Las amistades peligrosas que hundieron a António Costa

António Costa dio el martes una lección de ética política. El primer ministro portugués tardó minutos en subirse al coche oficial para correr a presentar su dimisión ante el presidente de la República en cuanto se divulgó una nota de prensa de la Fiscalía donde anunciaban que iba a ser investigado por el Tribunal Supremo. Costa indicó que no sabía de qué le acusaban pero consideró que la dignidad de su cargo estaba en entredicho si no presentaba su renuncia. La operación judicial ha dejado temblando la política lusa tras la detención de dos personas de su círculo más cercano, su jefe de Gabinete, Vítor Escária, y su amigo Diogo Lacerda Machado por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y corrupción en cuatro proyectos energéticos. Hay otras tres personas detenidas. Y también han sido imputado el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente de la Agencia de Medio Ambiente, Nuno Lacasta.

Lo llamativo de Costa es que no ha aplicado la misma exigencia ética a las personas que le han rodeado. Y esta relajación respecto a los suyos ha acabado costándole el puesto. Las alarmas sobre los negocios de su íntimo amigo Diogo Lacerda Machado saltaron casi desde el principio. La relación entre ambos, iniciada en sus días de estudiantes de Derecho en Lisboa, ha sido tan estrecha que António Costa le llevó de padrino de boda. Igual de cerca ha querido tenerle desde que se convirtió en jefe del Gobierno.

Tras ser nombrado primer ministro en 2015, Costa recurrió a Lacerda Machado para negociar la reversión de la privatización de la aerolínea TAP, entonces en manos de un consorcio liderado por David Neeleman, dueño de la aerolínea Azul. En diciembre de ese año, el ministro encargado de la aerolínea presentó a los propietarios de TAP su equipo negociador: dos secretarios de Estado y Diogo Lacerda. Dos años después el primer ministro le nombrará administrador de la aerolínea, cuando la mayoría del capital ya está de nuevo en manos públicas.

Costa también le encarga gestionar el conflicto con los damnificados por el hundimiento del Banco Espírito Santo y la disputa en el BPI entre la angoleña Isabel dos Santos y CaixaBank. Estas intermediaciones se realizaban sin ningún tipo de nombramiento o contratación de la administración pública (”demasiada relajación”, lamentaría António Vitorino, el socialista que dirigió la Organización Internacional de Migraciones) y acabaron generando tanta controversia que Costa decidió contratar a su amigo por 2.000 euros al mes.

Diogo Lacerda Machado, que nunca se afilió al Partido Socialista, había trabajado en el equipo de António Costa en su etapa de ministro de Justicia durante el mandato de António Guterres como primer ministro. A partir de 2002 se dedicó a negocios privados como administrador de firmas vinculadas a la banca, la energía y las aerolíneas. Cuando Costa se convirtió en primer ministro, su amigo se convirtió en una presencia constante que parecía estar más a gusto en la trastienda que en cargos públicos.

Pieza codiciada para inversores

En los últimos años el abogado se volcó en su actividad privada. Su cercanía al primer ministro y a su entorno le convirtió en una pieza codiciada para inversores con prisa. En el caso que le ha llevado a dormir ya dos noches en un calabozo, Diogo Lacerda habría sido el corruptor del jefe de Gabinete de António Costa, Vítor Escária, según el diario Público.

Lacerda fue contratado en 2021 por el fondo de inversión británico Pioneer Point Partners, que promovía junto a otra sociedad estadounidense la construcción de un gran centro de almacenamiento de datos digitales en Sines, conocido como Start Campus. El proyecto, que preveía una inversión de 3.500 millones de euros para construir nueve edificios alimentados con energías renovables, logró en 2022, un año después del fichaje del amigo de Costa, la clasificación como iniciativa de Potencial Interés Nacional. El abogado fue contratado para “aprovechar su relación de amistad cercana con el primer ministro y su relación de proximidad a Vítor Escária”, según fuentes de la Fiscalía citadas por Expresso.

Pero también la elección de Escária como jefe de Gabinete mostraba la relajación de Costa respecto a su círculo. Vítor Escária había tenido que dimitir en 2017 cuando era asesor económico del primer ministro por el Galpgate, un escándalo causado por el obsequio de viajes y entradas pagadas por la empresa Galp a políticos para asistir a la Eurocopa de 2016 en Francia. Escária y su mujer habían sido dos de los beneficiados. Esto no frenó a Costa para, en 2020, proponerle como jefe de Gabinete.

Otro fichaje polémico del primer ministro fue el de Miguel Alves como secretario de Estado adjunto, donde apenas permaneció 55 días, tras ser acusado de prevaricación durante su etapa de alcalde de Caminha. Alves había adelantado 300.000 euros a un empresario de historial dudoso para construir un centro de exposiciones que no existe. Este fue uno de los escándalos que lastraron el primer año de la mayoría absoluta de António Costa. En nueve meses salieron del Gobierno 11 secretarios de Estado, la mayoría por supuestas irregularidades o conflictos de intereses. El primer ministro trató de minimizar muchos de ellos como una acumulación de “casinhos” y les defendió a veces más allá de lo considerado razonable por el presidente de la República, como ocurrió durante el escándalo de João Galamba, el ministro de Infraestructuras que Costa defendió con vehemencia a pesar de los acontecimientos delirantes vividos en su ministerio, que incluyeron amenazas, robos y la actuación de los servicios secretos.

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