgo de fuga. “Haber detenido a José Sócrates cerca de un año me pareció un abuso de libertad, el tribunal dirá si es culpable o no, pero no había razón para presuponer que había un riesgo de fuga. Fue un acto arbitrario de demostración pública y esto también ha ocurrido con alcaldes que no son del Partido Socialista. No hay lectura partidaria en este error del procedimiento”, señala el economista por teléfono. En la Operación Influencer, los cinco detenidos pasaron seis noches en el calabozo y finalmente el juez solo observó peligro de huida en Escária y Lacerda, a quienes retiró el pasaporte, e incluso dejó en libertad al alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, sin imputarle ningún delito. “La normalización de la detención, que tiene un efecto mediático fuerte, una condenación informal de una persona, para escuchar su testimonio me parece un error”, abunda Louça, también crítico con las fugas de información en sumarios que deberían permanecer secretos. Estos días se ha difundido desde el contenido de escuchas hasta cuestiones privadas que nada tienen que ver con la investigación como la posesión de hachís para autoconsumo de algún arguido.

La normalización de la detención, que tiene un efecto mediático fuerte, para escuchar su testimonio me parece un error

Francisco Louça, economista y fundador del Bloco de Esquerda

Louça considera que la procuradora general de la República, Lucília Gago, debería dar algunas explicaciones y que el Tribunal Supremo debería acelerar la investigación sobre el primer ministro, aunque también opina que no habría tenido más salida que dimitir tras la detención de su jefe de gabinete. “El efecto político de este proceso ha sido crear una niebla sobre la sociedad en vísperas de unas elecciones de gran importancia porque Portugal ha sufrido mucho en los últimos dos años”, señala en alusión a las crisis en la sanidad, la educación y la vivienda, sumadas a los vaivenes políticos provocados por 14 dimisiones de ministros y secretarios de Estado en menos de dos años. Paradójicamente, la mayoría absoluta de Costa se volvió más inestable que sus gobiernos en minoría.

“Vale más que los fiscales y los jueces actúen y se equivoquen que se sientan bloqueados por el pavor a investigar”, defendía en un artículo el exdirector de Público Manuel Carvalho. El periodista alertaba sobre algo más: “Por lo que sabemos, o por lo que el juez de instrucción confirma, hay en el Ministerio Público semillas de moralismo que contaminan su interpretación de las leyes penales”. Quizás el comentario más demoledor haya sido el José Pacheco Pereira, historiador y exdiputado del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha): “Si lo que se encuentra en las escuchas telefónicas mereciese prisión, entonces todos los gobernantes y alcaldes desde la consolidación de la democracia, estarían en la cárcel”.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.