La investigación parlamentaria sobre la aerolínea TAP acorrala al Gobierno socialista en Portugal

El primer ministro portugués, António Costa, dio luz verde en febrero a la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de la aerolínea de bandera TAP con el mandato de aclarar todas las irregularidades “caiga quien caiga” y “le duela a quien le duela”, según sus palabras de entonces. Quizás no esperaba que por el camino pudiesen resbalar tantos miembros del Gobierno. Es tal la tormenta que el propio presidente del Partido Socialista, Carlos César, ha sugerido a Costa que acometa una remodelación ministerial para salir del actual atolladero, y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha recordado su prerrogativa constitucional para disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones anticipadas en situaciones de crisis. Una salida que jalea el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), que ve como una oportunidad electoral esta coyuntura en la que los socialistas se están desplomando en las encuestas con solo un año de gobierno.

La investigación de la aerolínea afecta tanto a su gestión privada, cuando estaba en manos del empresario David Neeleman, como pública, desde que se nacionalizó al 100% en 2021 para evitar su quiebra. Para salvarla el Estado inyectó 3.200 millones de euros y diseñó un plan de reestructuración aprobado por Bruselas, cuyo contenido ha permanecido de momento en secreto. En pleno vendaval de escándalos políticos, que incluye el despido de la presidenta ejecutiva, Christine Ourmières-Widener, justo cuando la aerolínea ha comenzado a dar beneficios, el Gobierno ha encargado dos evaluaciones independientes sobre la compañía para volver a privatizarla parcialmente este año. Estos son algunos de los episodios más controvertidos.

Una indemnización ilegal. A finales del año pasado dimitió el anterior ministro de Infraestructuras y principal aspirante a la sucesión de Costa en el Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ya que había permitido indemnizar con medio millón de euros a la anterior administradora de la empresa, Alexandra Reis, para que abandonase la aerolínea por sus discrepancias con la presidenta ejecutiva, Christine Ourmières-Widener, y la había recuperado para nuevos cargos públicos pocos meses después. La imagen de Nuno Santos quedó muy dañada cuando reconoció, ya como exministro, que había autorizado el pago a Reis (después de revisar sus whatsapps) pese a que al principio lo había negado. Tras una investigación fiscal, que consideró ilegal la indemnización a Reis, que se ofreció a devolver todo el dinero que no le correspondía (casi 450.000 euros), comenzaron a aflorar pagos anteriores, igual de dudosos y más abultados, como un acuerdo de prejubilación de otro administrador por 1,35 millones de euros.

El asesor contra su ministro. Frederico Pinheiro, que hasta el pasado miércoles había asesorado sobre la gestión de la TAP al ministro de Infraestructuras actual, João Galamba, y al anterior, Pedro Nuno Santos, que le nombró en 2019, se presentó en el ministerio para recoger el portátil oficial con el que había trabajado estos años. El ministro le había despedido por teléfono horas antes, después de que Pinheiro le acusase de intentar mentir y ocultar información a la comisión de investigación sobre la existencia de reuniones con la CEO de TAP, Christine Ourmières-Widener, para preparar sus respuestas sobre el despido y la indemnización de Alexandra Reis que se abordó en la comisión parlamentaria de Economía. En una comparecencia el sábado, Galamba acusó a su antiguo asesor de llevarse el ordenador “recurriendo a la violencia ante la jefa de gabinete y una asesora que lo intentaron impedir”. Tras la denuncia del robo, el portátil es recuperado en una operación en la que incluso participó el Servicio de Información y Seguridad. Desde entonces, según el ministro, está custodiado en el Centro de Gestión de la Red Informática del Gobierno, donde está a la espera del rastreo policial. El asesor, por su parte, afirma que devolvió voluntariamente el portátil.

Preguntas y respuestas ensayadas para el Parlamento. El viernes 28 de abril el asesor despedido acusó al ministro de Infraestructuras, João Galamba, de haber tenido una reunión el 16 de enero con la presidenta ejecutiva de TAP, Christine Ourmières-Widener, que mantuvo en secreto con el objetivo de “articular” la información que daría la gestora sobre la indemnización de Alexandra Reis en una comparecencia parlamentaria fijada para el día 18. Fue el propio ministro, además, el que informó a la CEO de TAP de que al día siguiente se celebraría una reunión para preparar la comparecencia. Según la versión del exasesor Frederico Pinheiro, se pactaron preguntas y respuestas entre la presidenta de TAP y los parlamentarios socialistas. Las notas que Pinheiro tomó de estos encuentros son parte de la controversia. El asesor sostiene que el ministro trató de ocultarlas a la comisión de investigación, mientras que Galamba afirma que tuvieron que insistir y presionar al adjunto para que las aportase. Estos apuntes están ya en manos de la comisión de investigación.

El peligroso informe jurídico que no existe. El Gobierno despidió el 7 de marzo a la presidenta ejecutiva de TAP, Christine Ourmières-Widener, y al presidente del consejo de administración, Manuel Beja, después de que se difundiese el informe de la Inspección General de Finanzas, que declaraba ilegal la indemnización de medio millón de euros a Reis. Los ministros de Finanzas e Infraestructuras, Fernando Medina y João Galamba, anunciaron la decisión conjuntamente por “justa causa”. Cuando el PSD solicitó en la comisión de investigación el informe jurídico que avalaba el despido, tres ministerios (Finanzas, Infraestructuras y Presidencia) respondieron el 19 de abril que la petición excedía el periodo que debía ser investigado en la TAP (de 2020 a 2022). También la ministra de Asuntos Parlamentarios, Ana Catarina Mendes, justificó en una nota el rechazo porque la “divulgación supone riesgos para la defensa jurídica de la posición del Estado”. Dos días después el ministro Fernando Medina reconocía en el Parlamento que no existía ningún informe jurídico específico sobre el despido de la gestora francesa de la TAP. La ministra de Presidencia, Mariana Vieira da Silva, minimizó el asunto como una controversia por “cuestiones semánticas”.

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