El presidente de Portugal convoca elecciones anticipadas el 10 de marzo tras la dimisión de António Costa

Portugal volverá a las urnas dos años después de las elecciones legislativas que le dieron una histórica mayoría absoluta al Partido Socialista en enero de 2022. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció en la noche del jueves en un discurso a la nación que disolverá la Asamblea y convocará nuevos comicios el próximo 10 de marzo, en respuesta a la grave crisis institucional causada por la dimisión del primer ministro, el socialista António Costa, después de que la Fiscalía informase de que será investigado por el Tribunal Supremo para determinar si cometió algún delito en el impulso de varios proyectos energéticos.

Rebelo de Sousa declaró que habría preferido acortar el tiempo hasta la próxima cita electoral, pero que había tenido en cuenta la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 para no frenar la marcha del país y “el proceso de sustitución de liderazgo en el partido de Gobierno”. Aunque el Consejo de Estado se había dividido respecto a la solución final y casi la mitad de sus miembros defendió el nombramiento de un primer ministro sustituto, el jefe de Estado explicó en su discurso que desechó esta opción por su fragilidad. Las elecciones, destacó, proporcionarán “claridad y rumbo para superar un vacío inesperado que ha sorprendido a los portugueses habituados a ocho años de gobierno”. “Y esta es la forma de la democracia, no tener miedo al pueblo”, agregó.

El presidente portugués alabó también al primer ministro por su gestión en momentos difíciles como la pandemia o la guerra de Ucrania, así como su dimisión y su ofrecimiento para permanecer en el cargo de forma interina el tiempo necesario. Rebelo de Sousa pidió a la justicia que clarifique las sospechas sobre el primer ministro “más pronto que tarde”, en una crítica velada a la lentitud de los procesos sobre corrupción que se desarrollan en el país.

En la Operación Influencer, que incluyó registros en la residencia oficial del primer ministro del Palacio de São Bento y la detención de su jefe de gabinete, Vítor Escária, y su amigo Diogo Lacerda Machado, la Fiscalía ha apreciado delitos de prevaricación, corrupción y tráfico de influencias para sacar adelante dos minas de litio en Montalegre y Covas do Barroso, un gigantesco complejo de datos digitales en Sines y un proyecto de hidrógeno verde, que finalmente acabaría frustrado.

Los socialistas portugueses se quedaron solos en su rechazo a las elecciones anticipadas como salida a esta crisis. Carlos César, presidente del Partido Socialista, había defendido en su audiencia con el presidente Rebelo de Sousa el nombramiento de un nuevo primer ministro para acabar con la incertidumbre política y, al tiempo, evitar meses de inacción gubernamental que podrían dañar la economía del país. “El PS considera que tiene soluciones que puede presentar al presidente para dirigir un nuevo Gobierno”, sostuvo César en su reunión del miércoles. Entre los nombres propuestos por el PS para sustituir a Costa como primer ministro figuraban el del actual gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno; el presidente de la Asamblea, Augusto Santos Silva, o el ex director general de la Organización para las Migraciones, António Vitorino.

Tiempo para los Presupuestos

El resto de partidos, con diferentes grados de entusiasmo, habían defendido la convocatoria de elecciones como la mejor vía para zanjar la crisis. Incluso el Partido Comunista, más reticente en un primer momento, acabó apostando por ellas en su reunión con el jefe del Estado. Tras el anuncio del presidente de la República de convocarlas, la mayoría mostró su respaldo. Luís Montenegro, líder del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), que ahora afronta un inesperado escenario favorable, consideró “inevitable” devolver “la palabra” a los portugueses.

Aunque algunas formaciones tienen más prisa que otras por llegar a las urnas, casi todas se habían mostrado dispuestas a dar tiempo para que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2024 en el pleno del 29 de noviembre, antes de que se disuelva la Asamblea y que los socialistas puedan armar un liderazgo alternativo al del político que lo ha sido todo en la última década. “Más vale tener un mal Presupuesto que ninguno”, dijo Montenegro.

