TAP vuela de la crisis económica a la crisis de reputación

Los peores enemigos de la aerolínea portuguesa TAP no podrían haber diseñado mejor campaña para dañarla. Ni los mejores amigos que aspiran a comprarla en la nueva privatización que proyecta el Gobierno portugués, único accionista de la empresa, podrían haber soñado con un ambiente tan inestable para tratar de rebajar su precio. Lo cierto es que en los últimos meses, al tiempo que TAP vuelve a dar beneficios tras cinco años de pérdidas, se suceden los sobresaltos. De la crisis económica se ha pasado a una profunda crisis de reputación. El resumen más crudo de lo que vive la empresa en los últimos tiempos lo hizo el presidente de Ryanair, Michael O’Leary, que ambiciona parte de su cuota de mercado en el aeropuerto de Lisboa: “TAP ya se destruye a sí misma”.

A última hora del lunes, el Gobierno destituyó a la francesa Christine Ourmières-Widener como presidenta ejecutiva —que ha sido sustituida por el actual presidente de la aerolínea de Azores SATA, Luís Manuel de Silva Rodrigues— y al portugués Manuel Beja como presidente del consejo de administración. Sus despidos no afectarán al proceso de privatización, según el primer ministro, António Costa, que justificó los ceses porque estaba en cuestión “la relación de confianza de los contribuyentes con la empresa”.

Ourmières-Widener y Beja habían sido nombrados en 2021 para pilotar el plan de restructuración exigido por la Comisión Europea para autorizar la inyección de 3.200 millones de euros de ayudas públicas para salvarla de la quiebra. Sus ceses están relacionados con el origen de la actual crisis: la salida de la aerolínea de la administradora Alexandra Reis con una indemnización de medio millón de euros. El escándalo fue mayúsculo cuando la pasada Nochebuena el Correio da Manhã desveló que Reis percibió la compensación por su marcha de la empresa en febrero de 2022 y que, pocos meses después, asumió nuevos cargos públicos. Primero fue nombrada presidenta ejecutiva de la empresa Navegación Aérea de Portugal y, más tarde, fue designada secretaria de Estado del Tesoro.

Un informe de la Inspección General de Finanzas, presentado este lunes por los ministros de Finanzas e Infraestructuras, Fernando Medina y João Galamba, concluye que la indemnización entregada fue irregular en su mayor parte y reclama la devolución de 450.000 euros. Alexandra Reis ha anunciado que reembolsará la cantidad a la aerolínea a pesar de su desacuerdo: “Aunque discrepo del parecer de la Inspección General de Finanzas y nada me obligue, por voluntad propia devolveré la cantidad que indican”.

Este asunto ha causado la principal crisis política del Gobierno de António Costa en su primer año de mandato desde que logró la mayoría absoluta en enero de 2022. La indemnización a Reis provocó la dimisión del ministro de Infraestructuras y Vivienda, Pedro Nuno Santos, a finales de diciembre. Nuno Santos renunció por responsabilidad política, aunque aseguró que desconocía el asunto de la indemnización. Semanas después hizo memoria y explicó que había encontrado un wasap donde autorizaba el pago del medio millón a Alexandra Reis. Su figura ha quedado tocada en la carrera por la sucesión del actual primer ministro, un asunto que ha planeado sobre toda esta crisis que ha salpicado, en distinto grado, a los dos candidatos que siempre suenan como recambio probable, el ex ministro Pedro Nuno Santos y el titular de Finanzas, Fernando Medina.

Mientras Medina ha dado un paso al frente con la destitución de la cúpula de TAP por las supuestas irregularidades en la negociación de la indemnización a Alexandra Reis, el ex ministro Nuno Santos ha dado un paso atrás de la vida política, aunque todavía tendrá que participar en nuevos capítulos espinosos relacionados con la TAP. Él será uno de los citados por la comisión de investigación sobre la empresa, creada en la Asamblea de la República por iniciativa del Bloco de Esquerda que, pese a su presencia minoritaria, logró el respaldo socialista para analizar la gestión política en la aerolínea en los últimos años.

El caso Reis no es el único polémico. En cuestión está la operación de compra de aviones a Airbus durante la etapa del empresario David Neeleman, dueño de las líneas aéreas Azul, como hombre fuerte de la aerolínea lusa. Neeleman llegó a un acuerdo con Airbus para alterar un pedido de compra de aviones, que le habría reportado 227 millones de dólares (212 millones de euros), utilizados para entrar como accionista principal en 2015. Esta ingeniería financiera que habría permitido al empresario hacerse con TAP sin tener que aportar dinero de su bolsillo ha salido a la luz recientemente, al igual que se investiga si la aerolínea lusa está pagando un sobreprecio por el alquiler financiero de 53 aviones nuevos a Airbus.

En paralelo el Gobierno avanza hacia la reprivatización de TAP este año. Aunque aún no se ha concretado oficialmente si se venderá total o parcialmente, está clara la voluntad de deshacerse del control público de la compañía, que prevé cerrar 2022 con beneficios tras un lustro de pérdidas. Los potenciales compradores son la alemana Lufthansa, el grupo franconeerlandés Air France-KLM y el liderado por British Airways e Iberia (IAG). Este último es el peor visto por el Gobierno luso, que temen que el hub de Lisboa desaparezca para reforzar Barajas, en Madrid. Sería la segunda privatización de la aerolínea en su historia tras la decidida en 2015 por un Gobierno de centroderecha, que se revirtió poco después cuando llegó al poder el socialista Costa. Entre 2015 y 2020, la empresa estuvo en manos de Neeleman y del Estado portugués, que finalmente se hizo con el control total cuando la aerolínea se hundió con la pandemia.

La reestructuración puesta en marcha en los últimos meses ha supuesto reducciones de personales y cortes salariales drásticos a la plantilla, lo que ha desembocado en una periódica conflictividad laboral y convocatoria de huelgas. Pese a ello, el lucro operacional de septiembre fue de 145 millones de euros y se prevén resultados positivos de 2022.

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