Convulsión en Portugal

La dimisión este martes del primer ministro portugués, el socialista António Costa, investigado en un escándalo de corrupción, supone un terremoto político en un país de la Unión Europea que en los últimos años se había convertido en un ejemplo de normalidad institucional y estabilidad democrática. Costa, quien defiende su inocencia y ha expresado su voluntad de colaborar plenamente con la justicia, presentó al presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, su dimisión del cargo y le avanzó su renuncia a ser candidato en las probables nuevas elecciones adelantadas. En los comicios del año pasado, Costa obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento. Se abre así, inesperadamente, un periodo de incertidumbre política en un importante socio estratégico de España.

El dimisionario primer ministro luso, en el cargo desde 2015, está siendo investigado en el curso de un sumario abierto por corrupción, tráfico de influencias y prevaricación en proyectos relacionados con la transición energética. La policía realizó este martes decenas de registros y detuvo a cinco personas, entre ellas el jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, y el empresario Diogo Lacerda Machado, miembro del círculo íntimo del líder socialista, quien le confió en el pasado además uno de los proyectos estrella de su Gobierno: la nacionalización de TAP, la línea aérea de bandera portuguesa.

Pero lo que precipitó la salida de Costa fue la confirmación de que el Tribunal Supremo ha abierto una investigación separada para determinar su papel en la concesión de dos explotaciones de litio en las localidades de Montalegre y Covas do Barroso, así como de un proyecto de producción de hidrógeno verde en Sines.

Aunque se trata de un escándalo político de primer orden, conviene destacar dos circunstancias. En primer lugar, la actitud de Costa, quien, pese a disponer de un amplio respaldo parlamentario, ha dimitido consciente del daño que permanecer en el cargo durante el proceso judicial podría causar a las instituciones y a la gobernabilidad del país. Y, en segundo lugar, la independencia del poder judicial portugués, que está realizando su labor sin detenerse en el rango de las personas investigadas. A todo ello se une el papel moderador del presidente de la República, quien, tras aceptar la dimisión del primer ministro, ha convocado para este miércoles a todos los partidos políticos con presencia en la Asamblea de la República y para el jueves, al Consejo de Estado. Solo después de hablar con todos se dirigirá a la nación, previsiblemente para convocar elecciones. El mensaje a los ciudadanos portugueses es, pues, que las instituciones del país funcionan y están preparadas para afrontar esta crisis.