Poco después del anuncio del presidente de la República, el Partido Socialista tenía previsto reunir a su comisión política para poner en marcha el proceso de sucesión de Costa en la secretaría general, donde ha permanecido cerca de una década. Costa se impuso en unas primarias al líder de entonces, António José Seguro, al que afeó su parca victoria en unas elecciones europeas en 2014 en la misma noche electoral. El entonces alcalde de Lisboa recibió más del 67% de los votos frente al 31% de su rival y apuntaló un liderazgo interno en el partido que alcanzó su cénit con la mayoría absoluta que conquistó en enero de 2022. De ahí que su caída en desgracia haya noqueado a la organización, que trata ahora de acelerar el proceso para designar un sucesor.

El exministro de Infraestructuras Pedro Nuno Santos, que en el último año ha protagonizado un asombroso episodio de caída en desgracia y rehabilitación política, podría anunciar su candidatura en los próximos días. Nuno Santos dimitió hace un año después de conocerse la indemnización de medio millón de euros pagada a una administradora despedida de la aerolínea pública TAP que poco después fue fichada para otra empresa pública. La indemnización fue declarada ilegal.

A raíz de aquel caso se creó en la Asamblea de la República una comisión de investigación, solicitada por el Bloco de Esquerda y bendecida por Costa, que no pudo imaginar el vendaval político que desataría sobre el sucesor de Nuno Santos en Infraestructuras, João Galamba, uno de los arguidos (sospechosos oficiales) en la Operación Influencer. Aunque nada tenía que ver con la indemnización millonaria, la gestión que Galamba realizó sobre su relación con la comisión parlamentaria acabaría derivando en el despido de uno de sus asesores, que le acusó de haberle amenazado con unos puñetazos y que recibió la visita de un agente de los servicios secretos para recuperar un portátil oficial. El primer ministro rechazó la dimisión de Galamba tras estos sucesos, contra la opinión del presidente de la República. Supuso la ruptura del cordial tándem institucional que habían protagonizado durante años Rebelo de Sousa y Costa, a pesar de pertenecer a familias políticas distintas.

Si la comparecencia de Galamba en la comisión no sirvió para rehacer su imagen, la de Pedro Nuno Santos cautivó incluso a los críticos del socialismo. “No sorprende que al PS le guste tanto; por debajo de António Costa, nadie le llega a los talones en términos de carisma”, escribió entonces el periodista João Miguel Tavares en Público. Lo cierto es que salió de la comparecencia con más capital político del que tenía al entrar. La prensa da por hecho que dará un paso al frente en los próximos días.

Su rival podría ser el ministro del Interior, José Luis Carneiro, uno de los mejor valorados del actual gabinete de Costa. No le ha salpicado ninguno de los múltiples escándalos que han afectado a diferentes departamentos del Gobierno y se le considera eficiente. En declaraciones a la agencia Lusa, Carneiro confesó este jueves que todavía no había tomado la decisión definitiva, aunque había recibido la sugerencia para hacerlo de muchos militantes. Carneiro encajaría más con el ala centrista del Partido Socialista, mientras que a Nuno Santos se le considera más izquierdista. Él fue uno de los muñidores de la geringonça [alianza parlamentaria de la izquierda que le dio el gobierno al PS tras una moción de censura] en la primera legislatura de Costa.

Este jueves aumentó la lista de arguidos en el caso. Al ministro Galamba y el presidente de la Agencia de Medio Ambiente, Nuno Lacasta, se ha sumado el ex secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros, João Tiago Silveira, socio desde 2017 de la firma de abogados Morais Leitão, donde coordinaba el área de derecho público, urbanismo y medio ambiente. A este bufete también pertenecía como socio desde 2021 uno de los detenidos en la Operación Influencer, Rui Oliveira Neves, administrador de la sociedad Start Campus, que promueve un gran complejo de datos digitales en Sines alimentado por energías renovables y que fue declarado de Potencial Interés Nacional en 2021. El abogado Diogo Lacerda Machado había sido fichado por los promotores de este proyecto para impulsarlo ante la Administración lusa.

Costa presidió este jueves un Consejo de Ministros que aprobó el salario mínimo para 2024. Además, destituyó a Vítor Escária, detenido desde el martes, como jefe de gabinete.

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